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Foto Archivo. De mantenerse vigente un fallo emitido por una corte de apelaciones en agosto, los indocumentados no podrán apelar órdenes de deportación y perderán su derecho de permanencia en Estados Unidos.

Batalla de madres decidirá futuro de miles de indocumentados

9 de septiembre, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Agencias.- La protesta que lleva a cabo un grupo de madres inmigrantes centroamericanas en el centro de detención de Berks, Pennsylvania, va más allá del reclamo para que sean liberadas. Decidirá el futuro inmediato de miles de indocumentados que llegaron al país, pidieron asilo y recibieron una orden de deportación después de la entrevista de miedo creíble.

El pasado 29 de agosto un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 3er Circuito rechazó una demanda interpuesta, a finales de noviembre, por 28 mujeres que buscan asilo y no pasaron las primeras entrevistas.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda a nombre del grupo ( caso Castro vs Department Homeland Security -DHS-) argumentando que las audiencias originales de “temor creíble” fueron incorrectas.

Tras revisar la demanda, la corte resolvió que las inmigrantes, debido a que habían sido detenidas horas después de haber cruzado “subrepticiamente” la frontera, no tenían derecho a demandar las órdenes de deportación.

La ACLU dice que si la decisión se mantiene, será la primera vez en la historia que personas dentro del territorio de Estados Unidos no podrán apelar sus casos de deportación.

“Nosotros vamos a apelar esta decisión extrema, la cual es contraria a siglos de casos de la Corte Suprema que dicen que las personas que no son ciudadanos pero que están presentes en los Estados Unidos, tienen el derecho de ir a una corte para disputar su deportación”, dijo a Univision Noticias Lee Gelernt, subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de la ACLU-Pennsylvania.

Las 28 demandantes son madres de familia y permanecen privadas de libertad en el centro familiar de detención de ICE en Berks, Pennsylvania, situado a unas 70 millas de Filadelfia. Las acompañan sus hijos de entre 2 y 16 años de edad. Advierten que si son deportadas pueden ser asesinbadas en sus países de origen.

Recurso de revisión

ACLU pedirá al tribunal que escuche nuevamente el caso, pero esta vez la corte en su totalidad. Si bien no hay fecha para entregar el recurso, una fuente enterrada del caso dijo que “será pronto”.

El grupo de derechos civiles ha dicho que la apelación evitará sentar un precedente nefasto que puede afectar el futuro inmediato de miles de indocumentados. El privar a un extranjero el derecho de apelar una deportación puede llevar a la pérdida del derecho de permanencia en EEUU.

Es “absolutamente” necesario presentar el recurso, dijo la fuente, y calificó el dictamen del tribunal como “dramático”.

Las apelaciones en las cortes de Circuito son escuchadas por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones, como ocurrió con el caso Castro vs DHS. El reglamento establece que en casos excepcionales, las decisiones pueden ser revisadas por todos los jueces del Circuito.

La ACLU dijo que esta vez se trata de un caso de excepción.

De aceptar el recurso, el tribunal escuchará los argumentos orales de los abogados del DHS y de la ACLU, y luego emitirá un fallo.

“Esto tiene mérito”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, refiriéndose a la demanda entablada por la ACLU en noviembre del año pasado. “Lo que está en juego es el debido proceso, la manera en que se llevaron a cabo las entrevistas para determinar que estas personas no tenían miedo creíble en sus casos de asilo”.

“El proceso que se tiene que seguir en estos casos no fue correcto y por lo tanto no pueden deportar a estas personas”, agregó. “La solución está en que se repitan las entrevistas, transparentar el proceso de asilo para no perjudicar los derechos de estas personas que llegaron a la frontera en busca de refugio”.

Huelga de hambre

El dictamen de la Corte de Apelaciones del 3er Circuito se conoció el último día de un ayuno que llevaban a cabo 18 de las 28 mujeres de la demanda, junto a otras cuatro internas -también indocumentadas- que pidieron asilo y sus casos están pendientes en los tribunales.

La protesta fue la continuación de una huelga de hambre que arrancó el 8 de agosto y suspendieron dos semanas más tarde por miedo a perder la custodia de sus hijos.

“Entonces decidimos dejar de comer nuevamente y beber solo líquido”, dice Rosa, una de las inmigrantes que pidió mantener su nombre en reserva. Asegura que no abandonarán la huelga hasta que las dejen en libertad y puedan hablar con un juez de inmigración. “Para explicarle por qué no podemos regresar a nuestros países”.

