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Retos del nuevo gobierno michoacano

1 de octubre, 2015

admin/La Voz de Michoacán

Nadie ignora que Michoacán ha pasado por un decenio verdaderamente crítico, plagado de violencia, ingobernabilidad, corrupción y quiebra financiera. Esa es la situación que recibe el nuevo gobernador, Silvano Aureoles Conejo, y con la que tendrá que lidiar desde el primer día de su administración. No se trata de problemas coyunturales, sino derivados de prácticas políticas arraigadas que en los últimos años agotaron su funcionalidad,  pero sin ser sustituidas aún por unas nuevas. Es lo que varios analistas han definido como crisis institucional o por lo menos de gobernabilidad, y que el presidente Peña Nieto calificó, más suavemente, como debilidad institucional.

Los problemas que han afectado en mayor medida al Michoacán de los últimos años se pueden resumir en cuatro: inseguridad, quiebra financiera, desorden educativo y conflictividad social fuera de los cauces legales. Examinemos brevemente las manifestaciones de cada uno y las alternativas que hay para resolverlos.

La inseguridad pública y la delincuencia organizada alcanzaron en Michoacán extremos que pusieron en entredicho la existencia efectiva del Estado a nivel local. Un imperio criminal que se imponía por medio de la violencia, controlaba territorios, expoliaba a la población, sometía y corrompía a autoridades de gobierno, cobraba “impuestos” e impartía su “justicia” mafiosa, significaba la negación práctica del Estado y su razón de ser. Así vivió Michoacán durante varios años (por lo menos desde 2008), hasta que en 2013 se llegó al fondo del abismo. Fue necesaria la intervención federal, en 2014, con medidas extraordinarias para frenar el hundimiento, desmantelar el imperio criminal y comenzar la depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad. Aunque los logros de la intervención federal no fueron menores, es innegable que la tarea se halla apenas a medio camino, y que la normalización de la seguridad pública en la entidad le corresponde en primer lugar al gobierno estatal. El gobernador Silvano Aureoles  -desde que era candidato y también en su calidad de gobernador electo- ha insistido en que restablecer la seguridad pública es una de las más altas prioridades, porque de ello dependen en buena medida las oportunidades de desarrollo económico y social. Lograrlo no será fácil, pero el solo hecho de reconocer la importancia y gravedad del problema distingue al nuevo gobernador de dos de sus antecesores, Godoy y Vallejo, que más bien se afanaban  en soslayarlo. Pero la intención no basta.

El nuevo gobierno tendrá que diseñar estrategias de seguridad realistas, que incluyan la profesionalización de las policías: mejor seleccionadas, mejor equipadas, mejor pagadas; crear fiscalías más profesionales y autónomas; fortalecer la colaboración con la Federación sin eludir las responsabilidades propias y, como condición para convertir las intenciones en realidades, tomar una decisión que muchos políticos prefieren evitar: gastar más en seguridad y justicia, aunque ello obligue a gastar menos en otros rubros.

La crisis financiera de Michoacán es de tal magnitud que restringe mucho lo que cualquier gobierno puede hacer. Con adeudos totales que desde 2011 rondan los 30 mil millones de pesos, la mitad de los cuales vencen a corto plazo, las últimas administraciones estatales han estado condenadas a la parálisis y, en el mejor de los casos, a gestionar el aplazamiento de pagos y evitar que la deuda siga creciendo. Ésta es una realidad insoslayable. Cualesquiera que sean las promesas del nuevo gobierno, se enfrentará a restricciones financieras que le impedirán cumplirlas a corto plazo. De tal manera que el gobierno de Silvano Aureoles tendrá  que moderar las expectativas creadas, someter a la administración a una rigurosa disciplina fiscal para romper la espiral del endeudamiento, y aplicar una política de austeridad que repercuta en los rubros de gasto de mayor peso. La austeridad gubernamental nunca ha sido una política popular, pero esta vez es indispensable para evitar males mayores. Lo ideal sería también incrementar los ingresos, y la única manera eficaz y sana de hacerlo es aumentar los impuestos y derechos, pero es muy poco probable que el nuevo gobierno quiera seguir ese camino. Lo que sí puede hacer  -lo cual le reportaría un valioso respaldo ciudadano-  es ampliar la transparencia de la administración y hacer más efectiva la rendición de cuentas.

El desorden que prevalece en el sector educativo estatal daña gravemente el presente y el futuro de Michoacán: la mala calidad de la educación ensombrece el futuro, porque la mayoría de los niños de hoy tendrán muy pocas herramientas para ser adultos productivos y salir de la pobreza; en el presente, el enorme gasto que el gobierno eroga para apaciguar conflictos con el magisterio alimenta una espiral de incentivos perversos que arruinan a la educación lo mismo que a las finanzas públicas. Cada “minuta” que el gobierno accede a firmar con la CNTE le cuesta al erario cientos de millones de pesos fuera del presupuesto y de las normas legales, y en cambio significa para esa organización sindical más fuerza y más recursos coactivos para seguir reclutando activistas contra la reforma educativa, con la promesa de una plaza, un ascenso, nuevas canonjías laborales. El gobernador Aureoles ha dicho varias veces que pondrá orden en el sector educativo. No será fácil, pero si logra hacerlo, recibirá el aplauso y el respaldo de la mayoría de los michoacanos, al tiempo que liberará del gasto irregular algunos miles de millones de pesos cada año. Aplicar la reforma educativa en Michoacán no sólo ayudará a la educación; también ayudará a equilibrar las finanzas públicas.

Otro de los grandes retos del nuevo gobierno michoacano reside en cambiar la manera de tratar los conflictos y los reclamos sociales. Desde hace muchos años, pero cada vez en mayor grado, prevalece en Michoacán un círculo vicioso de protesta fuera de la ley y con afectación a los derechos de terceros, que nunca es sancionada y más bien resulta premiada. Con tal incentivo, cualquier grupo de interés (legítimo o no) sabe que el camino para obtener beneficios es la presión, cuanto más dañina a la sociedad, más eficaz; y si no obtiene respuesta pronta del gobierno, aumenta la intensidad del daño social hasta doblegarlo. Es el ejemplo más perfecto del incentivo perverso. Esto tiene que llegar a su fin, si de verdad se quiere garantizar una vida civilizada y dar seguridad jurídica para aumentar las inversiones y el empleo. Dialogar y atender reclamos, sí, pero no admitir formas de presión fuera de la ley ni que tomen a la sociedad como rehén.

Son muy grandes los desafíos que tiene ante sí el nuevo gobernador de Michoacán. Varias veces Silvano Aureoles ha hablado con claridad meridiana de ellos y de su voluntad firme de cambiar la forma de tratarlos, a fin de poder ponerles remedio. Aplicar la ley siempre, con prudencia pero con firmeza, será el verdadero nuevo comienzo que reclama Michoacán. Hago votos porque el nuevo gobernador pueda hacer realidad tan ambicioso designio.

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