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INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

22 de julio, 2014

admin/La Voz de Michoacán

 

Resulta lamentable que haya transcurrido tanto tiempo para que las autoridades federal y estatal atendieran los daños que se vienen causando a la niñez en general, en que se incurren con frecuencia como abuso físico o mental, descuido o malos tratos, explotación, privación de la libertad, abuso sexual, entre otros, y en particular el caso de “Mamá Rosa”, ubicado en la ciudad de Zamora, cuya acción decidida del gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, pronta y expedita, atendió una de sus responsabilidades: el garantizar los derechos de la niñez conforme lo prescribe la Constitución Federal y la particular del Estado, así como por los tratados internacionales.

Este caso resulta una muestra de lo que pudiera estar sucediendo a los infantes y a los jóvenes en diversos centros privados y públicos. Ante la carencia de estudios en profundidad de la cuestión de la violencia contra los niños y niñas, y jóvenes en Michoacán, no sabemos las dimensiones y la magnitud los problemas y daños que se infringen o se están realizando con actos ilícitos, violación de sus derechos, daños a la integridad de su persona, entre otros aspectos.

En consecuencia, no existe un plan estatal de corto, mediano y largo plazo para tratar a este sector fundamental, para atender el interés superior de la niñez y de los jóvenes para que sea efectivo su desarrollo y bienestar. Comprendido en términos del artículo 4o. Constitucional, que tengan al menos educación, salud, vivienda, alimentación y sano esparcimiento de manera digna, que deben proporcionar sus padres, ascendientes, tutores y a falta de estos por las instituciones del Estado.

Hoy en día, se atiende un caso privado, el de Zamora, que demuestra como existe altos niveles de desatención, que involucra a diversos agentes públicos y privados, cuya responsabilidad debiera determinarse y darse a conocer a la sociedad sobre los sujetos obligados a controlar dicho centro de asistencia social de menores, así como las faltas en que incurrieron, como el no verificarlos y dar seguimiento a sus acciones, en tiempo y forma, las medidas correctivas que debieron llevarse a cabo, a fin de evitar que se incurrieran en delitos, negligencia, abuso y daños a la personas. Confiamos en que no estemos presenciando hechos ilícitos con impunidad.

Hay que considerar que la niñez se les ha reconocido sus derechos humanos en el ámbito nacional e internacional para que sean tutelados, protegidos y garantizados por el Estado mexicano, no para permitir su violación.

Cuando esto ha ocurrido, como es el caso de Michoacán, debería fincarse responsabilidades administrativas, penales y civiles a las autoridades en que han incurrido en negligencia e impericia, además a los que cometieron los daños a los infantes y jóvenes que ahí vivieron.

El caso de Michoacán hasta ahora ha intervenido el gobierno federal y estatal, pero valdría la pena que también pudiera conocer de la situación de la niñez y de los jóvenes que se tiene en la entidad federativa, como son los organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y la Organización Mundial de la Salud, que permita valorar la dimensión de la violencia que viven la niñez y los jóvenes, que hasta ahora parecería que se les ha tenido en el olvido.

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