IMPRESO | RADIO | TELEVISIÓN

Morelia, Michoacán a 28 de marzo de 2017
Morelia
Compra
Venta
USD

18.13

18.90

Vandalismo, cultura e instituciones

10 de diciembre, 2015

admin/La Voz de Michoacán

Las acciones violentas de grupos de estudiantes normalistas de Michoacán no son ninguna novedad. La novedad sorprendente de esta semana es que las autoridades responsables de guardar el orden hayan actuado, y que los responsables de delitos flagrantes como el robo de autobuses, bloqueo de carreteras, extorsión a viajeros, acopio de explosivos, etcétera, hoy se encuentren consignados y probablemente sean sometidos a proceso penal.

Las reacciones a la actuación de las autoridades de seguridad y procuración de justicia eran del todo predecibles: los normalistas y sus padrinos de la CNTE denuncian represión, mientras la mayoría de los medios, representantes políticos y líderes de opinión aplauden la acción del gobierno. La forma habitual de protestar de los estudiantes normalistas es usar la fuerza, afectar los derechos de personas ajenas a sus demandas y dañar la propiedad privada y pública. Actos como esos, en cualquier parte del mundo, constituyen delitos que deben ser sancionados conforme a la ley. Sin embargo, la respuesta habitual de las autoridades ha sido permitir y dejar impunes esas conductas Pero el que por mucho tiempo las autoridades las hayan tolerado y hasta las hayan estimulado con su pasividad, no las convierte en conductas lícitas ni legítimas.

Cabe preguntarse por qué las conductas delictivas de unos grupos se repiten muchas veces hasta tornarse habituales, casi normales, mientras que la actuación legal del gobierno para perseguir esos delitos es una excepción que a todos nos sorprende. Cuando determinados comportamientos colectivos se repiten y moldean la vida social se puede hablar de cultura: cultura tradicional, cultura cívica, cultura de legalidad, cultura de chantaje, cultura de violencia, etcétera. Entonces, cuando hay conductas recurrentes de transgresión de la ley y éstas no son sancionadas, suele decirse que no hay cultura de legalidad. Sin embargo, esa no es en realidad una explicación, porque tendría que explicarse por qué los comportamientos ilegales se reproducen hasta volverse una cultura.La conducta de las personas se guía no solo por valores; en la práctica se moldea y encauza por incentivos: si violar las normas y los derechos de los otros no tiene consecuencias negativas, el transgresor tendrá incentivos para volver a hacerlo; y si además la transgresión es premiada, lo hará con más intensidad.

La clave de la respuesta reside en las instituciones, entendidas como conjunto de reglas formales e informales que regulan la interacción social, e inducen conductas colectivas determinadas por medio de incentivos y sanciones. Las instituciones suelen estar formalizadas en las leyes y en organizaciones encargadas de hacerlas cumplir, pero también operan en la práctica dentro, al margen y hasta en contra de las leyes y normas formales. Normas eficaces son aquellas cuya transgresión va seguida de una sanción, por lo menos en la mayoría de los casos. Pero cuando la norma es violada sistemáticamente y no hay sanción, la infracción se incentiva y hasta termina por volverse funcional o conveniente tanto para el infractor como para la autoridad omisa. En ambos casos puede hablarse de instituciones: un arreglo institucional que hace cumplir la norma y otro que estimula su transgresión. Son esas reglas, en su aplicación u omisión, las que inducen, fomentan y arraigan comportamientos hasta hacerlos costumbre y formar una cultura. Así, la cultura no se alimenta sólo del pasado ni del “alma de un pueblo”; también es labrada por las instituciones.

Pues bien, lo que hemos vivido en Michoacán por muchos años, pero sobre todo en el último decenio, es un arreglo institucional en el que la transgresión de las leyes no sólo no es castigada, sino en muchos casos es premiada. De ahí que las conductas delictivas se repitan, se escalen, y su ejemplo se extienda a grupos que de otra suerte no infringirían la ley. La impunidad no sólo estimula al infractor a repetir su conducta; también convierte en infractores a individuos que de suyo serían respetuosos de la ley y de los demás. Los jóvenes estudiantes de las Escuelas Normales no son de por sí malos ni peores que el resto de los jóvenes. Son personas que han sido “educadas” en el método del chantaje; por sí mismas y por la experiencia de sus escuelas, han aprendido que la infracción de la ley, la violencia y el atropello a los demás nunca son castigados, y más bien son medios eficaces para conseguir sus fines. Y si a esos incentivos prácticos se les agrega una buena dosis de doctrina pseudo revolucionaria, de rencor social y de odio a “los ricos”, semillas ideológicas que se cultivan afanosamente dentro de las aulas de las Normales Rurales, el producto inevitable es la destructividad sin fin de la que hacen gala esos muchachos, quienes no tienen otro anhelo que obtener una plaza de maestro sin tener que demostrar sus aptitudes profesionales.

Esta semana, por vez primera en muchos años, el gobierno de Michoacán y el gobierno federal optaron por aplicar la ley a alumnos normalistas que cometieron delitos. Seguramente esos jóvenes no entienden por qué a ellos se les castiga, si otros miles han hecho lo mismo que ellos sin sufrir consecuencias. En cierto modo, el azar jugó en su contra. Pero por alguien se tenía que empezar alguna vez. Si los gobiernos estatal y federal se mantienen firmes en la aplicación de la ley, empezarán a cambiar los incentivos y, a mediano plazo, se logrará que los muchachos normalistas respondan positivamente a los incentivos del estudio, el mérito profesional y el respeto a los demás. Eso cambiará radicalmente el futuro de la educación pública. Y eso sí que significará un nuevo comienzo institucional en Michoacán.

Comparte la nota

Publica un comentario