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La burocracia y sus privilegios

21 de enero, 2016

admin/La Voz de Michoacán

La controvertida decisión del gobierno de Silvano Aureoles  -con el apoyo de una mayoría del Congreso del Estado-  de aumentar los ingresos del gobierno por medio de los derechos de “reemplacamiento”,  es una prueba más de la gravedad de la crisis de las finanzas públicas que Michoacán sufre por lo menos desde 2010. En realidad a nadie le gusta esa medida recaudatoria  -ni al Ejecutivo ni a los diputados, mucho menos a los contribuyentes-,  pero el déficit fiscal creciente deja muy pocas alternativas. No sé si esa fue la mejor o menos mala de las opciones disponibles, pero estoy seguro de que tanto el gobernador como los legisladores hubieran deseado evitarla, aunque no fuese más que por el costo político que conlleva.

La controversia sobre las costosas placas vehiculares debería inducir a una revisión seria y muy crítica de las decisiones y prácticas que llevaron a Michoacán a la debacle financiera; pero también urge buscar soluciones eficaces para empezar a superarla. Nadie que sepa un mínimo de Aritmética debería pensar que los organismos públicos pueden seguir gastando igual o más que antes. Y sin embargo, muchos funcionarios  -me temo que la mayoría-  actúan como si nada pasara o como si la medicina amarga de la austeridad debieran tomarla los demás, no ellos mismos ni el organismo al que sirven. “Hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre”, cada quien parece decir.

El debate en el Congreso sobre la Ley de Ingresos del Estado se concentró en el punto del “reemplacamiento”  y relegó el examen a fondo de los presupuestos mismos; es decir, se puso toda la atención en cómo incrementar los ingresos públicos, mientras los gastos se revisaron superficialmente y se repitieron por inercia: el gasto del año anterior es la base, a la cual se le recorta marginalmente o inclusive se le aumenta un poco.

Cuando se analizan los presupuestos del sector público  (incluyendo en éste la administración del Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos y descentralizados)  se hace evidente la enorme carga burocrática del Estado y la rigidez de su gasto. En casi todas las dependencias y organismos públicos sobra algo de personal o éste no es el idóneo por falta de capacidad, pero a nadie (o casi nadie) se le puede despedir, porque los contratos colectivos, los sindicatos, la costumbre y la conveniencia política lo impiden. Lo mismo pasa con los salarios y las prestaciones: no pueden disminuirse. De tal manera que cuando falta dinero, se suprimen programas, se cancelan obras públicas, se sacrifican gastos necesarios para operar  o se adquiere más deuda, pero la burocracia sigue costando y gastando con la misma soltura. Y no me refiero sólo a los salarios de los empleados subalternos, que por las normas laborales no pueden disminuirse; lo mismo pasa con los sueldos, prestaciones, beneficios y privilegios que gozan los mandos superiores. Más aún, cuando la determinación de los sueldos y sus incrementos dependen de los propios funcionarios directivos y no del Congreso o del Jefe del Ejecutivo, es común que tales beneficios se eleven mucho más que los del resto.

Es fácil corroborar que en el sector público se goza de sueldos, prestaciones y garantías laborales ausentes en el sector privado. Tomemos el ejemplo de los aguinaldos. La Ley Federal del Trabajo establece un aguinaldo obligatorio por un mínimo de 15 días de salario. La mayoría de las empresas formales pagan esa cantidad, y pocas dan aguinaldos equivalentes a 20  o 25 días; las más prósperas y generosas llegan a 30 días. No más. La razón es comprensible: si bien es cierto que a fin de año muchas empresas aumentan sus ventas y ganancias, tales aumentos son limitados y no alcanzarían para multiplicar los pagos a los trabajadores; inclusive, hay empresas que a fin de año venden menos (por ejemplo, los que producen helados, ropa ligera, etc.), y de todos modos tienen que pagar aguinaldos. El sector público y su burocracia alta y baja no sufren tales limitaciones, porque sus ingresos no dependen más que de los presupuestos asignados. Entre la presión sindical y la voracidad de muchos funcionarios directivos, los aguinaldos del sector público han idos subiendo y ahora equivalen a 40, 45 o 60 días de salario (y algunos sindicatos consiguen 70 o más). Obviamente, tales pagos extraordinarios no se deben a que en diciembre se trabaje más. Los sindicatos piden más porque es natural que lo hagan, y los gobernantes y sus altos funcionarios lo conceden para evitarse conflictos y porque también a ellos les tocan esos beneficios. Pero los aguinaldos no son la única diferencia entre los sectores público y privado. Si el espacio me lo permitiera, haría una larga lista de beneficios, regalos, compensaciones, bonos y garantías que en el sector privado casi nadie obtiene jamás. No hay duda: la burocracia pública es un mundo de privilegios.

La crisis financiera del gobierno de Michoacán se originó en la irresponsabilidad y la corrupción de algunos gobernantes, pero sus efectos son más dañinos y persistentes a causa de la dinámica del gasto burocrático, que siempre tiende a crecer y casi nadie quiere o puede frenar. Si de verdad queremos superar esta crisis financiera, a fin de que el gobierno pueda ser un promotor del desarrollo y no su peor lastre, hay que asumir que se tienen que poner límites a la voracidad de la burocracia alta y baja. Y como es muy difícil que los propios trabajadores y sus jefes quieran autolimitarse en sus beneficios, tendría que haber un pacto de largo aliento entre el gobernador y el Congreso del Estado para que, por medio de la ley, se pongan límites a los privilegios de la burocracia.

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