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Antecedentes del Artículo 3° Constitucional (2ª. Parte)

12 de junio, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Por: Miguel ángel Martínez Ruiz

La Constitución de 1857 no había dejado plenamente satisfechos a los liberales. Prueba de ello fueron las leyes de Reforma. En materia de educación, en 1861, el presidente Juárez expide una Ley de Instrucción Pública, en la que se destaca lo siguiente: La creación y mantenimiento de escuelas de instrucción primaria, la organización de planes de estudio para todos los niveles de instrucción, los procedimientos para exámenes, las obligaciones de los profesores y la administración de los fondos escolares. Es conveniente señalar que en esta legislación se habla por primera vez de mantener la educación ajena a cualquier culto religioso.  En diciembre de 1867, el gobierno del Presidente Juárez expidió la Ley de Instrucción Pública, en la que se reglamenta el carácter gratuito y obligatorio de la enseñanza elemental, con base en la cual se funda la Escuela Nacional Preparatoria como la institución más representativa delnuevo cauce de la educación. Tanto la Ley del 2 de diciembre de 1867 como la Ley Orgánica de Instrucción Pública del 15 de mayo de 1869, dieron a la educación en México las tres características por las que había pugnado el liberalismo: obligatoria, gratuita y laica. A las instituciones se les agregaba el epíteto de nacional, para darles un carácter oficial, ajeno a toda institución religiosa. De ahí surgieron la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional para Maestros, la Escuela Nacional de Agricultura, etc.

                Teóricamente, el laicismo, como cuerpo de doctrina que aspira a independizar la escuela de los dogmas religiosos y de las organizaciones eclesiásticas, nace con la Revolución Francesa. Claro que, como ocurre con toda teoría, no aparece de pronto en un momento histórico articulada y madura, el laicismo no surgió por generación espontánea un buen día en las mentes de los revolucionarios de la legislatura. Obedecía, sin duda, a motivaciones antiguas, a necesidades ideológicas y prácticas que databan de principios del siglo XIX en nuestro país.

Porfirio Díaz jamás respetó la Constitución de 1857 y las leyes que de ella emanaron. Este fue uno de los motivos por los cuales se inició la Revolución Mexicana, cuyos hechos históricos son tan diversos y las situaciones tan complejas que no se pueden exponer cabalmente en un breve artículo periodístico, es necesario recurrir a las fuentes para adquirir una idea más o menos cabal de las motivaciones, el desarrollo de la lucha armada, las aspiraciones de los principales caudillos, además de los auténticos anhelos populares, los cuales hasta ahora no han sido satisfechos.  Las aspiraciones expresadas por los diferentes grupos que participaron en esta lucha, con la pluma o con las armas, plantearon la necesidad urgente de concretarlas en un documento para garantizar el futuro cumplimiento de los anhelos populares al convertirlos en postulados constitucionales.

Es incuestionable que el cuerpo legislativo con mayor capacidad polémica fue el de 1917. Los diputados constituyentes, después de muchísimas sesiones sumamente acaloradas, aprobaron  el Artículo 3° por 99 votos contra 58.,  el cual manifestaba: “La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de ningún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.”

Así permaneció hasta el la primera iniciativa de reforma al artículo 3° constitucional, la cual se llevó a cabo durante la sesión que tuvo lugar el 30 de noviembre de 1934, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de ese mismo año. Dicha reforma consistió en darle a la educación un carácter socialista, excluyendo las doctrinas religiosas con la finalidad de combatir el fanatismo y los prejuicios. Se pretendió, además, crear en la juventud “un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.” También se atribuyó la exclusividad del Estado -la Federación, las entidades federativas y los Municipios- para impartir la educación primaria, secundaria y normal. En el caso de los particulares interesados en impartir educación se les establecieron normas, siendo las principales: Que se sujetaran a lo indicado respecto a la educación socialista. Por lo tanto, las personas relacionadas con los cultos religiosos tendrían prohibida su intervención en actividades de carácter educativo dentro de las instituciones privadas. Asimismo la formación de programas, planes de estudio y métodos de enseñanza serían una función exclusiva del Estado, el cual sería el único facultado para otorgar autorizaciones a particulares que desearan dedicarse a la impartición de la educación primaria, secundaria y normal. También conservó la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria. Esta reforma trajo como consecuencia un conflicto entre la sociedad civil y el magisterio nacionales, pues el clero político manifestó abiertamente su oposición y promovió el rechazo a la aplicación de esta reforma. “El arzobispo de México, Pascual Díaz, expidió una carta pastoral el 30 de abril de 1934 en la que convocaba a todos los católicos a impedir, por cuantos medios lícitos estuvieran a su alcance, que se estableciera y difundiera la enseñanza socialista, so pena de excomunión a quienes incurrieran en este delito de herejía. Igual amonestación hacia los maestros”. Hubo una campaña antirreligiosa; difusión ideológica de tipo socialista a través de medios impresos en los que se involucraba a los educandos, como el suplemento “ABC. Socialismo para uso de los niños campesinos”, también el diario “Redención” hablaba de que “Solo la educación racionalista educa”; la exaltación de un reparto más equitativo de la riqueza; el reparto agrario; una campaña anti-alcohólica, etc., se fomentaba también el cooperativismo, el trabajo en pequeñas agroindustrias, ya que a las escuelas se les dotaba de una pequeña parcela como una expresión de las ideas socialistas, lo mismo que tareas de economía doméstica, botiquín de primeros auxilios, medidas de higiene, deportes, siembra de árboles, caja de ahorro, elaboración de artículos propios del hogar. En fin, se buscaba la capacitación para el trabajo en todas las áreas posibles. Se integraban bibliotecas escolares, teatros, canto individual y en coros, aprendizaje de dibujo y pintura, etc.

