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El combate a la delincuencia

6 de julio, 2015

admin/La Voz de Michoacán

Intentar acabar la hierba mala de tu jardín con un lanzallamas o un tractor resultaría mucho más dañino que si se intentara con las herramientas, el cuidado necesario y con las manos arrancar de raíz esa persistente maleza que se resiste a la eliminación.

Nadie pone en duda que una de las tareas primordiales del gobierno es acabar con la inseguridad que nos agobia y, en consecuencia, desterrar (sacar de estas tierras) a la delincuencia, que como la mala hierba, se reproduce de manera invasiva en cualquier resquicio sin que podamos exterminarla de una buena vez y para siempre. Resulta pues incuestionable la prioridad del gobierno de acabar con la delincuencia, pues la sociedad está cansada de este terrible mal.

Pero esta tarea no puede llevarse a cabo mediante el exterminio de los malhechores o todos aquellos que lo parezcan. La vida civilizada contemporánea exige el cumplimiento de una serie de lineamientos y directrices que se encuentran debidamente establecidos en las leyes y tratados internacionales que procuran garantizar ante todo la protección a los derechos humanos en el cumplimiento de estas tareas.

Combatir la delincuencia no quiere decir que las corporaciones encargadas de garantizar el orden público salgan a las calles a matar delincuentes. Eso significaría una regresión a la barbarie y olvidar siglos de historia donde el pensamiento y acción de grandes humanistas nos legaron la esperanza de un mundo menos violento y más justo.

Sólo la ignorancia y desesperación de muchos individuos, zafios y demasiado elementales en su visión del mundo, justifican las acciones de violencia extrema para combatir a la delincuencia (en las redes sociales exhiben con el mayor cinismo sus miserias mentales como si estuvieran revelando verdades indiscutibles al amparo del uso anónimo y democrático de esos medios).

A un año del bochornoso asunto de la masacre de Tlatlaya, cuando un comando del ejército mexicano mató a 22 presuntos delincuentes y justificó ante la opinión pública que se había tratado de un enfrentamiento, comprobándose posteriormente que por lo menos ocho habían sido aniquilados sin que hubiera enfrentamiento de por medio, pone en evidencia por lo menos tres cuestiones:

1ª, El Ejercito Mexicano no debe realizar tareas de persecución de los delitos.

2ª, Los organismos públicos encargados de garantizar la seguridad pública de la sociedad mexicana adolece de fallas estructurales graves y enormes rezagos en cuanto al cumplimiento de sus funciones.

3ª, Los miembros de las corporaciones policiacas y el ejército en todos sus niveles tienen una nula comprensión del significado de los Derechos Humanos.

Sólo mediante el reconocimiento de estas tres fallas se puede iniciar la sanación de este país, porque como en el caso de los alcohólicos anónimos, toda cura sólo es posible si se reconoce desde un principio que se es un enfermo.

Se dijo que el trabajo del ejército en el combate a la delincuencia era temporal. Ahora se pretende regular jurídicamente su intervención en estos asuntos, con lo que se legalizaría y haría permanente su intromisión en cuestiones que sólo competen a las autoridades no castrenses. El ejército debe estar en los cuarteles pues el entrenamiento que reciben va dirigido al enfrentamiento y aniquilación del enemigo, no a la colaboración en la impartición de la justicia, tarea más delicada.

El artículo 21 de nuestra Constitución refiere que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”; es decir, las policías deberían actuar bajo la dirección del Ministerio Público, como sus auxiliares, pero sucede que en la realidad, y no obstante lo que ordena nuestra Carta Magna, la policía opera de manera autónoma obedeciendo a mandos policiacos, mientras que su única vinculación con el Ministerio Público es a través de órdenes de investigación que se emiten por escrito. Todo esto, aunado a los bajos salarios que perciben y la nula preparación académica (con sus honrosas excepciones la mayoría de los elementos de nuestras corporaciones policiacas son desertores por reprobación de los diferentes niveles de instrucción educativa, o como ha quedado documentado, han llegado al grado de adquirir certificados falsos para obtener un cargo), los hace blanco fácil de la delincuencia organizada y la corrupción.

La ignorancia respecto al tema de los derechos humanos lamentablemente es un mal generalizado, pero adquiere relevancia cuando se trata de funcionarios cuyo trabajo requiere necesariamente de una comprensión y una sensibilización especial respecto a los derechos humanos. Lamentablemente la práctica en la investigación de los delitos en nuestro país está plagada de violaciones sistemáticas a los derechos de las personas que van desde el trato soez hasta la tortura “para la obtención de la verdad”. Muy al margen queda la metodología científica en las investigaciones.

El combate a la delincuencia requiere de toda un cambio en la mentalidad de la sociedad en su conjunto para ubicar a los Derechos Humanos en el lugar que les corresponde en el amplio espectro axiológico de los mexicanos, lo que supondría una estrategia de reordenación de nuestro deteriorado sistema educativo.

luissigfrido@hotmail.com

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