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Re-evolución presidencial

8 de julio, 2014

admin/La Voz de Michoacán

En los tiempos actuales ya no podemos poner en duda la supremacía del poder presidencial, lejos de disminuir, ha re-evolucionado, prácticamente ha logrado el control del sistema de los partidos políticos de un sistema democrático, que había vivido la competitividad y la alternancia en los gobiernos federal y locales, así como los pesos y contrapesos dados entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. El cual tuvo por base, como primer paradigma, el Pacto por México suscrito a fines del año de 2012, con la cúpula de dirigentes de los partidos y el presidente de la República, que garantizó, con la aprobación de diversas reformas constitucionales y legales, el fortalecimiento del gobierno federal en materia política, penal, tributaria y financiera, de los recursos de hidrocarburos y comunicación, de control de ejercicios de recursos estatales y municipales, de la transparencia y accesos a la información pública y a la protección de datos personales, entre otros asuntos de interés general, con lo que re-concentra las atribuciones, funciones, decisiones y recursos en el gobierno federal, que habían venido siendo acotados desde la crisis de los años ochenta del siglo pasado, como el redimensionamiento de la administración pública federal, que fusionó, liquidó, extinguió y vendió más de novecientas entidades paraestatales; dejo los monopolios del Estado en particulares; devaluó la moneda del peso; estableció los órganos autónomos para el control monetario, con el Banco de México, para la organización, vigilancia y regulación de las elecciones, el IFE, ahora extinto; la protección de los derechos humanos por vía no jurisdiccional, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos; entre otro orden de acciones y normas jurídicas.

Una vez agotado el modelo del Pacto por México, con la escisión del PRD, se ha pasado otro paradigma de actuación: al control a través del Congreso de la Unión, mediante las fracciones parlamentarias y dirigentes de dos partidos políticos PRI y PAN, que avasallan cualquier oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados, obteniendo la votación mayoritaria para lograr la aprobación de las leyes reglamentarias de las reformas constitucionales dadas desde el año pasado hasta nuestros días.

Otra muestra es como la que hoy ha aprobado el Senado, la Ley Federal de Telecomunicaciones, que pasa a la revisión de la Cámara de Diputados, en que no se duda que será en los mismos términos: Beneficiar a los monopolios de la empresa Televisa, a las empresas de comunicación celular, de servicios de Internet, con lo que se margina el interés público y se da cabida, de forma vasta, al interés privado; se debilita al órgano regulador, IFETEL, al no otorgarle funciones para establecer la preponderancia por sector en materia de comunicaciones, en aras de no afectar a los intereses particulares, para evitar enfrentamientos futuros, que mermen las utilidades privadas; con facultades a la Secretaría de Gobernación para censurar y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para opinar en materia de concesiones, con lo que la administración pública centralizada en que el Ejecutivo Federal es el jefe, asume el control de este sector; dejando en desventaja a los medios de comunicación televisivos, como TV UNAM, comunitarios, se restringen recursos presupuestales para la modernización de sus sistemas en la digitalización.

En suma, se produce la legislación en materia de telecomunicaciones y radiocomunicaciones que regula y tutela los monopolios, duopolios, pero no un sistema de competencia del mercado, ni mucho menos atiende los intereses generales de la población mexicana.

Más aún, se habrán de restringir y violentar derechos humanos previstos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales, cuando se limite la neutralidad al Internet, al no ser tratado todos por igual y en forma equitativa por el uso de la red, por ejemplo, obtendrá mejor velocidad quien pague más a la empresa que proporcione el servicio. En tanto, las instancias gubernamentales podrán ingresar a los datos privados de los usuarios, como conocer sus mensajes, observar las páginas web que haya realizado, así como leer sus correos electrónicos, entre otros, sin una orden judicial, violentando diversos derechos humanos, como el de libertad, privacidad, intimidad, entre otros, que deben estar garantizados por Estado mexicano conforme a los mandatos constitucionales y tratados internacionales. [email protected]

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