Durante la instrumentación de la educación socialista, los maestros tuvieron que enfrentar problemas muy graves, pues todavía quedaban resabios del movimiento “cristero”, el cual resurgió con motivo de esta reforma al artículo 3° constitucional, y provocó la actitud inhumana, anticristiana y nefasta del clero político en contra de los humildes y desamparados maestros que, obedeciendo las órdenes del gobierno, trataron de seguir la política señalada, y muchos fueron asesinados, otros desorejados y las maestras mancilladas brutalmente por individuos sin escrúpulos, víctimas de la ignorancia y el fanatismo. Sin embargo, el gobierno no cedió y hubo avances significativos en la educación básica, normal y universitaria. A estas se incorporó la educación tecnológica con la fundación del Instituto Politécnico Nacional a principios de 1937.

Por considerar que no había congruencia entre el artículo 3° Constitucional y la realidad, es decir, la práctica educativa, el presidente Manuel Ávila Camacho pensó en la conveniencia de modificarlo, valiéndose del intelectual Jaime Torres Bodet que desempeñaba el cargo de Secretario de Educación. Este hecho produjo diversas reacciones: algunas en pro y otras en contra.

                El propio Jaime Torres Bodet dice en sus memorias: “…Era apremiante redactar, sin demora, un texto nuevo para el artículo tercero de la Constitución Política del país. Las ideas fundamentales de la posible reforma habían sido discutidas por mí con el Presidente Ávila Camacho, desde el verano de 1944. Don Manuel –siempre espontáneo y sincero en sus inquietudes y en sus gestiones— quiso conocer la opinión de quien había asumido valientemente la enmienda hecha a ese artículo en 1934. Se trataba,  nada menos, que del licenciado Narciso Bassols. El 30 de agosto de 1944, con tanta franqueza como la de don Manuel, me envió una carta que reproduzco en nota, y que  -según apreciarán los lectores- definía muy claramente su posición  frente al caso planteado para el gobierno.

Esa misiva dice, entre otras frases, las siguientes: “Si bien nunca fui, ni como Secretario de Educación, ni como ciudadano, un propugnador de la reforma del Artículo 3° Constitucional, sí soy el autor de su texto y por lo tanto, responsable de la redacción que ofrece. Enfoqué y conduje la reforma del Artículo 3° en 1934, partiendo de la base de que se trataba de un hecho político definitivamente consumado en la Convención de Querétaro de fines de 1933, y al cual todos los miembros del régimen revolucionario teníamos –y tenemos-  que enfrentarnos con un criterio al mismo tiempo realista y solidario…Situados dentro de la realidad, debemos pensar muy bien lo que significará proscribir el ideal socialista de la educación… Hoy día, quitar la palabra, equivaldría forzosamente a tanto como eso. ¿Tiene la humanidad otra meta mejor? Si el movimiento social mexicano abjura de esa ruta, ¿cuál podrá tomar? Asignarle finalidades puramente democráticas es mucho más vago aún, lo dejaría sin sustantividad y sordo a las aspiraciones profundas del pueblo.Por ese camino se iría a dar, buscando la unidad nacional, al despeñadero de la guerra civil, antes de un año.”

“El general Ávila Camacho leyó atentamente los diversos borradores del anteproyecto, al cual –de acuerdo con sus últimas instrucciones- dimos forma definitiva el jueves 13 de diciembre de 1945. Él fue  quien decidió encargarse de hablar con los diputados y senadores capaces de ejercer influencia mayor en el curso de los debates de las dos Cámaras.

De diversas entrevistas que sostuvo el titular del Ejecutivo para intercambiar opiniones con algunos líderes obreros, campesinos y empresariales, aceptó una relacionada con la gratuidad de la educación. Al respecto Torres Bodet consigna: “…después del párrafo en que se declaraba obligatoria (y gratuita) la educación primaria, se añadiría un nuevo apartado – el número VII-, estableciendo que “toda la educación que el Estado imparta será gratuita.”  Lo cual significaba que todos los otros niveles serían completamente gratuitos; motivo por el cual, el entonces secretario de Educación Pública se hizo la siguiente reflexión: “Me incline ante sus razones, aunque no sin hacerle ver que esa frase –muy generosa- suscitaría, a la larga, serias dificultades. Si, en 1945, con una población de menos de veintitrés millones de  habitantes, nuestro sistema de educación primaria era tan raquítico todavía –y resultaban tan escasos nuestros planteles de nivel medio-, ¿qué ocurriría en 1965 o en 1980? Nuestra actual realidad es la mejor respuesta a esta pregunta.

 

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