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Cosas horrendas

26 de octubre, 2015

admin/La Voz de Michoacán

Cosas horrendas e injustificables están ocurriendo en nuestro país. El pasado lunes 19 de octubre por la tarde, en el pueblo de Ajalpan, Puebla, se verificó un incidente en el que dos desconocidos intentaron robarse a una niña. La queja de la menor alertó a los vecinos, quienes comenzaron a buscar a los supuestos roba chicos. Los pobladores encontraron a dos jóvenes que resultaban sospechosos porque estaban haciendo muchas preguntas. Se trataba de los hermanos José Abraham y Rey David Copado Molina, avecindados en el Distrito Federal y quienes habían sido contratados por la empresa Marketing Research&Services para realizar un trabajo de encuesta, lo que implica necesariamente la realización de preguntas a la población.

Alguien gritó: detengan a los “robachicos”, señalando a los dos hermanos encuestadores. Ya para entonces se trataba de un numeroso grupo de personas iracundas que buscaban a quién responsabilizar de los hechos denunciados, éstos, asustados por la acusación corrieron para escapar de la turba, por lo que los pobladores presumieron que ellos eran los culpables. Después de algunos golpes fueron rescatados por elementos de la policía municipal, pero la multitud que había sido convocada por las campanas de la iglesia, cohetones e incluso a través de Facebook, rebasó pronto la capacidad de los pocos elementos policiacos que resguardaban el edificio de la Presidencia Municipal.

No obstante que la niña que había denunciado los hechos no los reconoció como los presuntos secuestradores, eso poco importó a la turba enardecida que decidió hacer justicia por propia mano, golpeando salvajemente con machetes, palos y varillas a los encuestadores, determinando, en una simulación “democrática” por aclamación, prenderles fuego. La multitud se retiró hasta que los cuerpos dejaron de arder. Después se comprobó que los jóvenes eran inocentes y que realizaban trabajos para la empresa encuestadora.

En el estado de Puebla incidentes como este se han presentado con frecuencia, pero lamentablemente las autoridades y la prensa no le dan la relevancia y difusión debida por lo que la historia tiende a repetirse. El caso más conocido fue el de San Miguel Canoa, un pueblecito ubicado a sólo 12 kilómetros de la capital poblana en donde en septiembre de 1968 un grupo de 5 jóvenes trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla que realizaban una excursión fueron acusados sin fundamento por el párroco de la población de ser comunistas. Los jóvenes fueron golpeados y tres de ellos fueron linchados por la turba ignorante que obedeció la consigna del sacerdote criminal. Nadie fue encontrado responsable penalmente de esos hechos, los cuales se dieron a conocer por la película “Canoa” de Felipe Cazals producida en 1975.

Hoy, a cuarenta y siete años de ese triste y repudiable acontecimiento, en pleno siglo veintiuno, en plena era de la tecnología digital y de globalización que permite que todos estemos supuestamente mejor informados, siguen ocurriendo estos hechos de salvajismo extremo que no tienen ninguna justificación por más que se diga que la población está cansada de que las autoridades no hacen nada frente al aumento de la criminalidad. Sí, la población debe organizarse y exigir a las autoridades el cumplimiento de sus funciones, pero no puede sustituirlas en su responsabilidad de garantizar el orden, la paz pública, la persecución de los delitos y la impartición de justicia.

No podemos crear tribunales alternos que realicen juicios sumarios para matar a los supuestos criminales porque estaríamos cayendo en la aberración de pensar que podemos prescindir de la vida civilizada, de la vía pacífica para la solución de las controversias entre particulares y de la democracia para sustituir a los gobiernos. He visto comentarios estúpidos en las páginas de Internet que se alegran por lo que está pasando y pronostican que esto apenas empieza porque se está despertando el México bronco.

La preocupación de la sociedad por la inseguridad es real, en cualquier colonia de cualquier ciudad de nuestro país se pueden leer mantas elaboradas por supuestas organizaciones vecinales que advierten a los delincuentes que se cuiden porque ahí los vecinos sí están organizados para matarlos. Esto, aparte de que no puede ser, tampoco es cierto, las organizaciones vecinales no pueden ni deben competir con los criminales en cuanto a quien puede ejercer el mayor grado de violencia, debemos exigir a las autoridades constituidas que realicen las acciones necesarias para brindar a la población las condiciones de seguridad que requerimos y si no lo hacen debemos sustituirlas por otras que sí funcionen, pero la vía no es la violencia.

El caso de Ajalpan, Puebla, ocurrido el lunes de la semana pasada es un hecho de barbarie incalificable que no debe repetirse, por lo que las autoridades están obligadas a realizar una investigación pronta y escrupulosa para someter a los responsables a la acción de la justicia. Los medios de información, sobre todo la radio y la televisión, en tanto instrumentos que brindan un servicio público de vital importancia a la población, deben, por encima de su interés amarillista, dar una difusión suficiente e informada respecto de las consecuencias jurídicas de la participación de la población en actos de linchamiento para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir.

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