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Contra la corrupción, nuevas reglas

7 de abril, 2016

admin/La Voz de Michoacán

El combate a la corrupción es hoy una de las cuestiones más urgentes de la vida pública de México. No porque ahora haya más corrupción que hace algunas décadas, sino porque la sociedad y el Estado mexicanos han cambiado gradualmente en un sentido democrático, y la corrupción ya resulta no sólo injustificable, sino cada día más intolerable. De hecho, la prolongada prevalencia de un régimen autoritario, en el que la ley se aplicaba o no al gusto del presidente y de sus delegados, hizo de las prácticas corruptas un elemento consustancial de la vida pública. La falta de control de los ciudadanos sobre el gobierno facilitaba el abuso de poder y el enriquecimiento de los gobernantes, y éstos afianzaban el consenso de los dominados repartiendo a migajas algunos beneficios de la defraudación al erario. Así, gobernantes y gobernados formaban una mancuerna (muy desigual pero funcional) de la corrupción. Puede decirse que la corrupción llegó a ser una “cultura”, en el sentido de pautas de comportamiento y costumbres de las que una gran parte de la sociedad era partícipe.

He empleado aquí los verbos en tiempo pasado para enfatizar que la corrupción se arraigó desde varios decenios atrás, pero no porque haya desaparecido. En rigor, debemos hablar de la corrupción en tiempo presente, como una enfermedad que envenena moralmente a la sociedad, hace más ineficaz al gobierno y constituye un gran obstáculo para el desarrollo. Podemos decir, sin exagerar, que la corrupción en el gobierno y en las relaciones de éste con la sociedad hace a México un país más pobre, más desigual y más injusto. De ahí la importancia de no resignarnos a seguir tolerando y reproduciendo ese mal.

La corrupción es un problema moral de la sociedad, pero esto no quiere decir que se pueda combatir eficazmente con prédicas de moral ni con la mera voluntad de un gobernante, un líder, un caudillo o un grupo de ellos. Querer combatir las prácticas corruptas es una condición necesaria, pero no suficiente. La corrupción es un fenómeno incrustado en la forma misma de operar de gran parte de los organismos públicos, merced a reglas -formales o informales-  que la permiten, la incentivan y no la sancionan con eficacia. En esa medida, las prácticas corruptas sólo podrán reducirse cambiando las reglas y los incentivos vigentes, para que cada acto  deshonesto sea muy difícil de cometer y sea sancionado severa y disuasivamente, a la vez que las conductas apegadas a la ley sean incentivadas y reconocidas.

Se dirá que las reglas ya existen, porque hay leyes de control y transparencia, pero que no se cumplen. La pregunta pertinente es por qué no se cumplen (o se cumplen escasamente) las leyes existentes destinadas a evitar la corrupción. No basta que haya leyes que prohíban el desvío de recursos o el tráfico de influencias, y prevean sanciones a quienes los cometan, si esas mismas leyes dejan muchos resquicios para burlarlas, o los procedimientos de investigación hacen muy difícil probar la responsabilidad de los inculpados, o bien, si  las penas son tan leves que no tienen efecto disuasivo. El ejemplo más elocuente y cínico del incentivo para ser corrupto es cuando un alto funcionario roba mucho dinero público (“distracción de recursos”, se le llama con eufemismo cómplice) y, en el caso raro de que sea acusado y se le compruebe el latrocinio, pague una fianza millonaria sufragada con una parte del mismo dinero que se robó y quede en libertad. (Cualquier semejanza de este ejemplo con casos conocidos, no es mera casualidad).

Hace ya un año que el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional que crea el marco del llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Pero aún falta expedir las leyes reglamentarias para hacer efectivos los preceptos de la Constitución. En ese punto, han surgido dificultades y desacuerdos entre las fuerzas políticas , y existe el riesgo de que la legislación secundaria no se apruebe en el actual período legislativo o que se expidan leyes mal hechas y poco eficaces.

Mientras tanto, una iniciativa popular suscrita por una docena de organismos civiles está enriqueciendo la gama de propuestas contra la corrupción. Me refiere a la Iniciativa 3 de 3, que propone hacer obligatoria para todos los servidores públicos de México la publicación de su declaración patrimonial, su declaración fiscal y sus posibles conflictos de interés. Una norma relativamente simple como esa tendría un efecto formidable para inhibir conductas irregulares de servidores públicos y para alimentar la cultura de vigilancia de parte de los ciudadanos. Ojalá que el Congreso la dictamine y la apruebe pronto.

Otro mecanismo eficaz para inhibir las prácticas deshonestas o abusivas de los servidores públicos sería la contabilidad en tiempo real de todos los gastos, pagos, adquisiciones, contrataciones, ingresos, sueldos y prestaciones de todos los organismos públicos, y su publicación casi inmediata en los portales de transparencia respectivos. Un mecanismo análogo a ése ya opera por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para todos los contribuyentes; empresas y personas físicas saben que todas sus operaciones de ingreso o gasto quedan registradas inmediatamente en las bases de datos del SAT. La diferencia con los ingresos y gastos de los organismos públicos sería que tal información se  haría pública, lo cual se justifica porque el dinero que gasta el sector público proviene de los contribuyentes, y éstos tienen derecho a saber cómo se gasta su dinero.

Es erróneo suponer que en México hay más corrupción que, por ejemplo, en Estados Unidos o Suecia, sólo porque allá tienen “otra cultura”. Más bien, en esos y otros países se ha formado una cultura de respeto a la ley después de muchas décadas y hasta siglos de aplicar efectivamente la ley. Los ciudadanos de aquellas naciones han aprendido por experiencia que violar la ley muy probablemente les acarreará consecuencias costosas. Las sanciones casi seguras son mucho más pedagógicas que las prédicas morales. Los mexicanos podemos empezar a cambiar nuestra cultura tradicional por otra que no tolere la corrupción, si implantamos reglas de transparencia sin cortapisas, y sanciones eficaces y disuasivas.

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