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Foto: Agencias. Dreamers piden cancelar programa que convierte a policías locales en agentes de inmigración

Dreamers piden evitar que policías sean agentes de inmigración

15 de marzo, 2016

admin/La Voz de Michoacán

Condado Harris, Texas.- Un polémico programa federal que convierte a los policías locales en agentes del servicio de inmigración siembra el miedo en el condado Harris, el más grande de Texas y donde cada mes de deportan unos 300 inmigrantes.

Conocido como 287(g), el plan fue activado en el 2003 en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Washington, Nueva York y Pensilvania, que dejaron casi 3,000 muertos.

El programa se renueva periódicamente dependiendo del tipo de acuerdo alcanzado entre la agencia de policía local y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés).

La última renovación

Un grupo de soñadores de la organización United We Dream basado en el condado de Harris, advirtió que la decisión de renovar o no el contrato se encuentra “en manos del alguacil Ron Hickman”, a quien le solicitaron no hacerlo.

El condado de Harris participa el programa desde 2008 y renovó el acuerdo en el 2010, cuando la oficina del alguacil se encontraba bajo el mando de Adrián García, el primer alguacil hispano de este condado donde viven unos 4,3 millones de habitantes.

Semana contra el 287(g)

El acuerdo vigente vence el 30 de junio. Los dreamers le recordaron el domingo al alguacil Hickman, durante una protesta pacífica frente a la iglesia a la que asiste, que puede poner fin al contrato con el gobierno federal en cualquier momento.

La manifestación forma parte de la “Semana de Acción Nacional contra el 287(g)” que comenzó el viernes en Austin. El martes continuará en Virginia.

La campaña también abarca las redes sociales. en la que se envían mensajes al presidente Barack Obama y a los alguaciles de las 32 ciudades del país donde aún se ejecuta el programa 287(g) para pedir la cancelación del programa.

Raúl Alcaraz, del movimiento United We Dream, dijo que era necesario “terminar con las violaciones de los derechos civiles de las familias inmigrantes”.

Preocupaciones similares

En el sur de Texas conocen el programa “pero aquí tenemos otro tipo de preocupaciones”, dijo a Univision Noticias Rogelio Núñez, director del Proyecto Libertad, en Harlingen, fronterizo con Matamoros, México. “Los inmigrantes cuando vienen a Estados Unidos no se quedan cerca de la frontera. Se marchan a las ciudades grandes más al norte, como Houston, Dallas o Los Angeles, en California”.

El activista agregó que los programas federales para deportar a inmigrantes, entre ellos el 287(g) y el Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP, por su sigla en inglés), activado el 20 de noviembre del 2014 en reemplazo del cuestionado Comunidades Seguras, “son otra forma de deportar pero más organizada. Los llamamos con palabras más bonitas pero son lo mismo, exactamente igual y significan deportaciones”.

“Allá en el norte se mira más el trabajo de ICE”, dijo Flores. “Acá vemos el trabajo de la Patrulla Fronteriza. Es la única diferencia”.

De qué se trata

El PEP coteja las huellas dactilares de todos los sospechosos con una base de datos del DHS, la misma agencia que administra el Programa 287(g).

El 287(g) lleva su nombre de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración aprobada por el Congreso en 1996. Faculta al DHS establecer acuerdos con las policías locales para que sus agentes actúen como agentes de inmigración y ayuden en la tarea de vigilar y controlar la inmigración indocumentada en Estados Unidos.

A mediados de 2002, el entonces Secretario de Justicia, John Aschcroft (bajo cuyo mando se encontraba el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-), anunció que activaba la dormida sección y que, además, agregaba a la base de datos del National Crime Information Center (NCIC) los nombres de unos 640,000 indocumentados con orden final de deportación y que decidieron quedarse en el país.

Protestas sordas

La permanencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil no criminal.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han exigido al gobierno federal que ponga fin a los acuerdos alcanzados entre el DHS y las agencias de policía local porque, aseguran, ICE “no ha instituido controles para promover la efectividad de las operaciones y enfrentar los riesgos relacionados” con los programas.

En 2010 un estudio determinó que sólo un 9% del conjunto de detenciones de ICE afectaban a inmigrantes con un historial criminal catalogado como de máximo riesgo para la seguridad pública, y que el resto eran extranjeros cuya única falta era permanecer sin papeles en el país.

 

 

Durante el año fiscal 2015 ICE deportó un total de 235,413 indocumentados y confirmó que de ellos, el 41.1% no tenía antecedentes criminales.

 

Memorándum de 2014

 

El 20 de noviembre de 2014 el DHS anunció que cancelaba el programa Comunidades Seguras y lo reemplazaba por el PEP, que basa sus operaciones en la nueva lista de prioridades de deportación.

 

Prioridad 1: a quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o publica (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);

Prioridad 2: a personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).

Prioridad 3: personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;

Prioridad 4: a inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.

 

Pérdida de confianza

 

“Nuestra mayor preocupación es que estos programas rompen la confianza con la ciudadanía para colaborar con las policías locales y estatales”, dijo a Univision Noticias Artemio Arreola, director político de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por su sigla en inglés).

 

“Nos preocupa que inmigrantes detenidos por una simple infracción de tránsito y les tomen huellas digitales, terminen siendo entregados a ICE para ser deportados”, dijo a Univision Noticias Emma Lozano, directora de Familias Unidas de Chicago.

 

ICE aseguró que el programa PEP se diferencia de Comunidades Seguras en que sólo se enfoca en individuos que representan una amenaza a la seguridad nacional.

 

Comunidades seguras operó entre 2008 y 2014. ICE dijo que en los seis años fueron deportados 375,031 indocumentados con antecedentes criminales.

 

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteran que entre seis a siete de cada 10 deportados por el gobierno no tenía antecedentes criminales que constituyeran una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

 

“La cifra demuestra que de los más de 2.5 millones en total deportados por el gobierno (desde 2009) solo 375,031 tenían antecedentes criminales serios”, apuntó Arreola. “El problema latente es que, en muchos casos, el futuro de un indocumentado depende del estado de humor del funcionario que lo atiende al otro lado del escritorio”, concluyó.

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