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Antecedentes del Artículo 3° Constitucional (Primera parte)

5 de junio, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Miguel Ángel Martínez Ruiz / La Voz de Michoacán

En plena guerra por lograr la Independencia de México,  se promulga la Constitución de Cádiz de 1812, la cual rigió la vida de la Nueva España. Dicho documento contiene seis artículos dedicados a la educación: El artículo 366 dice: “En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.” Es obvio que no le da un carácter obligatorio ni tampoco incorpora a la mujer como beneficiaria de este derecho. El 368 establece: “El plan general de enseñanza será uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las Universidades y establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas.” Los artículos 369 y 370 precisan algunos aspectos de carácter administrativo al señalar: “Habrá una Dirección general de estudios, compuesta de personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estará bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública.” Y el 370 dice: “Las Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán cuantos pertenezcan al importante objeto de la instrucción pública.” Sobre este tema, la Constitución concluye mencionando en el artículo 371, dedicado a la libertad de expresión, el cual dice: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.”

La primera constitución mexicana que fue promulgada el 22 de octubre de 1814 en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, la cual dedica dos artículos a la educación: Art. 39. “La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder.[…] Art. 40. “En consecuencia, la libertad de hablar, de discurrir y de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en sus producciones ataque el dogma, turbe la tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciudadanos.”

Durante el efímero Imperio de Agustín de Iturbide, se estableció el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, en el cual se menciona la palabra educación: Art. 54.- “Los jefes políticos exigirán de los ayuntamientos el cumplimiento exacto de sus obligaciones, detalladas en la instrucción de 23 de junio de 1813, para el gobierno económico-político de las provincias, y vigilarán muy particularmente sobre la policía de la imprenta, y de las casas de prisión o de corrección; sobre la dedicación de todos a alguna ocupación o industria, extirpando la ociosidad, vagancia, mendicidad y juegos prohibidos; velarán sobre la introducción de personas extrañas y sospechosas sobre el respeto debido al culto y buenas costumbres; sobre la seguridad de los caminos y del comercio, sobre el porte de armas prohibidas, embriaguez, riñas, atropellamientos y tumultos; sobre la salubridad de las poblaciones, su limpieza y alumbrado; sobre el buen régimen de los establecimientos de beneficencia y educación; sobre el buen orden de los mercados, legitimidad de la moneda, peso, medida y calidad de las provisiones y generalmente sobre cuanto conduzca al fomento, comodidad y esplendor de los pueblos.” Al finalizar el documento se dice: Art. 99.- “El Gobierno con el celo que demandan los primeros intereses de la nación, y con la energía que es propia de sus altas facultades expedirá reglamentos y órdenes oportunas conforme las leyes, para promover y hacer que los establecimientos de instrucción y moral pública existentes hoy, llenen los objetos de su institución, debida y provechosamente, en consonancia con el actual sistema político.”

El Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824, indica: Art. 13. “Pertenece exclusivamente al congreso general dar leyes y decretos. I. Para sostener la independencia nacional y proveer a la conservación y seguridad de la nación en sus relaciones exteriores. II. Para conservar la paz y el orden público en el interior de la federación, y promover su ilustración y prosperidad general.”

En la Sección Quinta de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de  1824, aparecen las siguientes facultades y obligaciones en materia educativa: Artículo 50. Las facultades exclusivas del Congreso general son las siguientes: “I. Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina; artillería e ingenieros, erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados. “II. Fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales, o su mejora, sin impedir a los estados la apertura o mejora de los suyos, estableciendo postas y correos, y asegurando por tiempo limitado a los inventores; perfeccionadores o introductores de algún ramo de industria; derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones. “III. Proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo que jamás se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los estados ni territorios de la federación.”

En las llamadas Siete Leyes, promovidas por Antonio López de Santana para adoptar el sistema centralista,  se encuentran algunas normas para la actividad educativa. LA SEXTA LEY en el artículo 14 tiene algunos apartados sobre la educación, la cual señala: “Toca a las Juntas departamentales: 1º Iniciar leyes relativas a impuestos, educación pública, industria, comercio, administración municipal y variaciones constitucionales, conforme al art. 26 de la tercera ley constitucional.”  “3º Establecer escuelas de primera educación en todos los pueblos de su Departamento, dotándolas competentemente de los fondos de propios y arbitrios, donde los haya, e imponiendo moderadas contribuciones donde falten.”  “5 º Dictar todas las disposiciones convenientes a la conservación y mejora de los establecimientos de instrucción y beneficencia pública, y las que se dirijan al fomento de la agricultura, industria y comercio. Pero si con ellas se gravare  de algún modo a los pueblos del Departamento, no se pondrán en ejecución sin que previamente sean aprobadas por el Congreso.” Art. 25. “Estará a cargo de los Ayuntamientos la policía de salubridad y comodidad: cuidar de las cárceles, de los hospitales y casas de beneficencia, que no sean de fundación particular, de las escuelas de primera enseñanza que se paguen de los fondos del común, de la construcción y reparación de puentes, calzadas y caminos y de la recaudación e inversión de los propios y arbitrios: promover el adelantamiento de la agricultura, industria y comercio y auxiliar a los Alcaldes en la conservación de la tranquilidad y el orden público en su vecindario, todo con absoluta sujeción a las leyes y reglamentos.”

En 1843,   “ANTONIO LÓPEZ DE SANTA-ANNA, Benemérito de la Patria,(sic) General de División, y Presidente provisional de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: Que la Honorable Junta Nacional Legislativa, instituida conforme a los supremos decretos de 19 a 23 de diciembre de 1842, ha acordado, y yo sancionado con arreglo a los mismos decretos, las siguientes: BASES DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, cuyo título IV se refiere a las facultades del Poder Ejecutivo y en su  Artículo 93 prescribe que  “El despacho de todos los negocios del Gobierno estará a cargo de cuatro ministros, que se denominarán, de relaciones exteriores, gobernación y policía; de justicia, negocios eclesiásticos, instrucción pública e industria; de hacienda, y de guerra y marina.”

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 se reconocen los derechos humanos, y el artículo 3 dice: “La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir.” También ahí se consignan  otros derechos que se citan por su importancia: Artículo 4. “Todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro se le podrá impedir sino por sentencia judicial cuando ataque los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad.” Artículo 5. “Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que el hombre pacte su proscripción o destierro.” 6. “La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque a algún crimen o delito, o perturbe el orden público.” Artículo 7. “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho, y por otro que aplique la ley y designe la pena.”

El artículo 32 dice: “Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para todos los empleos, cargos o comisiones de nombramiento de las autoridades, en que no sea indispensable la calidad de ciudadanos. Se expedirán leyes para mejorar la condición de los mexicanos laboriosos, premiando a los que se distingan en cualquier ciencia o arte, estimulando al trabajo y fundando colegios y escuelas prácticas de artes y oficios.”

Todo lo anterior fue consecuencia de un proceso histórico que viene desde la consumación de la Independencia de México, y cuando  la nación recién surgida a la autonomía parecía no tener un rumbo bien definido, pues existían grandes conflictos entre la Iglesia, dueña de grandes extensiones territoriales, y el Estado cuyos gobernantes vacilaban en trastocar los intereses del clero político, el cual era muy poderoso, no sólo por sus bienes (casi era dueño de la mitad del territorio nacional), sino debido a la gran influencia (sojuzgamiento moral) que ejercía sobre el pueblo.

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