IMPRESO | RADIO | TELEVISIÓN

Morelia, Michoacán a 18 de enero de 2017
Morelia
Compra
Venta
USD

21.00

21.80

Discriminación rampante

27 de julio, 2015

admin/La Voz de Michoacán

Francisco Argüelles, Mary Medina, Carlos Cruz, Minerva Borja, Lupita Guerrero, Pedro Quezada Vázquez y Verónica Casillas, andaban de juerga el pasado fin de semana en un conocido centro nocturno de la ciudad de Ensenada Baja California. Cuando ya traían una copa de más a cuestas decidieron salir del antro para seguir la parranda en otro lado, pero a la salida se toparon con un indigente que traía atada una soga al cuello (seguramente ya otros juerguistas despiadados se habían ensañado con el menesteroso), por lo que a Paco se le ocurrió la puntada de tomar la cuerda y llamar a todos a tomarse una selfie, pero El Charly le dijo que no, que en la selfie no salían todos, por lo que uno de sus cuates tomó la foto.

“Fue pura puntada de borrachos, algo intrascendente que al ratito se te olvida; algo en lo que no comprometes ni tu forma de pensar, ni de ser, ni de actuar. Pura ocurrencia pues.” Se justificaba posteriormente una de las chicas que salió en la foto muy sonriente.

No saben cómo ni quién, pero la fotografía se la pasaron al encargado de un portal de noticias de Baja California llamado Plex el pasado martes 21 de julio. La foto se volvió viral. Las visitas a ese portal de internet fueron tantas que el sitio tronó por falta de capacidad de su servidor para recibir tanta consulta. Pero junto con ese portal de noticias tronó también la indignación de la sociedad en contra del grupo de parranderos que hicieron eso, según dicen, de manera inocente, así nomás por jugar.

Por lo pronto a Vero y a Pedro, dos de los que salen en la foto, ya les costó la chamba. Verónica casillas, quien trabajaba como defensora pública en el gobierno de Baja California, ya renunció; también lo hizo Pedro Quezada Vázquez, quien era director académico de la Universidad Xochicalco, y que no obstante el carácter privado de dicha institución, los directivos se vieron obligados a reprobar públicamente los hechos y a separar del cargo al funcionario.

A Francisco Argüelles, el hombre que aparece en la foto sosteniendo la soga, nadie lo puede correr pues él es su propio patrón, es propietario del restaurante Los Carbones ahí en Ensenada. A él y a los otros implicados en este penoso asunto no hay necesidad de que los corran de algún lado, cargarán con el estigma de ser malas personas y recibirán el escarnio público cuando no la ofensa y la agresión de algún ciudadano que se la tome en su contra. Nunca falta otro loco agresivo que crea que esto es lo que procede.

El miércoles pasado los siete implicados publicaron una carta donde se disculpan e intentan explicar y justificar los hechos desde su perspectiva, pero el comunicado no explica ni justifica nada, los hechos ahí están: se trata de un asunto típico de discriminación en el que un grupo de Juniors, ya no tan chamaquitos, humillan a un pobre hombre en evidente condición de abandono, sin camisa, con un pantalón sucio atado con una cinta, y se dice que en lugar de zapatos traía unas bolsas atadas a los pies; el menesteroso baja la cabeza mientras esa gente sonríe exhibiéndolo como si se tratara de un trofeo de guerra.

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en forma precisa que en nuestro país queda prohibida toda forma de discriminación motivada por cualquier causa, entre ellas: la discapacidad, la condición social, estado de salud, “o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Y para intentar dar cumplimiento a este principio se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la ley que regula y prevé las medidas cuando se trata de servidores públicos y la reparación del daño para quien incurra en cualquier tipo de conducta discriminatoria cuando se trata de particulares. Obviamente no se puede restituir el derecho vulnerado del indigente, pero la ley habla de una posible compensación por el daño ocasionado o una amonestación y/o disculpa pública.

En este caso ya no haría falta la disculpa pública, pues los involucrados ya se adelantaron y la ofrecieron sin reservas. Cabría sí, que se les obligara a compensar económicamente al menesteroso, y que se exigiera al gobierno de Baja California tomar las medidas necesarias  para dar una real protección y ayuda oficial a ese y otros indigentes que pudieran estar en similares condiciones de minusvalía. No sólo los particulares tienen la obligación de ser piadosos, más humanos y respetuosos con el menesteroso, el principal obligado es el estado, quien tiene una obligación de crear condiciones sociales menos injustas para erradicar la indigencia, pues los pordioseros son la personificación de la falta de protección a los derechos humanos más elemental.

Hay quien dice que todo lo queremos arreglar con leyes, pero que éstas no cambian la mente de las personas. Es cierto, las leyes por sí mismas no modifican la realidad, pero sí ayudan a fincar las bases para entender mejor un fenómeno como el de la discriminación, e iniciar una nueva etapa donde los hombres no cometamos impunemente actos que denigren la condición de otros seres humanos.

Estos pobres tipos, los Juniors de Ensenada, más que una sanción jurídica tendrán por un buen tiempo el estigma de ser la encarnación de la maldad en su propia tierra, porque las redes sociales no distinguen clases sociales para exhibir la estupidez.

[email protected]

Comparte la nota

Publica un comentario