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Ayotzinapa, fiscal especial

13 de septiembre, 2015

admin/La Voz de Michoacán

Sin duda la información de los especialistas técnicos de la OEA, en estudios sobre los restos de la tragedia de Iguala y de Cocula, ha echado por tierra la hipótesis de la Verdad Histórica, tal y cual lo declaró el equipo de la Procuraduría General de la República, en definitiva la verdad de gobierno de los servicios de Seguridad Nacional de México. Murillo Karam, entonces Procurador, trataba entonces de explicar que se trataba sólo de un incidente de un grupo del crimen organizado, incluso de una acción que se había desviado de sus modus operandi, con un exceso en las acciones en contra de un movimiento social, y no como ahora se ve, como la evidente intervención en asuntos del Estado Mexicano, es decir, de la participación de un asunto de seguridad y que para los efectos de plena secrecía, estos asuntos estaban y están a cargo pleno, de un grupo del Crimen Organizado.

Areli Gómez, Procuradora de la República ahora, se deslinda de Murillo Karam y habla de que para el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, se queda abierto el caso de manera indefinida, hasta que los especialistas convocados por Derechos Humanos de la OEA, y otras organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de los incidentes, queden satisfechos con los resultados.

Murillo Karam como afirmación, es evidente que muestra que la Verdad Histórica, no era tal, sino un conveniente administrativo, afirmaciones que no “son concluyentes” y que sólo abren otra posibilidad del desarrollo de las investigaciones, que no llegara a los puntos de una intervención casual, de un orden que pretende ocultar la intervención del Estado Mexicano, como garante universal de toda la seguridad, integral, de toda la ciudadanía y de sus derechos. y que en este asunto quedan los policías municipales, como partícipes, incluso como cómplices del Crimen Organizado de Guerrero, como la intervención en un asunto social-político de estudiantes y no como la invasión en asunto de “exclusividad y domino” de maniobras en beneficio de la proveeduría de las necesidades de los EEUU en materia de drogar y de tráfico, y aunque estos movimientos tienen más de 10 años, la Federación no quiere darse cuenta, que es un asunto que a todas luces los presenta como activos directos, en un asunto que va más allá de la simple implicación de los policías municipales.

Con los especialistas de la OEA queda claro que la existencia de un 5º trasporte pone en juego la posible implicación y como información a ñas autoridades federales, como el Batallón del Ejército y de la propia PGR, que han demostrado los familiares de los estudiantes, que se inhibieron de intervenir a pesar que todo prueba que tenían la información y que además, no se ha permitido interrogar a los militares con responsabilidad federal, sean del Ejército, -porque debe ser por escrito y por mandato de autoridad judicial- y que eso hace que la desaparición forzada sea el crimen a perseguir por una instancia del Estado Mexicano.

La droga es un asunto central de todo el movimiento de Iguala-Cocula con toda la responsabilidad de intervención de un asunto consentido, controlado, por todo el esquema de seguridad nacional que radica en el Estado de Guerrero y que en un asunto de estos, incluidos como medida preventiva, las medidas de cooperación y de acción conjunta, son los garantes que todo protocolo se ponga en movimiento y se disparen todas las medidas de seguridad e interpongan una acción por demás contundente.

Replantear la información, en donde el móvil es la acción central es el narcotráfico, es evidente que todo protocolo prohibitivo debió ponerse en movimiento si no se quería caer en la complicidad del Estado, al menos de la PGR y de un Batallón del Ejército, que habían tenido noticias directas de los enfrentamientos y contra quienes se estaba haciendo y de la intervención contundente de los policías, es sucesivas intervenciones armadas.

Pero cerca de 50 niños quemados en la guardería de Sonora, los 22-21 asesinados en Tlatlaya y la intervención de las policías municipales de Iguala y de Cocula en el incidente de con los estudiantes de Ayotzinapa, son todos asuntos que se tienen que ver como la intervención del Estado en asuntos de Derechos Humanos, incluso como ahora sucede, en asuntos a nivel internacional respecto a los derechos humanos, para calificar la intervención de las instituciones del Estado mexicano en promoción y en el respeto de los derechos “lesa humanidad”, que echan por tierra acuerdos internacionales por la protección de los derechos humanos, como cultura, como principio integrador de las instituciones que componen el amplio intervenir de las instituciones del Estado.

