Urge incorporar materias del nuevo sistema de justicia penal a planes de estudio: Magaña de la Mora

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Morelia, Mich.- Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, hizo un llamado urgente a las universidades del estado para que, en las facultades y escuelas de Derecho, incorporen materias sobre el nuevo sistema de justicia penal.

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En el marco de la fase regional con sede en Tlaxcala, del Segundo Concurso Nacional Universitario de Litigación Oral, organizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), y en el que participa un equipo michoacano de estudiantes, Magaña de la Mora señaló que para lograr una implementación exitosa del Nuevo sistema de justicita penal, se necesita de la participación de todos los sectores de la sociedad, y “en el caso de los estudiantes de Derecho, esta participación es primordial, puesto que son los futuros operadores del sistema”.

Por ello, hay una urgente necesidad de modificar los planes de estudio e incorporar materias como técnicas de litigación oral, argumentación e interpretación jurídica, atribuciones de nuevas figuras administrativas y operativas, etapas del proceso penal y medios alternativos de solución de controversias. Así, “contribuirán a un formación completa del estudiante, para que la sociedad tenga la certeza de que cuentan con los elementos suficientes para desarrollar su labor y que están a la altura de los retos”, comentó el magistrado presidente.

“Estamos a menos de cinco meses de que entre en vigor esta nueva forma de impartir justicia, será el 7 de marzo de 2015 cuando lo veamos nacer en Morelia y Zitácuaro, por lo que las instituciones involucradas están haciendo lo propio, capacitando, adecuando y construyendo espacios, se está avanzando en la normatividad necesaria, y se difunde entre la ciudadanía los beneficios que traerá el nuevo sistema”.

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Sobre esto último, cabe recordar que el nuevo sistema de justicia penal es más garante de los derechos humanos de la víctima u ofendido y del imputado en todas las etapas del proceso; se eleva el principio de presunción de inocencia; y en él se privilegian los acuerdos reparatorios entre las partes a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales permiten reconstruir el tejido social.