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El presidencialismo debilitado

30 de junio, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Por: Jaime Rivera

 

Al terminar la Revolución Mexicana, las facciones triunfantes aglutinadas en torno a Venustiano Carranza se propusieron asegurar un Poder Ejecutivo fuerte, capaz de llevar adelante las reformas derivadas de la lucha y de evitar que desde el Poder Legislativo se pudiera desestabilizar al gobierno. Así, la Constitución de 1917 otorgó más facultades al Ejecutivo y menos al Legislativo; estableció limitaciones a la propiedad privada, convirtiéndola en una concesión de “la Nación” a los particulares; confirió al Ejecutivo federal atribuciones para expropiar y repartir tierras; reconoció derechos sociales, tutelados por el Ejecutivo; además, centralizó mucho el cobro de impuestos, el gasto público y la facultad de legislar sobre materias que antes eran de competencia local, de tal manera que los estados y municipios quedaron tan débiles y subordinados como en tiempos de Don Porfirio.

Pero el presidencialismo tardó mucho en consolidarse como institución, porque el predominio de los caudillos militares hacía de cada sucesión en el poder un conflicto armado. Fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando el “Régimen de la Revolución” se consolidó y adquirió todos los rasgos que lo mantendrían estable y casi omnipotente por sesenta años consecutivos. Los elementos fundamentales del régimen fueron: un partido oficial nacido desde el poder, sostenido por grandes corporaciones obreras y campesinas controladas por el Estado, y un presidente  todo poderoso que era a la vez jefe de estado, jefe de gobierno, jefe del partido, jefe de los legisladores y jefe de los gobernadores. El presidente tenía amplias atribuciones constitucionales y legales, pero también facultades meta-constitucionales (como las caracterizó Jorge Carpizo), derivadas de la estructura del poder político. Era casi un emperador absoluto, pero con una limitación esencial: era rigurosamente temporal, sin opción a reelegirse jamás, aunque sí con la prerrogativa de designar a su sucesor.

El presidencialismo mexicano, fundado por Cárdenas y llevado a su madurez y plenitud por Adolfo Ruiz Cortines, era eminentemente autoritario, centralista, con muy pocos contrapesos legales y políticos. Pero, como el presidente era la cabeza de un régimen pragmático, que usaba la ideología de la Revolución solamente como discurso legitimador y no como guía de gobierno, no incurrió en pretensiones totalitarias. No era una dictadura, aunque estaba lejos de ser una democracia. El presidencialismo, el partido oficial y el corporativismo fueron los pilares de un régimen autoritario, reformista y con amplio consenso social, que le dio a México una estabilidad política  envidiada por muchos.

Pero la eficacia del presidencialismo autoritario y del régimen de partido hegemónico, correspondía al México pre-moderno, predominantemente rural y escasamente alfabetizado. En la medida en que la economía y la sociedad se modernizaban, el régimen político se mostraba cada vez más desfasado y, con el tiempo,  incapaz de representar y conducir con legitimidad a la mayoría de los mexicanos. El presidencialismo autoritario, que había sido la solución de ayer, en el último cuarto del siglo XX se fue convirtiendo en el problema del presente.

La Reforma Política de 1977 fue una respuesta prudente y sabia del gobierno, pero insuficiente. En las décadas de 1980 y 1990 la exigencia de elecciones auténticas condensó muchas de las aspiraciones de una sociedad mayoritariamente moderna, escolarizada y cada vez más abierta al mundo. En 1997, después de una reforma electoral de gran calado, por primera vez el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Sin esa mayoría, el presidente ya no podría legislar casi a su antojo, como lo habían hecho todos sus antecesores. Además, la conquista por la oposición de varios gobiernos estatales y el del Distrito Federal acotaron de hecho el poder del presidente de la República. Ernesto Zedillo fue el primer presidente limitado por el Poder Legislativo y por poderes locales fuera del control de su partido.  Zedillo no se resistió a esas limitaciones ni pretendió suprimirlas con artimañas políticas. Antes bien, fortaleció la independencia del Poder Judicial, blindó la economía para resistir turbulencias del futuro, promovió la formación de una autoridad electoral plenamente imparcial e independiente, y en el año 2000 respetó e hizo respetar el veredicto de las urnas, que otorgaron la presidencia a un candidato de oposición. Podemos decir que Ernesto Zedillo fue el primer presidente moderno limitado por los frenos y contrapesos democráticos.

La pérdida de mayoría legislativa por el partido del presidente, ocurrida como excepción en 1997, se convirtió en la regla en todas las elecciones posteriores. Vicente Fox ganó la presidencia, pero su partido no obtuvo mayoría en ninguna de las cámaras. Felipe Calderón, tampoco. Enrique Peña Nieto tampoco obtuvo mayoría legislativa, y aunque en 2015 consiguió con sus aliados una exigua mayoría en la Cámara de Diputados, no la tiene en el Senado y por lo tanto su partido no puede legislar  sin acuerdos con otros partidos. Sin mayoría automática en el Congreso, los presidentes han dejado de ser lo fuertes que eran antes. En realidad, son ahora bastante débiles.

Los presidentes de hoy no sólo están limitados por la Constitución y las leyes; están limitados por las mayorías opositoras en las Cámaras;  también están limitados porque el corporativismo sindical y campesino se halla en decadencia y  ya no es controlado por un solo partido. El poder del presidente también es menor que antaño porque el Estado ya no controla gran parte de la economía; el Ejecutivo ya no controla la emisión monetaria, porque ésa es una facultad exclusiva del Banco de México, que goza de autonomía. Todas estas limitaciones corresponden a los equilibrios y contrapesos que debe tener un presidente en un régimen democrático. Y sin embargo, algo no está funcionado del todo bien.

La experiencia, amarga en muchos sentidos, que tuvimos los mexicanos con presidentes todopoderosos y arbitrarios, nos provocó una aversión a un Ejecutivo fuerte y hemos hecho todo lo posible, con leyes y con votos, por imponer obstáculos y restricciones a la eventual formación de mayorías legislativas. Con una posición minoritaria en el Congreso, el presidente enfrenta muchas dificultades para llevar adelante sus iniciativas de reforma y hasta sus programas de gobierno. Queriendo evitar los abusos de un presidente autoritario, el régimen político de hoy despoja al Ejecutivo de algunos de los instrumentos indispensables para gobernar con eficacia. Un Ejecutivo democrático no tendría que ser necesariamente un Ejecutivo débil. Pero así está resultando en las casi dos décadas que llevamos de experiencia democrática. Es tiempo de revisar el diseño constitucional vigente, a fin de poder conciliar los límites necesarios para que el presidencialismo no se convierta en imperio, pero que sí disponga de los medios legales suficientes para gobernar con eficacia.

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