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El derecho a la educación

14 de agosto, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Por: Miguel Ángel Martínez Ruiz

La nueva reforma educativa tiene varios aspectos muy relevantes, entre los que destacan el derecho a la educación y la calidad de la misma. Desde el viernes 5 de marzo de 1993, el Diario Oficial de la Federación informó que  el artículo 3 constitucional iniciaría diciendo: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. el estado, -federación, estados y municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y secundaria son obligatorias.” Casi veinte años después,  el martes 26 de febrero de 2013, se le agregaron varias reformas, entre otras  la siguiente: “El Estado garantizara la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.” La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano”, votada  por la Asamblea Nacional Francesa, en 1789, y sus antecedentes: Thebill of rights inglés de 1689, además de los bills of rights de varias colonias americanas, rebeladas en 1776 contra el dominio inglés, fueron las bases de las actuales legislaciones sobre derechos humanos que, según algunos autores, pueden clasificarse en civiles, políticos y sociales. Los primeros se relacionan con la personalidad del individuo: Libertad de pensamiento, de religión, de reunión, de tránsito, libertad económica, etc.; los derechos políticos tienen que ver con la organización del estado, siendo los principales la libertad de asociación en partidos políticos, los derechos electorales, libertad de expresión, etc. ; los derecho sociales comprenden el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, la asistencia pública, etc. A estos últimos, como ya se mencionó, pertenece la educación. Para hacer realidad este beneficio se ha creado el sistema educativo que debe proporcionar este servicio de carácter público sin distinciones de ninguna índole, pues una de sus finalidades principales es atenuar la desigualdad de oportunidades. En este sentido, se aspira a propiciar el bienestar económico de las personas, ya que la educación es un medio de mejorar al estudiante en su vida, pues la educación no se puede entender sino como un derecho humano subjetivo, en el que su titular es el alumno como centro de toda la actividad educativa y el estado es el protagonista, por la obligación que tiene de cumplir y a la vez satisfacer cabalmente este derecho. Aquí surge una de los principales errores en que suelen incurrir las autoridades, al no pensar los programas en función de quien aprende, sino de otros intereses, como pueden ser los de quienes enseñan o los que utilizan la educación como un instrumento de dominación o de control social, incluso de discriminación. La principal meta de todos los procesos educativos debe ser la formación y el desarrollo de las potencialidades del ser humano, pero orientado hacia el ejercicio de sus libertades. Se ha expresado también que el derecho a la educación es híbrido, ya que abarca la autorrealización del educando desde los puntos de vista económico, social, cultural, civil,  político, etc.

En la fracción II del artículo 3 constitucional se alude a los criterios que han de normar la educación, y el inciso “d” indica: “Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.”

Al hablar de calidad frecuentemente se tiende a considerarla con un criterio empresarial, es decir, económico, considerando la formación del ser humano vista como inversión en “capital humano”.

Esta teoría (Investimento in human capital) fue formulada por el economista norteamericano Theodore W. Schultz (1959), que postula estos supuestos teóricos: A) La superioridad productiva en el desarrollo económico de los países técnicamente avanzados, se explica por el nivel de conocimientos y de habilidades de los trabajadores, esto es, por el constante crecimiento de capital humano por trabajador. En palabras de Johnson: “El desarrollo económico depende esencialmente de la creación de una fuerza de trabajo equipada con la competencia técnica necesaria, exigida por la producción industrial moderna”.  B) Entre el equipo y la tecnología moderna, el capital social aportado y una fuerza de trabajo competente, se establece una relación de complementariedad integradora que conduce a considerar como socios iguales en una empresa, al capital y al trabajo.  C) La educación no solamente es una inversión, sino también un objeto de consumo, en la medida en que es un “bien público” que satisface un “deseo social” y cuyos beneficios son en gran parte personales y divisibles.

La tesis de esta teoría se resume en la frase: “a mayor inversión en educación, mayor productividad”. Este primer intento por concebir la educación como el núcleo de toda la dinámica económica, quedó anulado al descubrirse la existencia de un conjunto de aspectos no cuantificables que fueron abarcados en la denominación de “factor residual”.

De ahí se deduce que la educación es indispensable para que los egresados de las instituciones educativas se vean favorecidos a la hora de encontrar empleo y obtener ingresos superiores, pero esto sólo se logrará si se tiene un mercado de trabajo más amplio, sistemas productivos más avanzados y, primordialmente, la vinculación entre la escuela y las necesidades laborales de la planta productiva, lo cual no ocurre en México, pues abundan los profesionales de diferentes campos que se encuentran subempleados o desempeñan actividades completamente ajenas a las relacionadas con su carrera tecnológica o universitaria.

En la legislación mexicana, el artículo 4 constitucional dice: […]“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizara el respeto a este derecho. “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. el estado garantizara este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El estado garantizara el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

“En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticaspúblicas dirigidas a la niñez.  Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.  Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.  Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.”

Todo lo anterior es un conjunto de buenas intenciones, al igual que muchos otros artículos de la Constitución General de la República.

Por otra parte, en el ámbito internacional, la ONU, a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que los derechos sociales deben tener las siguientes características: Asequibilidad (o disponibilidad), accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. El mandato de asequibilidad parte de la idea de que debe haber un sistema educativo, con planes y programas de estudio, maestros, inmuebles y  material didáctico. Al respecto no existe ninguna valoración o exigencia cualitativa. Conforme a este requisito, se estaría violado flagrantemente el derecho a la educación en caso de no existir escuelas, maestros, libros, etc., para un individuo que desee estudiar.

El mandato de accesibilidad supone que las escuelas y programas educativos deberán ser para todos, es decir, tener la posibilidad de recibir los beneficios de la educación. Como se puede ver, esto se relaciona directamente con el ingreso y la permanencia, además se refiere a la discriminación, la cual se presenta fundamentalmente  a causa de: A) Discriminación por razón de sexo. La mujer está en seria desventaja respecto a los varones. B) Discriminación por origen étnico. Los grupos indígenas no tienen igualdad de oportunidades, pues el solo hecho de no saber la lengua española constituye un obstáculo para acceder a la educación. Todavía los programas de incorporación de los grupos aborígenes se encuentran injustamente olvidados. C) Discriminación por discapacidad. En México hay más de 5 millones de discapacitados, los cuales son objeto de exclusión en las instituciones educativas.  Se habla de educación especial, integradora, inclusiva, pero esos programas son hasta ahora proyectos a futuro.

La aceptabilidad supone que los contenidos de los programas y los métodos pedagógicos, así como los planes y programas, han de ser aceptables o de calidad para los estudiantes. En nuestro país el 30 por ciento se encuentra en condición de rezago educativo (analfabetismo, analfabetismo funcional, atraso cultural, etc.). Además de esto, los resultados que se obtienen  en la prueba o test PISA, (por sus siglas en inglés: Programfor International StudentAssessment,Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) han sido hasta ahora deficientes. Según la última prueba, México quedó en último lugar entre los países integrantes de la OCDE, Organización para el Desarrollo Económico, y en el lugar 53 entre los 65 países que participaron (se entiende que no todos pertenecen a la OCDE), muy por debajo de Corea y Finlandia.

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