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‘Yueba oh truene’… reforma transexenal

30 de junio, 2015

admin/La Voz de Michoacán

“Si como dices, Horacio, problema, que se resuelve con dinero, deja de serlo, ¿cuál es el problema?” Víctor Ávila Puig, en Los relámpagos del trueno, de Luis Spota.

“Palo para los inconformes, plomo, para los enemigos y plata para los amigos”. Política de las 3 P, atribuida al Gral Porfirio Díaz.

Soy un convencido de que, al menos en nuestro país, por su historia, por su desarrollo económico, social y cultural, la educación debe estar en manos del Estado, ser gratuita, laica y obligatoria, como lo establece nuestra Constitución en el contenido de su artículo 3°., en cuyo segundo párrafo dice: ”El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos garanticen el máximo de aprendizaje de los educandos. Y en el inicio de su párrafo III señala…”el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República”.

Entiendo las razones ¿políticas?, pero no las justifico, por las cuales el Ejecutivo Federal, en los sexenios anteriores, entregó a las cúpulas de las organizaciones sindicales gremiales, el administración, dirección y rectoría de la Educación Nacional y es plausible que el actual Ejecutivo Federal promoviera una reforma integral en el ramo educativo para recuperar la rectoría, la administración y la dirección totales de nuestro sistema educativo y se vio, política y jurídicamente, obligado a realizarla de manera máxima: Reforma Constitucional en materia de educación.

La misma fracción III establece ciertos mecanismos para… el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos de funciones de dirección o de supervisión en la educación básica, media superior que imparta el Estado, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Y complementa: Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley.

El pasado martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaro constitucional el sistema de evaluación para los maestros, el que es obligatorio para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes al servicio del Estado. Nuestra Suprema Corte señaló, además, que:”La Reforma Educativa privilegia el interés superior de los menores y el derecho a una educación de calidad POR ENCIMA DEL DERECHO LABORAL DE LOS PROFESORES”.

Con estas sencillas, pero trascendentales palabras, NUESTRA Corte demolió los argumentos tanto del SNTE, como de su primo, la CNTE. En próximos días el pleno de la Suprema Corte abordará la forma en que repercutirá la reforma para aquellos que tienen nombramientos definitivos o provisionales y la manera en que impactará para los que estaban antes y después de la reforma y detalles sobre federalización, descentralización y definición del patrón. (Javier Lozano, senador del PAN, afirma: “en el tema del patrón hay que acabar con el desorden, porque todo el mundo se está haciendo güey”).

Con estas resoluciones, y futuros trabajos, se desvanecen las pretensiones gremiales que buscaban anular-cancelar-suspender los exámenes de evaluación para garantizar su permanencia en las aulas y puestos de dirección y supervisión. Aunque la CNTE acuda a la CIDH.

Después de la “prudente” suspensión definitiva de la evaluación – boletín del 29 de mayo, anterior -, la aplicación del examen – oposición cerrada -, según la SEP, “fue un éxito”; la participación fue de 39,367 aspirantes=83.4%; 16.6%=1,479 docentes que no lo realizaron por boicot de la CNTE. Y con los michoacanos aspirantes, ¿qué se hará? ¿Que se pudran?

En paralelo, varios medios informativos de circulación nacional, y algunos estatales, han difundido informaciones amplias y bien documentadas –con base en los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación sobre las cuentas públicas – sobre el IEEPO y la CNTE y sus triangulaciones para recibir los miles de millones de pesos de dinero fresco de las dobles negociaciones con la Federación y los estados: escuelas fantasmas, centros de trabajo virtuales, salarios, gratificaciones, bonos, programas, concursos, seminarios, WQSXZ actividades de promoción gremiales y académicas, etc., de líderes, y sus familiares y amigos y compromisos, etc. (así como se pinta Oaxaca, Michoacán y Guerrero estarán igual o peor), y si le agregamos las declaraciones del ciudadano Chuayffet Chemor, no como secretario de educación pública, Emilio Chuayffet Chemor: “En un plazo no mayor a seis meses, el gobierno federal tomará decisiones ”de carácter” para enfrentar el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación… es necesaria la intervención federal en los estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, para tomar el control de la educación, tanto de recursos como de facultades de decisión”, se puede inferir lo que viene.

Es una hecho que esta reforma, por su trascendencia, no se concretará en estos tres años; se necesitarán varios sexenios y varias negociaciones, entre ellos, acuerdos con los gobernadores para definir el ámbito de su competencia – acuerdos de federalización, descentralización – y nuevas condiciones en la relación laboral con los maestros, por lo que ahora que lo de la evaluación se ha definido jurídicamente y el Estado comienza a mostrar voluntad para enfrentar a la CNTE, que no sea con carretadas de plata ni manga ancha, pues ya no podemos continuar estos lustros sin Estado de derecho en los servicios educativos (mayor flagrancia y tolerancia para la violación de la ley en tantos frentes, con creciente impunidad) es muy posible que se vayan colocando las piezas del rompecabezas en que se seccionó los servicios educativos y, ahora, empiece su reconstrucción y tenga vigencia el criterio democrático del artículo 3° y se cumpla.

El país, y su sociedad, ya no aguantan más –esa es otra lectura de la dispersión del voto -; no sé cuánto más podría tensarse la cuerda, pero la política de plata para los inconformes debe parar y, obligadamente, regresar a la normalidad democrática y al Estado de Derecho, más tampoco debe 3030ser palo ni plomo. Sólo Justicia y Estado de Derecho.

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