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Desaparición forzada, crimen de estado

23 de agosto, 2015

admin/La Voz de Michoacán

Es interesante el comentario de Homero Lemus, en La Voz del Domingo pasado, quien se atreve a comentar uno de los problemas capitales en las acciones del Estado Mexicano, que se ha perdido en las responsabilidades de atención suficiente, respecto de la los derechos ciudadanos, en especial de los derechos humanos de frente a él mismo, en toda la estructura que se encargan de la persecución y la procuración de la justicia, y que no tienen, en la ausencia de la cultura ciudadana, de la voluntad ciudadana que el Estado sea el arbitraje mayor, sea la diferencia de cometer el delito y que por esto se le persiga, sin seguir para nada el procedimiento establecido por ley, los pasos para que también se haga según la normatividad, el procedimiento justo, los métodos y las formas, que para ello nos hemos dado, para proseguir con todos los elementos de la justicia, frente a todos, incluso frente al propio Crimen Organizado, con quienes también se debe guardar todas las virtudes del Derecho y la Democracia, como forma de vida plena.

Se trata de una discusión en los Talleres propuestos para lograr atender los excesos del Estado en la persecución de los delitos, promovido por la Universidad Michoacana, considerados graves, que tiene por fuente al Crimen Organizado,  y que la penetración y la descompostura en la procuración de justicia logró, en el ambiente nacional un clima de inseguridad y desesperación, por la desaparición de gentes inocentes de toda culpa, obligó entonces a que no fueran ya la policía de la PGR, los mismos militares incorporados a la función de prevenir y procurar justicia, contaran con los mejores ejemplos del servicio de una sociedad por demás habitable, que se veía, igualmente acosada por la inseguridad y por el atropello de vida.

Es evidente que con quien más está en peligro la garantía de vida, de vida democrática y la seguridad pública, con los propios órganos encargados de impartir y procurar justicia, porque contra de ella no hay quien ponga más en peligro y proporcione más inseguridad en los datos que proporcionan, con las policías coludidas con el Crimen Organizado, la PGR que se niega a proporcionar los datos de alguien, que bajo su custodia, no goza de ningún derecho, pero que además, sólo cuentan los testimonios de particulares, es decir nada ante la Ley, ante el fuero de la Ley, como norma ante la que no hay órgano alguno que ponga y que llame a los órganos de justicia a la norma.

La persecución de los delitos de desaparición forzada, de secuestro mismo por el Estado, que sólo puede lograrse por la distorsión que se hacen los aparatos y de la pérdida de su control, hace que a la fecha, la “guerra contra el Crimen Organizado” del Presidente Felipe Calderón, le sirva de caldo de cultivo para insistir y merecer el volumen de 27 mil caso de Desaparición forzada, durante el sexenio de gestión presidencial por parte de la PGR, pero también de delitos de ese orden en manos de las masacres y desapariciones con sospecha de ser del “ejército”, la armada y el Ejército mismo contra el Crimen Organizado, inmiscuidos todos, ciudadanos que ven en la sospecha de los aparatos de represión, sospechosos, de otro México, del que ahora empieza a incluir a los propios periodistas, a reporteros de la noticia que denuncian y que condenan esta conjunción de los puestos políticos, de partidos que bajo diversas formas se han visto inmiscuidos en casos que debieron ser la puesta cerrada de esos crímenes de Lesa Humanidad,                 y que ponen a México en el ambiente internacional como el Estado que padece las violaciones que se cometen en las guerras fratricidas de los árabes en Siria o en las Guerras Santas de los musulmanes por una lógica doctrinaria y no por asuntos que tienen que ver con el combate al Narco Tráfico y la adopción de su cultura: la muerte.

Tlatlaya, el asesinato del Ejército de 22 civiles, que luego resultaron sólo 21, porque uno de los masacrados logró salvarse, es uno de los abusos por la excelencia del control y de la libertad a manos de unos cuantos, de quienes ahora juegan  un papel importante en la consecución de la paz social. Mucho se han dicho y manifestados lo propios militares en su defensa que han sido llamados a una tarea de control con quienes ya la sociedad no tiene porqué perdonarles, porque se han infringido todas las normas y ya no tienen perdón, y a su manera, es aplicada la Ley Fuga, como el más lógico castigo para quien han perdido toda referencia de Ley.

