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Lo posible y lo deseable

12 de octubre, 2015

admin/La Voz de Michoacán

El problema de la regulación jurídica de las marchas y plantones está envuelto en el problema de la realidad posible y la deseable; una cosa es lo que pensamos que debería ser y otra la posibilidad real de llevarlo a la práctica. La diferencia entre una y otra estriba en su grado de factibilidad, la posibilidad de hacerlo viable, útil y práctico, o hacer algo inviable, inútil e inservible.

¿Para qué hacer una ley que prohíba la existencia de la pobreza? Eso, evidentemente no se acaba por decreto. Parecido es el caso del artículo 4º de nuestra Constitución que consagra el derecho de toda persona a tener una la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual tiene un carácter eminentemente declarativo pues resulta difícil la tarea de hacer efectiva la posibilidad real de que todo mexicano esté bien alimentado. No se trata pues de un problema jurídico, sino de otro con implicaciones de carácter económico, social y político.

Los excesos, abusos e ilícitos que se cometen muchas veces bajo el pretexto de un justo reclamo social, llega a exasperar a amplios sectores de la sociedad que se sienten agraviados por los bloqueos y desmanes de quienes los realizan. “Deberían prohibir las marchas”, dicen con ingenuidad algunos ciudadanos que sienten molestia por la expresión de quienes dicen sólo hacer uso de sus libertades y derechos ciudadanos.

La molestia de amplios sectores de la sociedad es real, lo que resulta iluso y hasta inconstitucional es acotar las libertades de asociación, expresión, tránsito y de protesta, las cuales se podrán ejercer sin ninguna restricción salvo cuando se afecten derechos de tercero, se cometa algún delito, se perturbe orden público o se ejerza algún tipo de intimidación o amenaza para obligar a la autoridad a resolver en algún sentido, según dice el texto de nuestra Constitución Política.

Carece de sentido proponer una ley que diga que se sancionarán los ilícitos cuando estos ya están claramente tipificados en la ley, lo que se ha requerido siempre es voluntad política para ejecutar las acciones que lleven a la sanción. La legislación vigente podría servir para los propósitos de quienes quieren intervención de las autoridades cuando los marchistas afectan derechos de tercero o cometen algún delito.

Lo deseable para muchos sería que los marchistas aprendieran a manifestarse de manera ordenada y sin proferir consignas que lastimen la castidad de nuestros oídos; que no se apoderaran por semanas y hasta meses de las plazas públicas y que pudiéramos restringir sus protestas sólo al horario vespertino; que marcharan arriba de las banquetas o utilizando la mitad de la calle para no paralizar totalmente el tráfico vehicular, o que den vueltas en círculo en las plazas públicas portando pancartas individuales hechas de cartulina sostenidas con un palito al modo como podemos observar que lo hacen los manifestante en el vecino país del norte. Sí, eso quizá sería lo deseable y quisiéramos que una ley reglamentaria de las marchas y plantones lo resolviera pero, insisto, este no es un problema de leyes, es un problema de civilidad con implicaciones de carácter económico, social y político.

Todo ciudadano con dos dedos de frente siente indignación cuando los marchistas pintarrajean los edificios públicos y privados del centro histórico de la ciudad de Morelia. Resulta irritante porque sabemos que causan un daño irreparable al patrimonio que no sólo es de los mexicanos sino de la humanidad entera. Solamente las hordas de Atila y Hitler causaron tanto daño sin sentir remordimiento. Desde hace muchos años las autoridades de los diversos partidos que han gobernado la ciudad  han buscado un solvente que diluya el grafiti sin dañar los muros de cantera, los ingenieros químicos e investigadores más prestigiados de la Universidad Michoacana han colaborado en esa afanosa búsqueda sin ningún resultado.

Sin embargo, pese a la indignación que sentimos frente a esos actos vandálicos, debemos pensar que no es con la creación de una nueva ley como vamos a combatir esos excesos, el artículo 332 del Código Penal vigente en el Estado de Michoacán establece claramente una sanción de “tres a veinte días de salario, a quien, por cualquier medio, cause daño a cosa ajena o propia en perjuicio de tercero”, y agrega dicho artículo, que “cuando el delito de daño en las cosas se consume en edificios públicos o que por su valor histórico o arquitectónico formen parte del acervo cultural del Estado, se sancionará con prisión de dos a ocho años y multa de veinte a cincuenta días de salario”. Por lo tanto carece de sentido hacer una nueva ley para sancionar a los marchistas que dañen los edificios del centro histórico, bastaría con que se aplicara la legislación vigente.

Y así sucede con los demás excesos que comúnmente cometen los manifestantes. Nuestra legislación penal ya prescribe sanción para quienes cometan los delitos de rebelión, sedición, motín, robo, ataque a las vías de comunicación, etc., por lo que no hace falta la expedición de una nueva ley que correría el riesgo de ser declarada inconstitucional por limitar la libertad. En todo caso lo que se requeriría es la aplicación de la legislación vigente, lo que implica una gran dificultad de carácter político porque necesitaríamos convertir los estadios en cárceles. No es con la macana como vamos a resolver los problemas sociales, se precisa sensibilidad y trabajo político.

 

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