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La nueva ley de transparencia

28 de enero, 2016

admin/La Voz de Michoacán

En la historia de los derechos democráticos, el acceso efectivo a la información pública es uno de los más importantes en el siglo XXI. Ese derecho, basado en el principio de transparencia, permite a los ciudadanos conocer y vigilar lo que sus representantes hacen con el poder. Puede decirse que el derecho a la información es uno de los principios de nueva generación de la democracia, junto con los principios de igualdad de oportunidades, equidad de género, respeto a las minorías y no discriminación. El acceso a la información pública es uno de los derechos que permiten a los ciudadanos ejercer control sobre el poder.

Hoy es común hablar de transparencia gubernamental, pero por muchos años, aun en regímenes democráticos, los asuntos de gobierno y de operación de la burocracia fueron tratados con la mayor opacidad posible. Qué hacía el gobierno, cómo tomaba sus decisiones, qué pactaba con otros gobiernos, eran considerados asuntos exclusivos de los gobernantes. Cuánto gastaba el gobierno, era un asunto confidencial de la alta burocracia, que apenas se discutía y se conocía en el parlamento o su equivalente; al pública sólo llegaban las cifras globales, y los números alegres y selectivos que el Ejecutivo incluía en sus informes de gobierno.  En particular los sueldos, prestaciones y beneficios de los altos funcionarios, se guardaban como secreto de Estado.

Esto ha ido cambiando en el mundo y también en nuestro país. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948, consagró la libertad de expresión junto con la liberta de recibir información. En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refrendó la libertad de expresión, comprendiendo en ella la libertad de opinión y la libertad de recibir y comunicar informaciones. Con el tiempo, estos derechos se fueron perfeccionando, para incluir el derecho de acceso a los documentos en poder de gobiernos y otras entidades públicas.

En México, desde 1978 se incluyó en la Constitución el “derecho a la información”. Pero sólo se declaró, sin poderse aplicar. La falta de leyes reglamentarias hizo de ese precepto constitucional un derecho vago e inoperante. No fue hasta 2001 (?), con la promulgación de la primera ley de acceso a la información pública, que el derecho a la información se abrió camino para hacerse efectivo. Las sucesivas reformas en la materia han ampliado ese derecho, hasta obligar a los gobiernos y a todas las entidades que reciben o ejercen recursos públicos (partidos, sindicatos, asociaciones y hasta personas físicas) a exhibir o proporcionar prácticamente toda la información que producen o tienen en sus manos, con unas cuantas excepciones reguladas por la  ley. El progreso de la cibernética y las telecomunicaciones facilitan el cumplimiento del deber de informar por parte de los sujetos obligados y el ejercicio del derecho por parte de los ciudadanos.

La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), publicada el 4 de mayo de 2015, establece “… los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad…”. En pocas palabras, la ley define a todos los sujetos obligados a proporcionar información al público y establece el tipo de información a la que los ciudadanos tienen derecho y deben tener acceso. Y como se trata de una ley general, establece también las reglas generales y los mínimos que deben reunir todas las leyes y normas en la materia que expidan las entidades federativas.

Para darnos una idea del alcance de la nueva LGTAIP, demos un vistazo solamente al artículo 70, que ordena la información mínima que los sujetos obligados deben proporcionar al público. El artículo en cuestión contiene 48 cláusulas que especifican el listado de información abierta. Por razones de espacio, me limitaré a algunas que me parecen más dignas de atención:  I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado; II. Su estructura orgánica completa; (…) VII. El directorio de todos los Servidores Públicos; VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza; XI; (…) XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; (…)  XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza; (…) XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; (…) y XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Creo que esta nueva ley de transparencia puede transformar muy positivamente la relación entre el Estado y la sociedad, aunque sus efectos no serán inmediatos. Se requiere un tiempo de maduración para que los gobernantes y servidores públicos se convenzan, se adapten o se resignen a las nuevas normas. Y también hace falta tiempo para que los ciudadanos conozcan la ley, aprecien sus potencialidades y aprendan a ejercer los derechos que ella les otorga.

Tener gobiernos honestos y eficientes no depende tanto de las personas que ocupen los puestos públicos, como de la eficacia de las normas que los obliguen e induzcan a actuar de determinada manera. Un gobierno transparente en los términos de la nueva legislación, expuesto por obligación al escrutinio público, creará los incentivos necesarios para que los servidores públicos honestos desplieguen y exhiban sus capacidades, y para que los deshonestos vean muy constreñidas las oportunidades de abusar del poder.

 

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