Ahora creo que a México le ha llegado la responsabilidad de asumir que hay que corregir la cultura y la disciplina de todas las instituciones que facilitan y favorecen los derechos en custodia de la Estado, más aún, cuando en el continente se enjuician a los hombres estelares de la política como Lula Da Silva y la propia Dilma Rousseff, expresidente y presidente en activo de Brasil, o en el Perú con Fugimori o Correa en Ecuador y lo más reciente con la vicepresidenta y el presidente de Guatemala, precisamente por uso y enriquecimiento por el poder, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, respectivamente, sólo entonces la sociedad, en especial la Sociedad Civil, establece que el Principio de que “Nadie fuera de la Ley, nadie por encima de la Ley” es la garante de la justicia y la sociedad se mueve certeza en medio de la Ley.

Ciertamente el caso Ayotzinapa se ha establecido como la alarma, como el sentido que lanza al Estado Mexicano a revisar la Ley Normativa que ponga al político, a los propios órganos de poder también en la lupa para procurar e impartir justicia, para convertir en instituciones confiables a la hora de tratar el derecho a la vida, a instalar un proceso justo, y que toda acción no corresponda a la iniciativa de ningún funcionario que sea capaz de omitir tiempos y formas para impartir, para procurar justicia.

En el rezago histórico, por lo menos en el sexenio pasado, el número de casos que se involucraba a las instituciones a cargo de la seguridad, eran cerca de 30 mil caso de desaparición forzada, ahora la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, informó en Ginebra que se trabaja en la localización de más de 11 mil personas, de acuerdo con los datos del 1º de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de octubre del 2014, que es para sorprender a cualquiera, incluso para la propia Comisión de la ONU en ginebra mismo, que además recomendaba el nombramiento de un Fiscal Especial para el caso de Ayotzinapa.

Es hora para emprender la recomendación de la ONU, en materia de persecución del delito de Desaparición Forzada, incluso con las diferencias de de la Comisión Especial de los investigadores de Derechos Humanos, respecto de la verdad histórica, y que, por gestión de una comisión de los padres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa, en Ginebra, la propia comisionada de la ONU recomendó apenas en febrero de este año que se diera credibilidad con el nombramiento de un Fiscal Especial.

El juicio de funcionarios y en especial de dictadores recientes en Europa por el surgimiento de los nacionalismos étnicos, ahora en particular con el éxodo de Siria y los países en que tiene presencia el Estado Islámico, (EI)y el enfrentamiento de los aliados, ha provocado un diáspora que se cuela por todo Europa, que se acrecienta por la huida del pueblo sahaurí, que se fuga hacia el estado social que ha conformado la Comunidad Europea y que es el refugio natural, por ser quien combate al mismo EI en sus territorios de existencia y ya no hay lugar para la paz democrática, estabilidad en Irak, en Siria y que empieza a involucrar al mismo Chipre y Turquía como punto del problema y de salida por Grecia para alcanzar a Alemania y Francia, quien al parecer se están haciendo cargo del problema de emigración a altísimos niveles de impacto para países como Inglaterra, que se sienten fuera del conflicto.

En menor medida, el conflicto de la emigración en América Latina, incluso al seno de México, mucho tiene que ver la violencia propiciada por el Crimen Organizado, que en particular la presencia de la emigración interna ya llega al DF y al Estado de México, desde Guerrero y están en espera que baje la violencia y se puedan recuperar los bienes sociales y económicos, que permitan repoblar de nuevo la región.

Hoy la región de Guerrero, por la abundancia de la violencia, por el extremo que ha llegado con las investigaciones de los especialistas de la OEA, no sólo deben aspirar a reordenar la información, sino a prevenir que el Estado no se convierta en una mancha que crece en violencia y que propicia el abandono de toda la actividad económica y social y se convierta en un conflicto de emigración interna y que sea el inicio, de conocer los espacios en conflicto, como Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, y luego Michoacán y Guerrero, como puntos en los que no se pueda tener una estancia amigable para sembrar economía y prosperidad. No a la violencia como la génesis de todo problema de inestabilidad o de dictadura política.

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