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El artículo 3° constitucional ¿un fraude? (2ª. de 2 partes)

17 de julio, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Por: Miguel Ángel Martínez Ruiz

El artículo cuyo contenido se cuestiona tiene los siguientes requerimientos: “b) será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;”. Como intenciones son aceptables, aunque nuestra educación está muy lejos de ser nacional, ya que la gran variedad de culturas que existieron en la época prehispánica, algunos de cuyos elementos sobreviven hasta la actualidad, lo que ha creado un mosaico múltiple y complejo. Cada estado de la federación causa la impresión de ser una nación diferente, pues las costumbres, el habla, las tradiciones, usos sociales, etc., son muy distintas. El habitante del norte tiene una personalidad diversa al de la zona centro,  al de la costa o a los de la península yucateca. Si se le agrega que los libros de texto gratuito, que adolecen de grandes errores, no se distribuyen en forma uniforme, pues en las escuelas privadas utilizan libros diferentes y los maestros “democráticos” los rechazan, no se puede hablar de una educación nacional. El aprovechamiento de los recursos naturales es un fracaso, para quien opine lo contrario: ahí están los millones de hambrientos de la lucha contra el hambre que no es más que asistencialismo sin soluciones a futuro; la independencia política y económica existen de jure, mas no de facto y la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura constituyen una meta inalcanzable, ya que con la libertad de prensa se permite en los medios de comunicación masiva la publicación de toda clase de revistas, la interpretación de canciones y exaltación de falsos valores con dizque artistas y cantautores que son cuasi analfabetos, Con estos “aportes culturales” que abundan en la televisión, la radio y el cine, nuestra cultura tiende a disminuir, pues, como afirmó el autor del texto constitucional en cuestión, Jaime Torres Bodet, “la televisión destruye por la tarde lo poco que construye la escuela por la mañana”. Ejemplo de esto son programas como el “Chavo del ocho”, “Cien mexicanos dijieron”, los naco-corridos, etc.

En otro punto dice: “c) contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”. Se vuelve a lo mismo buenos deseos. ¿Hay aprecio por la diversidad cultural, la dignidad humana y la integridad de la familia? No tenemos paz social siquiera, ya que los grupos delincuenciales se han apoderado de todo, incluso de cargos públicos importantes. Al ser humano no se le respeta, se maltrata impunemente a mujeres, ancianos y niños, nadie vela por los intereses generales de la sociedad, ni la policía que se supone debe ser quien garantice la seguridad, muchos de ellos se convierten en delincuentes y ya no se sabe de quién cuidarse, pues resultan más peligrosos los policías con sus acciones delincuenciales y el doble papel que asumen. ¿Dónde, cuándo y cómo se evitan los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos, etc.? Empezando por la gran discriminación económica y cultural que existen en nuestro país. A los indígenas y personas mal vestidas se les desprecia, pero lo más grave se les explota en forma inmisericorde. Ahí están los trabajadores temporales que no tienen ninguna garantía, viven en construcciones improvisadas, sin seguridad social, ni salarios mínimos. Por eso abunda la economía subterránea o informal.

Y agrega: “d) será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.” Sabemos que no es de calidad, ni hay elevado rendimiento escolar, la OCDE nos ubica a media tabla en cuanto a rendimiento educativo, lo cual significa que estamos muy por debajo de la excelencia académica.

Además establece: “III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo.” Aquí radica parcialmente el quid del conflicto magisterial, pues se ha dicho reiteradamente por diferentes medios que están en contra de tales disposiciones. Y no puede ser de otro modo en un país donde se volvió una práctica inveterada la influencia del sindicato para todo tipo de ascensos. A partir del gobierno encabezado por el presidente Peña Nieto se tomó la decisión de volver a tomar la rectoría del Estado en el aspecto educativo, para lo cual se encarceló a la ahora “ex presidenta vitalicia” del SNTE, profesora Elba Esther Gordillo Morales, quien cometió el error de enfrentarse a la autoridad más alta del país, asumiendo actitudes arrogantes, de absoluta prepotencia, con frases como “Yo me iré el día que los maestros de México así lo decidan.” Ella, al igual que Joaquín Hernández Galicia (a) “La Quina”, no tenía ningún apoyo auténtico en las bases. Esto provocó que se realizaran las investigaciones judiciales, cuyo resultado la llevó a la penitenciaria acusada de varios delitos. ¿Por qué no se hace lo mismo con otros líderes charros que son tan ricos como la profesora Gordillo y han cometido los mismos delitos o tal vez peores? La respuesta es obvia: Ellos son sumisos al poder público, incluso se convierten en comparsa y promotores del voto corporativo y clientelar para el partido oficial.

