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El INE, el TEPJF y la sobre-regulación

28 de abril, 2016

admin/La Voz de Michoacán

A raíz de las reformas electorales de 2007 y 2014, algunos analistas advirtieron que el afán de regular con rigor todos los aspectos de la competencia electoral -desde la difusión por radio y televisión y la propaganda gubernamental hasta las precampañas y la contabilidad de los partidos- podría provocar una sobrecarga de atribuciones a la autoridad electoral y un cúmulo de reglas difíciles de cumplir.

Al igual que en la esfera económica, la sobreregulación produce distorsiones de la competencia, simulación y, eventualmente, colisión de criterios entre las instancias de autoridad. Un ejemplo reciente de actualización de tales riesgos es la decisión del Instituto Nacional de Electoral (INE) de cancelar unas candidaturas y la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de restituirlas.

El 6 de abril de este año, el Consejo General del INE aprobó el dictamen de fiscalización de precampañas, en virtud del cual sancionó con la pérdida del derecho a ser registrado o, en su caso, la cancelación de su registro, a los precandidatos a gobernador de Zacatecas: David Monreal Ávila, de Morena; Jorge Grey Chávez, del Partido del Trabajo, y Salvador Llamas Urbina, de Movimiento Ciudadano, asó como de José Guillermo Favela Quiñones, candidato a gobernador de Durango por Morena.

En todos los casos, la sanción fue por no haber presentado a tiempo sus informes de gastos de precampaña. El fundamento legal de tal determinación se encuentra en el artículo 229, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice: “Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido [siete días después de la jornada comicial interna o asamblea] y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato”.

El Consejo General del INE actuó con apego a la norma expresa de la ley. El texto del la misma es categórico y no deja lugar a interpretaciones diversas: no presentar el informe de gastos de precampaña dentro del plazo establecido se sanciona con la negativa o cancelación del registro como candidato. Los hechos bien corroborados por el INE son que el precandidato de Morena a gobernador de Zacatecas (el caso más sonado) no presentó a tiempo su informe, y cuando lo hizo (con 34 días de retardo) declaró cero gastos, aun cuando había evidencias de que sí incurrió en gastos.

La sanción puede parecer excesiva, pero así lo establece la ley. Y tal criterio lo ha aplicado el INE, tan sólo en este año, a medio centenar de precandidatos por esa misma falta. Por ejemplo, en su sesión del 14 de abril, el INE negó el registro a 47 candidatos a diputados locales o alcaldes: 12 del PT, 34 del MC y uno de Morena. Sin embargo, el TEPJF tiene otro criterio. En su resolución del 18 de abril revocó la decisión del INE y ordenó registrar a los candidatos de Morena a gobernador de Zacatecas y Durango. Aun cuando reafirmó la obligación de los precandidatos y sus partidos de presentar sus informes de gastos, consideró que la sanción de pérdida de registro es desproporcionada, porque “los informes de precampaña sí fueron rendidos, pero de manera extemporánea”.

Tal vez el Tribunal tenga razón con un criterio de justicia (sanción desproporcionada para la falta), pero no con un criterio de legalidad, ya que la ley ordena expresamente esa sanción. Y no se trata en este caso de que la ley no sea clara o el hecho sancionable no corresponda del todo con el supuesto jurídico. La norma es expresa y el supuesto de hecho se acreditó fehacientemente.

La decisión del TEPJF se explica por un criterio derivado en la doctrina garantista, que antepone la protección de derechos superiores (en este caso, el derecho político a ser votado) a normas particulares y actos de autoridad legales pero que vulneran tales derechos. El criterio garantista, aplicado por los tribunales cada vez con más frecuencia, representa un medio para salvaguardar los derechos humanos, pero, al mismo tiempo, abre un margen amplio a la subjetividad de los jueces.

Si para proteger derechos fundamentales un tribunal ignora una norma positiva expresa, en los hechos está legislando. Otra razón de fondo de esta divergencia de interpretación entre el INE y el TEPJF es que las reformas electorales de los últimos años, con el propósito de garantizar la equidad, han pretendido regular con detalle y rigor todas las facetas, actos, condiciones y actores de la competencia entre partidos. Tal vez algunas disposiciones sean excesivas y valga la pena revisarlas y modificarlas. Pero esa función corresponde al Poder Legislativo. Mientras estén vigentes, a todos nos conviene que las normas se apliquen al pie de la letra.

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