La huelga de hambre la planificaron luego de conocer declaraciones del Secretario del DHS Jeh Johnson, quien en julio aseguró que los inmigrantes centroamericanos que piden asilo, en promedio, permanecen 20 días en un centro de detención.

“Algunas llevamos casi un año”, dice Rosa. “Lo que dijo el señor Johnson no era verdad”.

La respuesta de ICE

Desde que arrancó la huelga ICE ha dicho que “toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de las personas en sus centros de detención”, y que siguen de cerca la “situación” en el centro de detención.

“Los residentes en Berks tienen acceso a comidas que se sirven tres veces al día en la cafetería, también a bocadillos y otros alimentos”, dijo Khaalid Walls, vocero de ICE en un correo electrónico.

La agencia agregó que mantiene controles permanentes de los internos en huelga y que “respeta plenamente los derechos de todas las personas a expresar sus opiniones, sin interferencias”.

En otro correo, Walls dijo que la agencia revisa todas las acusaciones de maltrato referidas por las internas en huelga de hambre, quienes han protestado por las condiciones de encierro que califican de severas.

Crecen los temores

El diario The New York Times, citando a expertos legales, dijo que el fallo de la corte de apelaciones violó el hábeas corpus, el derecho constitucional básico para impugnar la legalidad de la prisión o detención.

Este derecho sólo ha sido suspendido en tiempos de rebelión o invasión. Si el dictamen no es revertido y queda intacto, agrega, va a ser la primera vez en la historia de este país que los no ciudadanos que entran en Estados Unidos y que están en suelo estadounidense no van a tener la oportunidad de hábeas corpus para desafiar sus órdenes de deportación.

“Fue diseñado exactamente para proteger a los extranjeros”, dijo al periódico Eric M. Freedman, profesor de la Facultad de Derecho de Hofstra que se especializa en el derecho constitucional.

María, otra de las integrantes del grupo de madres de Berks, reiteró que “no somos criminales, venimos huyendo de nuestro país para salvar la vida de nuestros hijos. No somos delincuentes”.

El gobierno de Obama no ha aclarado por qué una parte de los centroamericanos que ha detenido en la frontera desde 2014 permanece detenido y otros no.

“Hay una gran falta en la coherencia de la política de detención del gobierno”, dice Bárbara Hines, Emerson Senior Fellow y profesora adjunta retirada de la escuela de leyes de la Universidad de Texas. “Desde hace más dos años la administración ha encarcelado a las madres e hijos sin considerar las graves consecuencias y el efecto dañino de la detención. Igual, muchas madres con hijos no son detenidos. No se sabe el criterio para decidir quiénes son detenidos y quiénes no. Pienso que no se debe detener a ninguna familia que solicite el asilo, porque hay alternativas mas eficaces y menos costosas”.

Niños migrantes en el centro de detención familiar de ICE en el condado…

Niños migrantes en el centro de detención familiar de ICE en el condado Berks, Pennsylvania, durante una protesta para que cierren las instalaciones. Univision/JUNTOS

La oleada no se detiene

La huelga de hambre de las madres de Berks inquieta a la Administración Obama y su política hacia los migrantes del denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que siguen cruzando la frontera con México para pedir asilo.

En agosto la Patrulla Fronteriza reportó que el arresto de familias inmigrantes en la frontera Estados Unidos-México aumentó en julio al igual que el número de menores no acompañados.

Durante ese mes fueron detenidas 7,574 unidades familiares (menores acompañados por un adulto), un 14% más que los 6,627 detenidos en junio. Mientras, el número de menores no acompañados arrestados durante el mismo período fue de 5,068, un 6% más que los registrados en junio cuando fueron detenidos 4,771.

En los 10 primeros meses del año fiscal 2016 la Patrulla Fronteriza detuvo 58,720 unidades familiares frente a las 29,406 del año pasado en el mismo período, lo que equivale a un 99% de aumento. En cuanto al total de niños no acompañados detenidos en los 10 primeros meses del año fiscal 2016, el reporte señala que la cifra alcanzó los 48,311, frente a los 30,847 del año fiscal 2015, un incremento del 56%.

Los centros de detención familiares, como el de Berks, comenzaron a funcionar en 2014 con la idea de disuadir a otros de venir a Estados Unidos en busca de asilo.

En junio la Corte de Apelaciones del 9o Circuito exigió la liberación inmediata de menores de edad y dijo que el gobierno estaba violando un acuerdo de 1997 conocido como Flores vs Meese. El DHS apeló la sentencia y argumentó que la liberación alentaría la migración de centroamericanos.

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