Otro señalamiento del Artículo 3° es: “IV. Toda la educación que el estado imparta será gratuita.”  La gratuidad es un concepto relativo, puesto que se sostiene con los impuestos de todos los mexicanos, recaudados por la Secretaría de Hacienda.

Establece también “V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyara la investigación científica y tecnológica, y alentara el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.” A pesar de este mandato constitucional, se observa que hay un gran desorden,  el cual se percibe al interior de la mayoría de las escuelas, donde no hay maestros, los padres de familia no se preocupan, la educación secundaria, media superior y superior es un verdadero caos, ya que no existe unidad en los contenidos de aprendizaje.

Más adelante indica: “VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el estado otorgará  y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: a) impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y  b) obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley.” Los particulares enseñan lo que quieren, incluyendo religión y no existe un mismo criterio para el cobro de colegiaturas, ni se apegan a lo establecido por la ley, sin que nadie les diga nada.

Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el artículo 3° ha sido reformado en nueve ocasiones que tuvieron lugar en las siguientes fechas: jueves 13 de diciembre de 1934, decretada por Lázaro Cárdenas del Río al implantarse la educación socialista que estuvo vigente hasta el lunes 30 de diciembre de 1946, en que  se estableció el texto constitucional que ahora conocemos, el cual fue redactado por el entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, ya al finalizar el sexenio de Manuel Ávila Camacho, como lo expresa en su libro Años contra el tiempo, y cuya reforma fue decretada y firmada por el presidente Miguel Alemán Valdés; el presidente José López Portillo emitió un decreto sobre la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior, fechado el lunes 9 de junio de 1980; el martes 28 de enero de 1992, otra reforma  fue decretada por el presidente Carlos Salinas de Gortari, en la cual se regula la participación de los particulares en actividades educativas y que se consideró como una concesión; viernes 5 de marzo de 1993, decretada por el presidente Carlos Salinas de Gortari, la cual eleva la educación al rango de derecho constitucional; martes 12 de noviembre de 2002, decretada por el presidente Vicente Fox Quezada que incluye la educación inicial; viernes 10 de junio  de 2011, decretada por el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa que señala el fomento al respeto de los derechos humanos en el educando; jueves 9 de febrero de 2012, decretada por el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que incluye la obligatoriedad de la educación media superior, el respeto a la diversidad cultural, además de la obligación del estado de atender la educación inicial y la superior; martes 26 de febrero de 2013, decretada por el presidente Enrique Peña Nieto, mediante la cual se crea el Instituto Nacional de Evaluación, el Servicio Profesional Docente, el Sistema de Información y Gestión Educativa, además de otros aspectos de la Reforma Educativa, tales como una nueva Ley General de Educación, entre otros.Esta última será objeto de un análisis posterior; razón por la que no se incluyen el texto y la crítica correspondiente, motivos de espacio lo impiden.

Una reforma educativa que transforme nuestro sistema educativo no se logra solamente con decretos o disposiciones legales, es necesario darle una fundamentación teórica suficiente, experimentarla en algunos centros educativos piloto, consultar a los sectores sociales involucrados en estos problemas y, una vez que se haya observado en las escuelas su factibilidad, pero sobre todo su eficacia, llevarla a la práctica.  Pero a los mexicanos nos agrada mucho la improvisación y  a nuestros políticos la pompa vana del discurso demagógico e inconsistente. En materia educativa, debe haber “teoría sin alarde y práctica sin premura”, como decía un distinguido intelectual y maestro.

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