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Fayad y el uso del Internet

9 de noviembre, 2015

admin/La Voz de Michoacán

El senador priista Omar Fayad presentó el pasado martes 27 de octubre la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, pero más temprano que tarde tuvo que recular de su propuesta ante la ola de críticas que provocó. Le llovió de todo, lo menos que le dijeron fue que la ley está tan mal escrita y es tan absurda que parece de broma; que las propuestas de este senador son o para reír o para llorar pero no se pueden tomar en serio porque básicamente quiere criminalizar todo el Internet, en fin, la crítica fue tan severa que el senador por el estado de Hidalgo tuvo que declarar:“Si lo que quieren es que la queme, la quemamos, pero que no quede en la conciencia social y en las redes que quisimos hacer un intento de mordaza, eso jamás lo haría”.

El senador Fayad intentó defenderse afirmando que sus intenciones eran buenas porque existen una serie de delitos que se cometen por Internet y que a su juicio no están debidamente tipificados. Estos delitos son, dijo: la pornografía infantil; la suplantación de páginas bancarias o el robo de información de las computadoras; el grooming (el que un adulto se haga pasar por joven para seducir a un adolescente); la depredación sexual; la intimidación; la divulgación indebida de información personal; el ataque cibernético; el terrorismo informático; el ciberespionaje; la manipulación y violación de sellos digitales; la intromisión abusiva de la privacidad; la violación de correspondencia y mensajería electrónica, entre otros.

Hay quien afirma que la falla estriba no en la falta de regulación, sino en la ineficiente procuración de justicia y la inoperancia de las policías para sancionar estos delitos, pues parte del marco jurídico que se propone ya se encuentra contemplado en otros ordenamientos.

Lo cierto es que la tendencia mundial en el ámbito de las libertades y los derechos humanos va encaminada a garantizar de manera amplia su ejercicio y protección, por lo que cualquier intento restrictivo tiende a ser severamente cuestionado por los académicos, intelectuales y líderes de las organizaciones civiles que no están dispuestos a ceder ningún espacio de los derechos conquistados frente al poder.

Nadie pone en duda que se deban definir y combatir con eficacia todo tipo de delitos, cualquiera que sea la vía por la que se cometan. Si alguien, aprovechándose de sus conocimientos en informática crea una empresa fantasma y publicita productos de una magnífica calidad y a un bajísimo costo y engaña a un determinado número de usuarios de buena fe, que adquieren esas mercancías mediante el pago por transferencias electrónicas, para después desaparecer de los medios sin dejar rastro de su existencia, ese alguien debe de ser detenido y sometido a la acción de la justicia. Las autoridades deben contar con los elementos técnicos y jurídicos a su alcance para detectar y sancionar a los infractores cibernéticos. Pero no al precio de restringir las libertades de los usuarios del Internet. Ese es el gran reto.

La imaginación de los delincuentes va por delante de la preparación y la técnica de los órganos de procuración de justicia. La regulación jurídica de los delitos es, por necesidad, posterior a su producción en la vida cotidiana; es decir, el derecho siempre va a la zaga de los hechos sociales delictivos que regula. Por eso la dificultad teórica para realizar las adecuaciones legislativas. Los adelantos de la ciencia, la tecnología y la habilidad de los infractores de la ley para utilizar dichos avances con fines perversos, agarran desprevenidos a nuestros ingenuos legisladores que, con buena fe pero con grandes carencias, realizan sus modestas iniciativas de ley.

Un amante despechado que sube al Internet imágenes eróticas de su vida íntima sin el consentimiento de su pareja, con el fin de dañar o causar una deshonra de su anterior querencia, por supuesto que debe ser sancionado y los órganos de procuración de justicia deben contar con los elementos técnico jurídicos para tal fin. No deben quedar lagunas de interpretación para sancionar a quien, por medios electrónicos exhiban la vida íntima de nadie o realicen acciones de intromisión abusiva a la privacidad de las personas, en eso no debe caber la menor duda. Pero no debemos aprovechar el perfeccionamiento de la ley para poner en riesgo las libertades ciudadanas y el uso del Internet.

Por otra parte, no quiero dejar de comentar el uso deficiente que hacemos de nuestras libertades. Se dice, y con mucha razón, que los mexicanos confunden en Internet la libertad de expresión con agresión. Sí. Las páginas de las redes sociales están llenas de improperios y exabruptos de la más baja ralea. Lamentablemente no se puede encontrar en nuestro país un espacio cibernético público donde se debatan ideas y conceptos de altura. Podemos encontrar el más inteligente razonamiento de un intelectual, junto a la respuesta discriminatoria, ofensiva e intolerante del más barbaján de los hombres, y esto tampoco es regulable sin afectar el uso de las libertades ciudadanas.

 

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