Pero en medio de toda esta confusión se da la más descarada tragedia, la de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, frente a todos, atacados y acosados por la policía de Iguala, y que al parecer eran llamados a seguirse oponiendo a las formas por demás mafiosas y conspirativas, asociados con el Crimen Organizado de la región de Guerrero, y que descansaba, ni más ni menos que en la Esposa del Presidente Municipal, entonces acompañaba en un festejo, donde el propio presidente, José Luis Abarca, como se probó posteriormente, recibía y daba órdenes a las policías que iniciaban, primero el secuestro, y luego turnaban a otras policías que lograban la desaparición forzada.

Tanto la policía municipal, como la estatal, así como el propio Ejército, estuvieron al tanto de los acontecimientos, y que sólo por protocolo, no se vieron involucrados, en primero la desaparición forzada, para luego destinarlos a la propia muerte, siempre por sospecha, mientras no existan la pruebas y las evidencias de los restos mortales, con la excepción de uno de los estudiantes de Ayotzinapa.

El Estado no fue capaz de proporcionar la más elemental de las justicias, es decir, guardar el orden, poner en orden a las policías corruptos, que saben que atienden los contrasentidos de la función, la seguridad y el orden de los ciudadanos, no han tenido la justicia que se debiera por parte del Estado mexicano, que debe garantizar la existencia de vida, por cierto de una vida en democracia y lo que hace, es que la desaparición forzada, en un número de 27 mil en el sexenio pasado, y más que se van acumulado, como deterioro de la función del Estado, que haga caer a los malos funcionarios, a los que suponen delinquen para imponer “la justicia” a toda cosa, al precio mismo de nuestros periodistas, de nuestros reporteros, pero también de gente inocente, y que el secuestro a muerte, es el remedio del Estado Mexicano, atroz como no hay otro y que es ahora el que llama a corregir con el caso del multi-homicidio del DF, en el caso del el fotoperiodista de Proceso Rubén Espinosa, “el fotoperiodista dijo en una serie de entrevista que había salido huyendo de Veracruz luego de ser objeto de una serie de intimidaciones por parte del gobierno de Duarte de Ochoa, mientras que Nadia Vera había señalado en distintas ocasiones los abusos por parte de la administración que encabeza el priista,” que por demás se complica y se involucra como se ve, a funcionarios de alto nivel del Estado de Veracruz, y que no tuvieron más remedio de “autoexiliarse”, porque ya habían sido sentenciados por el Crimen Organizado y para quien las redes de información de las policías, son algo que manejan como información propia.

Sin duda este Taller de la Universidad Michoacana llegó a la conclusión de que un foro como éste, debería llegar a la conclusión de la necesidad de que se abra una Fiscalía Especial, tan especial que diera cuenta de las Desapariciones Forzadas de la estructura del Estado Mexicano y que este fuese la principal fuerte de información, para la que no debería tener justificación alguna y que en surja de la Soberanía Nacional con los fundamentos como un órgano independiente de la estructura de  procuración de la justicia, que su normatividad sea la persecución de todo aquél funcionario responsable de cualquier órgano del Estado.

“El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) cuestionó al Gobierno mexicano sobre las acciones para evitar este delito ( 03/02/2015) y afirmó que no se han visto estadísticas reales en la base de datos de personas desaparecidas, por eso propuso la creación de una fiscalía especial que esté al mismo nivel que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada” y se convierta en un órgano que por la importancia y volumen de los derechos negados, al cuidado exigente de una democracia plena.

Al final de cuentas sólo la comisionada de los Derechos Humanos se atrevió a precisar los números más exigidos, pero aún menor de lo que en la realidad se ha promovido como demanda, “El único dato preciso lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, quien informó que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, de acuerdo con los registros desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de octubre.”

Hoy los encargados de pugnar por alcanzar una sociedad habitable, como los encargados de proseguir en el mundo de la convivencia, harta de gobiernos de colaboración y complicidad con el Crimen Organizado, promotor de esta aberración salvaje, la muerte por recomendación del Estado, para que Usted consiga, la paz, la paz duradera de la democracia, hoy esta Comisión habla de Crear una Fiscalía Especial contra la Desaparición Forzada, un alto a los excesos del Estado y  de la complicidad con la dictadura, del contra-derecho, como toda fuente de poder entre los hombres, ajena a toda democracia.

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