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Por un servicio profesional de carrera

21 de abril, 2016

admin/La Voz de Michoacán

Uno de los rasgos del antiguo régimen autoritario (que no se ha modificado sustancialmente), era el uso patrimonialista del gobierno y la administración pública. Aunque la razón de ser del Estado y sus órganos es servir a la sociedad, administrando los bienes comunes y brindando servicios públicos, hay una tendencia de quienes ocupan cargos públicos a aprovechar los recursos que administran para su provecho propio. Así, los bienes públicos puestos a resguardo de los gobernantes y funcionarios a veces se manejan como patrimonio privado. Una de las formas de distorsión de los fines de la administración pública es el reparto de puestos de gobierno según los intereses de grupo político, por encima de las capacidades e idoneidad para cumplir una función determinada. Así se produce una rotación excesiva de mandos medios y superiores derivada de la alternancia en el gobierno o del relevo de titulares. Cada nuevo gobernante o jefe trae a su grupo político y sustituye a los funcionarios que, mal que bien, ya habían tenido un aprendizaje. Con cada período de gestión que llega a su fin se echan por la borda experiencia y capacidades técnicas que el nuevo equipo necesita.

Es legítimo que cada gobernante elegido por el pueblo nombre a sus colaboradores más cercanos, guiado por la confianza que tenga en sus capacidades y lealtad política. Pero una cosa es la dirección política del gobierno y otra la ejecución técnica y administrativa de los proyectos de gobierno. En el nivel superior de dirección, el carácter de las decisiones es político, y corresponde tomarlas al equipo político; pero en los mandos medios, las decisiones y operaciones son más bien de carácter técnico, y lo que se requiere ante todo es dominio profesional y experiencia en la materia de que se trate. En México, tradicionalmente, los niveles de dirección política y de coordinación técnica se han manejado como uno solo, otorgando los puestos especializados o de mando medio con criterios de compromiso político, y secundariamente atendiendo a la capacidad profesional y la experiencia.

La mejor solución que se ha encontrado en las democracias para favorecer una administración pública más eficiente, es el llamado Servicio Civil de Carrera, más conocido en México como Servicio Profesional de Carrera. Merced a un sistema de esta índole, los gobiernos y otros organismos públicos pueden contar con un cuerpo de servidores públicos profesionales que, al mismo tiempo que obtienen seguridad y estabilidad laboral, se someten a reglas de selección, ingreso, evaluación y promoción objetivas, en beneficio de ellos mismos y de los gobiernos e instituciones a los que sirven. Con un servicio de carrera, la ocupación de puestos de mandos medios y especializados se someten a concurso público, con reglas imparciales y transparentes; cada funcionario es evaluado periódicamente en cuanto a sus conocimientos y su desempeño, y en función de ello obtiene su permanencia (o la puede perder, si no trabaja bien). Se trata de que los cargos públicos sean ocupados por los más idóneos, no por los que cuentan con el favor político o personal de un superior; que los puestos públicos técnicos se ganen por méritos profesionales; que dependan de lo que cada quien sabe hacer o conoce, no de a quién conoce.

En México, el gobierno del presidente Vicente Fox inició un cambio que prometía cambiar radicalmente el patrón de reclutamiento y permanencia del personal de confianza: el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. Aunque hubo avances en las administraciones de Fox y de Calderón, el sistema no está consolidado y en varios aspectos se quedó a medias; con el gobierno de Peña Nieto los avances han sido más limitados. Hay en el ámbito federal varios sistemas de Servicio Profesional de Carrera, algunos consolidados y otros en proceso de maduración: el Servicio Exterior Mexicano de la secretaría de Relaciones Exteriores, es el más antiguo y consolidado; le sigue el Servicio Profesional Electoral del IFE, ahora INE; también se han implantado y están en proceso de maduración los servicios profesionales del INEGI, la Secretaría de Hacienda, el SAT, la PGR, la Conagua, la Procuraduría Agraria; en la SEP, el Sistema de la Carrera Docente es el  aspecto medular de la reforma educativa.

Sin embargo, en los gobiernos estatales y municipales, así como en la mayoría de los organismos públicos autónomos, el servicio de carrera es casi inexistente. Esta ausencia tiene repercusiones muy negativas para el desempeño del sector público: ocupación de cargos por personas no idóneas técnica y profesionalmente; desperdicio de conocimientos y experiencia de especialistas y funcionarios que se han desempeñado bien; inseguridad laboral para el personal de confianza; riesgo de despidos arbitrarios; atracción a puestos subalternos (sindicalizados) de baja remuneración y de escasa exigencia técnica, pero con garantía de permanencia.

Afortunadamente, es cada vez más fuerte la conciencia de la necesidad de profesionalizar al personal del sector público. Es de esperar que en los próximos años los sistemas de servicio de carrera se extiendan a más gobiernos y organismos públicos. Uno de los cambios más relevantes que trajo consigo la reforma electoral de 2014 es el mandato de creación del Servicio Profesional Electoral Nacional, encabezado por el Instituto Nacional Electoral, que deberá regir tanto para el personal ejecutivo y técnico del INE como el de los Organismos Públicos Locales Electorales. Con base en el nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de una serie de acuerdos, lineamientos y bases de operación aprobados por el Consejo General del INE, el nuevo sistema nacional ya está en vigor, y en las próximas semanas todos los institutos estatales electorales deberán hacer las adecuaciones necesarias para incorporarse a él. Esta es una buena noticia, porque elevará la calidad del personal de servicio electoral y la confiabilidad de las autoridades electorales. También es buena noticia para los funcionarios que ya laboran en esos organismos: estarán sujetos a mayor exigencia, sí, pero su empleo puede ser más seguro y gratificante, conforme a sus méritos profesionales.

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