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Foto: Notimex. Urgen a EUA terminar contratos con prisiones privadas para inmigrantes.

Piden terminar contratos con prisiones privadas para inmigrantes

7 de septiembre, 2016

Notimex/La Voz de Michoacán

Nueva York.– Dos grupos civiles urgieron al gobierno federal de Estados Unidos a que rescinda los contratos que tiene con empresas privadas que, con fines de lucro, administran centros de detención para inmigrantes indocumentados.

En una declaración emitida este semana, Detention Watch Network y el Centro para los Derechos Constitucionales pidieron que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) rescinda los contratos con empresas privadas, que mantienen detenidos a la mayoría de indocumentados.

El llamamiento sucede luego de que el Departamento de Justicia anunció el mes pasado su decisión de terminar con los contratos de empresas que administran prisiones privadas en Estados Unidos para prisioneros federales.

Tal decisión no incluyó los contratos que mantiene el DHS con centros de detención privada, que controlan el 70 por ciento de las camas en que se mantienen detenidos a los más de 34 mil inmigrantes indocumentados en proceso de deportación.

La decisión del mes pasado del Departamento de Justicia sucedió luego de la publicación de un informe que reveló que las condiciones en las prisiones privadas en Estados Unidos eran peores que en las prisiones administradas por el gobierno.

El informe indicó que los ataques entre reos en prisiones privadas eran 28 por ciento más frecuentes que en cárceles administradas por el gobierno federal; asimismo, se confiscan ocho veces más teléfonos celulares en los centros privados que en los federales.

Los reos de prisiones privadas, además, tienen nueve veces más probabilidades de ser confinados en celdas de aislamiento solitario que en el caso de los detenidos en instalaciones federales.

La solicitud para que el DHS termine igualmente sus contratos con centros de detención privados que mantienen inmigrantes sucedió, asimismo, luego de que las dos mayores empresas privadas interpusieran una apelación para no revelar detalles de sus contratos con el gobierno.

La apelación sucedió luego de que un juez federal dispusiera que las empresas privadas debían ser sujetas a los mismos procesos de transparencia en sus relaciones con el gobierno federal que las entidades públicas.

Estos detalles, que aún son ajenos al escrutinio público, incluirían cuántos les paga el gobierno, qué promete el gobierno en relación al número de inmigrantes detenidos y cuántas personas son dedicadas a los servicios médicos de los detenidos.

Tales detalles resultan relevantes a la luz de recurrentes revelaciones acerca del deficiente servicio de salud en los centros privados de detención para inmigrantes, y de las muertes por negligencia ocurridos en estas instalaciones.

Ghita Schwarz, abogada del Centro por los Derechos Constitucionales, expresó que la revelación pública sobre la manera en que operan podría socavar las utilidades de estas empresas y la enorme influencia que tienen sobre políticas de detención.

Mientras tanto, Mary Small, directora de políticas del Detention Watch Network, consideró que es momento de que el DHS termine sus relaciones con empresas que insisten en operar en secreto, lejos del escrutinio público.

Las autoridades “tienen toda la evidencia de abuso y malos manejos que necesitan para terminar la tóxica relación entre la industria de las prisiones privadas y el DHS”, enfatizó Small.

 

 

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