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A PROPÓSITO DE…

17 de mayo, 2017

Redacción web/La Voz de Michoacán

Condenar, instruir, reiterar

Martha REVUELTA MORALES S.

Condenar el hecho, dar indicaciones a las autoridades y refrendar compromisos.

Lo anterior es laforma habitual en que reacciona el presidente Enrique Peña Nieto en medios impresos y electrónicos, en aquellos hechos violentos -cada vez más continuos- donde sus asesores de comunicación intuyen revuelo por unos días; también usada por gobernadores y presidentes municipales del PRI, PAN, PRD, anexos y similares.

Luego, como el título de aquella exitosa canción de Julio Iglesias: “la vida sigue igual”.

Como muestra, lo expresado el pasado lunes por Enrique Peña Nieto sobre la muerte del reconocido periodista Javier Valdez; la semana anterior, el gobernador de Tamaulipas dijo prácticamente lo mismo, con relaciónal asesinato de la activista Miriam Rodríguez Martínez.

“Condenar” es pronunciar sentencia por parte de un juez. En otras acepciones: forzar a alguien a hacer algo penoso; reprobar algo que se tiene por malo; tabicar una habitación; cerrar un lugar de paso; echar a perder algo; molestar, exasperar, etcétera.

Posiblemente lo que pretenden los políticos que se entienda cuando dicen condenar algo, acompañado del adjetivo “enérgicamente” o sin él, es cercano a lo que asentó María Moliner en su diccionario de uso del español: tachar a una persona o una acción de moralmente mala, indebida o injusta, y mostrarse opuesto a ello.

Sin embargo, es inútil y vergonzoso ese afán de manifestar una supuesta indignación por hechos violentos que, precisamente, es su obligación evitar.

Consecuencias obvias de una deficiente gestión pública, dentro de la que se incluye indolencia, tibieza o probable complicidad con grupos de la delincuencia organizada que azotan la vida, salud y seguridad de miles de mexicanos en su día a día.

Difícil no asociarles con algunos antiguos dichos populares, como “¡A buenas horas, mangas verdes!” (atuendo del cuerpo policial Santa Hermandad del siglo XV, que solía llegar tarde al auxilio) o, “dorar la píldora”, práctica de boticarios que antaño bruñían al fuego unas bolitas purgativas para enmascarar su amargo sabor.

Si realmente quisieran los que nos gobiernan que la impunidad no campeara en su periodo, tendrían que concretarse a ejercer su misión. El artículo 21 constitucional señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías; es decir, al trabajo de las instituciones que procuran justicia. La federal, al mando del presidente; las estatales, bajo la supervisión de gobernadores.

Tan graves como esos pronunciamientos de “condena enérgica”, mejor conocidos como discursos de verborrea (verbosidad excesiva, según el diccionario), son las prácticas de nuestras autoridades que intentan denigrar a las víctimas en la etapa de investigación del delito con supuestos móviles personales; presentar chivos expiatorios; “sembrar indicios”, o lo que se les ocurra.

“El fin justifica los medios”, dijo una vez alguien que no había leído a Maquiavelo, pero lo citaba, creyendo que la oportunidad de estar en una posición privilegiada dentro de la administración pública, e incluso, aspirar a otros cargos, debía aprovechar: un salario jugoso, viáticos amplios que le permitían aumentar sus inversiones, además de consumir whisky y coñac cada tarde con cargo al erario, obtener servicios de compañía, mandar flores a la pareja, y enviar a los hijos a estudiar al extranjero.

Se dice que la conocida frase atribuida a Maquiavelo es en realidad de Napoleón, al escribirla en la última página de su ejemplar del libro “El Príncipe”. Expertos en historia indican que es del teólogo Hermann Busenbaum: “Cum finis est licitus, etiam media sunt licita” (Cuando el fin es lícito, también son los medios).

El anuncio que dejan entrever esos funcionarios a quienes les mantenemos a través de nuestros impuestos, es que únicamente cuando ocurre un hecho violento trascendente, se justifica dar instrucciones para que se investigue, con apoyo eventual de fuerzas federales; o peor, que abundan casos donde somos números; “no se permitirá que la muerte de Miriam Rodríguez sea una estadística más”, en palabras del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca en su cuenta de Twitter.

Es una horrenda mentira que se diga que todos los mexicanos somos iguales ante la ley, aunque lo ordene el artículo cuarto constitucional, porque exclusivamente en ciertos casos , quienes gobiernan, tienen que anunciar al mundo que girarán instrucciones para indagar un delito, aunque investigar de manera objetiva sea parte de sus obligaciones.

Si desapareces, desaparezco o desaparecemos, todo ese andamiaje que sostenemos con votos e impuestos, no harán nada, porque la mayoría somos “hijos de vecino”, estadísticas o víctimas colaterales.

Él quería que su madre dejara de tronarse los dedos y las palmas de las manos de tanto que lavaba; ese día le ofrecieron un cigarro de mota, atizó el gallito y se puso loco; regresó a su casa, todavía con las alas puestas. Le dijo a su mamá, te voy a comprar tu lavadora; regresó con la banda y le dio el sí al patrón. Pensó que era como tumbar monitos de plomo en los juegos de la verbena y ganarse un oso grande de peluche. Él iba delante, en el primer convoy. Fue de los primeros que cayó, quedó en el monte, tirado y boca arriba. Balbuceó cuando lo levantaron para llevarlo al hospital, con los ojos entre abiertos: “no podré comprarte la lavadora, mamá”.

De estas y otras miserias de la realidad mexicana escribía cotidianamente Javier Valdez. (La lavadora, 1 de mayo de 2017; riodoce.mx). Esa voz que supo poner palabras donde faltaban; para silenciarlo se necesitó plomo.

No únicamente son víctimas del lamentable sistema quienes mueren sin que medie un mínimo esfuerzo por esclarecer los hechos, enarbolan una causa, o los miles de desconocidos que son parte de estadísticas; también esos jóvenes que recluta la delincuencia organizada, aprovechando su inmadurez, hambre, adicciones y sueños.

Condenar, instruir, reiterar. ¿De verdad, esa trilogía o fórmula magistral sirve para algo?

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