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Chivos expiatorios

6 de agosto, 2015

admin/La Voz de Michoacán

Algo casi igual de atroz que arrebatar la vida de manera violenta a seres humanos, es la falta de confianza en las autoridades responsables de investigar los sucesos, determinar las causas, lograr la identidad del o los probables responsables y sus nexos; luego, que sean juzgados todos los involucrados, reparen el daño si las pruebas demuestran que son culpables; y finalmente, sean resocializados mediante un sistema eficaz, para que cuando logren su libertad, no reincidan.

Esto lo experimentamos continuamente en México. Por mencionar algunos pueblos donde se ha sufrido en los últimos tiempos la barbarie: Ayotzinapa, Apatzingán, Tlataya, Ostula. Por mencionar unos cuantos nombres de personas que fueron víctimas de la violencia: Herón Sixto López, Leticia Tapia Guerrero, Alberto López, Raúl Lucas Lucía, Gloria Álvarez Bautista, Manuel Ponce Rosas, Rubén Espinosa Becerril, Yesenia Quiroz Alfaro. Por mencionar posibles causas de este flagelo que no tiene fin: abuso de autoridad, corrupción, engaño, urgencia de conseguir insumos para la siguiente dosis de droga, venganza, delincuencia organizada.

“México, una tierra que no para nunca de sangrar”, es la descripción que hizo Roberto Saviano, periodista y escritor italiano, en su libro “Cero Cero Cero. Cómo la cocaína gobierna el mundo” (Anagrama, Barcelona, 2014).

Y en efecto, son ya muchos años en que los habitantes de este país -independientemente de su ocupación-viven día a día con miedo a perder de manera violenta la vida, de forma injusta la libertad o los bienes patrimoniales. A lo anterior se le suma el temor a presenciar de cerca, o en terceros, la indiferencia e impunidad de parte de las autoridades.

Desde hace tiempo se ha sostenido, a través de diversas publicaciones oficiales y de índole académico o social, que el mayor nivel de confianza a nivel nacional lo tienen el ejército, las iglesias y los maestros.

En específico, el Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México (2014) publicado en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral, además de que por debajo de ellos, están las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos, los centros de ayuda para tratar las adicciones, las organizaciones vecinales, el Gobierno Federal, los medios de comunicación, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, la policía, los empresarios, los jueces, los sindicatos, los partidos políticos y, finalmente, los diputados.

No sé a ciencia cierta si esa percepción continúa en la actualidad; incluso, me atrevería a pensar que “visto lo visto”, para varios de nosotros algunas de las instituciones que contaban con mayor credibilidad, hoy día están en inferior posición; asimismo, otras que eran poco confiables, se encuentran más allá del sótano.

Contamos con innumerables instrumentos legales en el país, también con fiscalías especializadas, planes estratégicos, compromisos, convenios y un gasto impresionante en temas de seguridad pública; sin embargo, la impunidad sigue prevaleciendo, máxime en aquellos sucesos donde están involucradas personas ligadas a los poderes que mandan en este país (intereses políticos, monopolios económicos y delincuencia organizada).

En el caso de las cuatro mujeres y un hombre, recientemente asesinados en la Ciudad de México, no sabemos lo que resuelvan las autoridades luego que cuenten con los medios de prueba recabados; pero sí intuimos que en el caso de determinarse que no está implicado en su autoría Javier Duarte, actual gobernador de Veracruz, la investigación no será confiable, independientemente de que pudiera ser cierto distinto móvil. Esto porque ya no creemos en la justicia mexicana, y eso es grave y muy triste.

“Cría (o cobra buena) fama y échate a dormir”, dice el refrán, refiriéndose a que una vez lograda la buena reputación, poco trabajo cuesta conservarla, porque después no se da crédito a la evidencia que demuestre lo contrario. Su antónimo, que es nuestro caso: “La mala llaga sana, la mala fama, mata.”

La mala fama del sistema de justicia en México no es infundada. Como muestra, la resolución judicial que absolvió a los cuatro procesados por el atentado ocurrido el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, donde hubo ocho personas fallecidas y más de cien lesionados.

Sé que ya he mencionado este acontecimiento, y no será esta la última vez, porque la decisión judicial que en mayo del presente año puso en libertad a los supuestos responsables de colocar objetos explosivos (granadas) durante los festejos patrios, pone en evidencia a la autoridad: tortura, violación a los derechos humanos y fabricación de pruebas.

Y lo anterior abarca a las tres principales fuerzas políticas del país. El gobierno federal estaba en ese tiempo en manos del PAN, el estatal en las del PRD, y la gestión del proceso en el periodo del PRI, que a través de su titular en la PGR, dijo impugnaría tal resolución, por no estar de acuerdo.

Es lamentable que en pleno siglo XXI, las autoridades mexicanas no sean capaces de realizar un trabajo científico y ético en el que pueda confiar la sociedad, y se recurra a la figura de “chivos expiatorios”, para intentar engañarla.

El origen de esta expresión está en la liturgia judía, que consistía en elegir dos machos cabríos (chivos), y mediante el azar designar al animal que debía sacrificarse; mientras uno recibía los honores, el otro debía soportar la culpa de todos los pecados, siendo abandonado en el desierto, no sin antes apedrearlo. De esta forma, tal práctica eliminaba el pecado.

Cuando uno ve series, generalmente norteamericanas sobre investigación de crímenes, ya sean de ficción o documentales, siempre existe un error que permite descubrir al posible culpable: su ADN en la escena del crimen, un cabello de la víctima debajo de la alfombra del asiento trasero de su vehículo o cajuela; sangre en la pared o el apagador;la motivación del suceso por cobrar un seguro de vida, beneficiarse de cuentas financieras o encubrir otros hechos.

En México, no existe un programa televisivo que vanaglorie el trabajo de policías y peritos especializados, porque poco o nada se respeta el oficio ni sus hallazgos, aunque seguramente existen personas íntegras y profesionales que cumplen fielmente con su misión, obligados algunas veces a cambiar sus informes si quieren conservar el empleo.

Como conclusión, lo que diga la autoridad quedará en tela de duda, hasta el día que volvamos a confiar en ella.

Mientras tanto, que no se empañe la indignación por aquellos que han perdido la vida, la libertad u otros derechos de manera injusta.

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