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Una semana muy transparente

8 de octubre, 2015

admin/La Voz de Michoacán

Esta semana, como desde hace 10 años, fue declarada la Semana Nacional de la Transparencia y con motivo de ésta, se realizan una serie de actividades en la casa de Xicoténcatl encaminadas a analizar y discutir el impacto, los alcances y la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública recién aprobada por el Congreso de la Unión.

Este año, me parece que serán de particular importancia las conclusiones a las que se lleguen en los foros y mesas temáticas, porque aparentemente la opacidad y la falta de rendición de cuentas siguen siendo los principales flagelos que afectan a los gobiernos en todos sus niveles.

Interesante resulta saber, que entre los puntos a discutir se encuentra el impacto que ha tenido la reforma constitucional del 2014 y es que medir realmente en qué nivel se encuentra el ejercicio igualitario y universal del derecho universal a la transparencia en números, resulta indudablemente complicado.

Para el evento, se planteó uno de los principales pendientes que enfrenta México: la aplicación de la política desde el enfoque público; incluso se hizo el reconocimiento de que a pesar de todos los esfuerzos por convertirla en norma, una vez más la opacidad se hacía patente y las acciones e instituciones que se habían creado para ejecutarla se habrían convertido en cascarones inoperables y con pocos o nulos resultados.

Las respuestas confusas para reservar información o el cobro de cuotas millonarias para el peticionario que requiere información sobre temas tan básicos como los salarios, las funciones o los programas que ejecuta el gobierno, son cotidianas e incluso representan la salida más fácil para los servidores públicos por el temor de ser expuestos ante la sociedad.

En este sentido, con la firma del compromiso por el Gobierno Abierto y el hecho de que México encabece la iniciativa se ha sellado el destino de la transparencia y el acceso a la información pública en nuestro país: una administración pública en vitrina para el escrutinio ciudadano.

Además, con un mayor número de sujetos obligados a rendir información sobre la manera en la que utilizan el dinero público y el aumento de las medidas de castigo para los responsables de emitir la información, el cuello de botella se hace cada vez más angosto y los márgenes para actuar en ‘lo oscurito’ quedan mayormente limitados.

En Michoacán, resulta todavía una meta a largo plazo porque se debe reconocer que, como seguramente pasa en otros estados, el órgano creado expresamente para garantizar este derecho se encuentra sujeto a intereses que provienen de la vida política, no de la pública.

El reto entonces es lograr que además de todas las acciones que ya se realizan a nivel nacional y en las que sin duda alguna el gobierno del estado y los municipios tendrán que ‘subirse’, queda pendiente todavía que los criterios con los que se designan a los Comisionados de Instituto de Transparencia estatal sigan la lógica de la racionalidad y no sean una extensión de cuotas de los partidos políticos.

En lo local, vienen pruebas de fuego para la transparencia y rendición de cuentas, ya que tendrán que sujetarse además a las políticas que establezca el Sistema Nacional contra la corrupción y su símil en el estado, que esperemos no sea sólo una ‘llamarada de petate’, sino que se convierta en un órgano que verdaderamente atienda el problema y tenga los suficientes instrumentos para poder llamar a los responsables de usar los recursos públicos para beneficio personal; además, me parece que es justo reconocer que en la actualidad el ejercicio de pedir y rendir cuentas se queda sólo en el ámbito gubernamental, expresamente del gobierno estatal y en el que rara vez, se permite la entrada de otros actores que son indispensables para transitar hacia el paradigma de la gobernanza.

 

Apunte ¿En Michoacán cuándo se incorporará a la sociedad civil en las decisiones de carácter público como ya se hace a nivel nacional?

 

@panopticomx

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