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¿Por qué seguimos pagando las campañas?

3 de febrero, 2016

admin/La Voz de Michoacán

El inicio de la transformación del modelo de comunicación en México inició hace casi 10 años con la reforma al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A pesar de ello, como sociedad seguimos sufriendo los estragos del viejo modelo, es decir, padecemos calenturas ajenas.

Estos “subidones” de temperatura lo sufren de manera directa los funcionarios públicos, quienes cada tres o cuatro años escuchan el canto de las sirenas cuando se aproxima la renovación de los puestos de elección popular.

¿Que debió cambiar con la reforma al 134? Entre otras cosas, la forma en la que se comunica el Gobierno con los ciudadanos a través de la prohibición de la promoción personalizada de la publicidad institucional.

Antes del 2007 era muy común que los gobernadores, presidentes municipales o representantes ante el Congreso aparecieran día tras día en la propaganda oficial hablando de los logros y las acciones implementadas durante su gestión; la lógica del cambio en el proceso de comunicación era la falta de piso parejo para los aspirantes a un cargo de elección popular, ya que si un funcionario estuvo apareciendo de manera constante en los medios de comunicación provocaría que los ciudadanos lo conocieran más y por tanto, inclinaría las preferencias electorales.

Entonces, con la reforma debió cambiar tanto el fondo como la forma de la comunicación gubernamental.

¿Qué ha pasado desde el 2007? Como hemos visto, las campañas de comunicación que se generan desde el gobierno “han cumplido” con los requisitos básicos que marca la ley; sin embargo, hemos avanzado poco en la inclusión de información útil en la propaganda gubernamental, seguimos conociendo cuantitativamente las obras y acciones, pero poco sabemos del verdadero impacto de las mismas.

Las campañas gubernamentales siguen operando bajo la lógica de la persuasión, cuando lo que necesitan actualmente los ciudadanos son respuestas, información con sentido que les permita mejorar los costos que les implique realizar un trámite o solicitar un servicio.

Ante una sociedad cada vez más ávida de respuestas, las instituciones deben dar el “brinco” hacia la comunicación pública que implica un verdadero compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.

Además, Impulsar políticas de comunicación pública por parte de los gobiernos locales no es un asunto de preferencias personales, ya que el derecho a la información y comunicación de encuentra garantizado por la Constitución, actualmente existen opciones que permiten establecer un vínculo directo con la ciudadanía como los portales de internet institucionales y la gestión de redes sociales a través de medios electrónicos.

Por otra parte, las instituciones públicas tienen el reto de emitir contenidos en por lo menos dos niveles: el institucional y el político; sería un tanto ingenuo ignorar las condiciones altamente polarizadas del Sistema y que los gobiernos sólo generaran campañas de comunicación social.

Finalmente, las campañas de comunicación forman parte del proceso de construcción democrático de nuestro país, por ello el financiamiento es necesario, pero debería seguir la misma fiscalización a la que se encuentra sujeta la construcción de obra pública o la ejecución de los programas sociales; incluso midiendo la pertinencia e impactos esperados.

Apunte: Resulta muy curioso que el máximo representante de la iglesia católica visitará las entidades de la República Mexicana en las que ya hay presidenciables: Michoacán y Chiapas.

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