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La frustración en la democracia

22 de octubre, 2015

admin/La Voz de Michoacán

En nuestros días, mucho se habla de la desconfianza y el rechazo que despiertan los partidos políticos en amplias capas de ciudadanos. “No creo en ningún partido; todos son iguales de corruptos y a ninguno le interesan los problemas de la gente”, son expresiones que, palabras más o menos, repiten muchas personas en todos los ambientes y en las llamadas redes sociales. Tal vez no falten motivos para sentirse decepcionados de los partidos y de las instituciones que les acompañan: las elecciones, las cámaras legislativas, el gobierno limitado por la oposición, etcétera. Y sin embargo, esa percepción, teniendo mucho de verdad, es a la vez una falacia cuando se le atribuye un valor generalizado.

Si fuese verdad que nadie cree en los partidos, las elecciones serían impracticables o estarían en riesgo de extinguirse por falta de votantes. Pero las cifras demuestran que esto no es así. Es cierto que en cada jornada electoral hay una porción muy considerable de electores que no acuden a votar. Sin embargo, a veces se sobreestima el fenómeno del abstencionismo. Si se cuentan las elecciones federales llevadas a cabo a lo largo de este siglo (después del año 2000, la época en que más se propala el desencanto por los partidos y las elecciones), el punto de partida, 2003, registra una participación electoral inusualmente baja: 42%; pero a partir de entonces, la tendencia de la participación ha sido ascendente: en elecciones de diputados federales, 45% en 2009 y 47% en 2015; cuando estas elecciones coinciden con la elección presidencial, la participación aumenta: 58% en 2006 y 63% en 2012. Si se comparan entre sí las elecciones de un mismo tipo, hay evidencia de que la participación electoral ha tendido a aumentar, más que a disminuir.

Entonces, ¿en qué se basa la percepción difundida de que ya nadie cree en los partidos? En gran medida, en el incumplimiento de las expectativas que en su momento despertó la joven democracia mexicana. Después de más de medio siglo de hegemonía de un solo partido, que hacía de las elecciones un mero ritual de refrendo, entre las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado se formó en México una fuerte corriente de opinión y de acción que no sólo reclamaba una reforma política de carácter democrático, sino que le atribuía a la democracia virtudes correctivas, casi milagrosas, en los ámbitos económico, social y moral. La transición a la democracia se logró hacia fines del siglo y en seguida sobrevino la alternancia en el poder central. El cambio de partido en la presidencia, así como en los gobiernos locales, despertó mucho optimismo, realmente demasiado optimismo sobre la inminencia de cambios luminosos, que pronto se enfrentó a una realidad grisy decepcionante. El que gobernara un nuevo partido no garantizaba que la economía marchara mejor, ni que se redujeran la desigualdad y la pobreza; tampoco se vacunó a la administración pública contra la corrupción. Para colmo, precisamente en los primeros años de la alternancia el crimen organizado expandió sus dominios y, a partir de 2007, desató una espiral de violencia que aún no termina. Así, la democracia, si bien superó en gran medida el autoritarismo gubernamental, no resolvió otros grandes problemas nacionales, y algunos parecieron empeorar. El optimismo excesivose convirtió en desencanto, frustración y rabia.

El primer error de la transición democrática mexicana fue, entonces, atribuirle a la democracia mucho más de lo que puede dar. Faltó mesura en las expectativas. La democracia es el mejor método que la humanidad ha encontrado para luchar por el poder sin destruirse y para que el poder político se sujete a la ley y a equilibrios, pero es sólo eso. No puede resolver por sí misma los problemas económicos, ni sociales, ni ambientales, ni de seguridad. Otro error en nuestra todavía breve experiencia democrática ha sido la compulsión reformadora precisamente en la esfera en la que más avanzamos, la política. Desde 2006, a cada elección le siguen reformas constitucionales que buscan corregir de raíz las fallas, reales o supuestas, del sistema electoral, produciendo una legislación cada vez más abigarrada. Y cada reforma ha sido justificada con denuncias, a veces exageradas y estridentes, de las insuficiencias de la legislación anterior, sembrando en la sociedad la sensación de que todo se ha hecho mal y de que la democracia nunca acaba de llegar.

No es que el sistema electoral diseñado con la reforma electoral de 1996 (la reforma que consumó la transición) fuera perfecta; tampoco insinúo que todas las reformas posteriores estén mal. Pero las leyes necesitan un tiempo relativamente largo para asentarse, experimentarse y poder extraerles sus virtudes. Cambiar las reglas al término de cada juego (regularmente, por exigencia del perdedor) no es la mejor vía para inyectar confianza en el juego siguiente. Será bueno que los legisladores moderen su afán reformador en materia electoral.

Por último, no puede negarse que una de las razones de la mala fama de los partidos políticos y de sus representantes en el poder, es su costo financiero. El financiamiento público a los partidos es una condición necesaria para la equidad de la competencia, pero los montos que se han alcanzado son excesivos. Además, la más reciente reforma electoral produjo un aumento de la subvención local a los partidos que prácticamente la iguala, en conjunto, a la subvención federal. Ya es tiempo de revertir esa tendencia y disminuir el costo de los partidos. Como también es tiempo de racionalizar y disminuir el costo de los organismos electorales. Si la democracia no ha dado a los ciudadanos todos los beneficios que esperaban, no acentuemos su frustración y su irritación cargándoles costos excesivos de los partidos y las elecciones.

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