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El déficit moral del presupuesto 2017

14 de septiembre, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

 

Miguel Oropeza Caballero

La salida de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda coincidió con la presentación del presupuesto 2017, en el cual el ahora secretario José Antonio Meade anunció un significativo recorte al gasto público. Ante un difícil entorno internacional que limita las perspectivas de mercados emergentes como México, los recortes planeados representan un doloroso pero necesario ajuste de cuentas públicas para mantener la estabilidad macroeconómica del país y por extensión, la confianza de mercados tanto domésticos como foráneos.

Si bien el nuevo presupuesto contaría con la aprobación de cualquier profesor de economía estadounidense (un importante número de altos funcionarios del gobierno federal desde 1982 han sido egresados de prestigiosas universidades norteamericanas), la actual propuesta cuenta con lo que llamo el ahora clásico sello del tecnócrata mexicano. ¿Y que precisamente caracteriza este sello? Una alta especificidad que demuestra un avanzado conocimiento económico y un desarrollado instinto para predecir las necesidades de los mercados financieros, complementada con una singular habilidad para malinterpretar o ignorar el “mercado ciudadano”.

Tal y como la visita de Trump hace unos días nació del pensar de un tecnócrata con un innegable conocimiento del ámbito económico mundial, pero con poca habilidad para percatarse de la negativa reacción que tal acción tendría de parte de la ciudadanía, el actual presupuesto sufre de la misma carencia. No por los recortes a distintas dependencias o programas, que como dicho antes son una necesaria respuesta a un clima económico que requiere de austeridad.

La Secretaría de Hacienda, ante una situación en la se ve en la necesidad de recortar el presupuesto del Seguro Popular y de otros programas importantes para los sectores más vulnerables de la población, vio como prioridad no solo no recortar salarios para funcionarios de primer nivel, sino incrementarlos. Esta acción difícilmente tiene justificación y demuestra una vez más que la percepción de la ciudanía no es un factor para hacer decisiones en la SHCP.

Bajo la actual propuesta, tanto el presidente de la república, que hace unos días dijo que sería el gobierno y no la ciudadanía quien tendría que apretarse el cinturón, como su gabinete, el presidente de la Suprema Corte y todos los actuales integrantes de la LXIII legislatura recibirán leves incrementos a sus salarios. En el caso particular del ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto recibirá 13 mil pesos más que en el presupuesto anterior. El monto es mínimo, pero el significado simbólico es grande: el liderazgo basado en el ejemplo no forma parte de la ideología de la actual administración.

Quizás el error estuvo en creer que el presidente quiso incluir a los funcionarios públicos dentro de la palabra ‘gobierno’ cuando dijo que el gobierno sería quien sufriría los costos de la austeridad. O quizás fue en malinterpretar la declaración que hizo hace unos días al decir que “no gobierna para ser popular”. Pero “haiga sido como haiga sido”, como famosamente dijera Felipe Calderón, la realidad es que el cálculo moral en la política pública mexicana parece no tener lugar siquiera en el discurso retorico, ya que pocas veces se ha visto como un tema político central desde la renovación moral que prometió Miguel de la Madrid en 1982 pero que no pudo cumplir.

Si bien podría argumentarse que desde una posición neutral que la moralidad no es un factor que competa a economistas y por ello a dependencias relacionadas con la elaboración de proyecciones macroeconómicas, la realidad es que aún desde una perspectiva meramente pragmática, divorciada completamente de consideraciones éticas, este tipo de acciones debilitan la confianza de los mismos mercados financieros tan privilegiados en las últimas décadas.

Un inversionista difícilmente tomará en serio a una administración que dice públicamente que está comprometida con los cambios estructurales, por más interés particulares que puedan dañar, cuando se muestra incapaz de incluso resistir la tentación de incrementar sus propios sueldos (que ya en sí es un conflicto de interés) en una situación de dificultad económica.

Al presentar el presupuesto 2017, tanto Hacienda como el presidente de la república se propusieron formular una propuesta ‘ejemplar’. Para desgracia de la ciudadanía, el ejemplo fue el que el 82% de la población que desaprueba la actual administración se ha acostumbrado a esperar: liderazgo basado en las palabras y no en la acción.

 

 

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