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Protocolo a la Justicia

19 de agosto, 2014

admin/La Voz de Michoacán

Las personas y colectividades en desventaja como son los que tienen capacidades diferentes (discapacidad), la niñez, los jóvenes, los migrantes, las mujeres víctimas de violencia y a los pueblos y comunidades indígenas, que han carecido y padecen de los medios para tener acceso a la justicia de forma pronta, expedita y oportuna, se han considerado en un nuevo patrón a fin de subsanar la brecha que existe para la protección de sus derechos humanos, con lo que se ha denominado: Protocolo Iberoamericano, que se ha aprobado en la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2014, entre diversos órganos jurisdiccionales de distintos países, que en un enfoque multilateral, tiene por objetivo proponer medidas para mejorar el acceso a la justicia de dichas personas y grupos.

El Protocolo referido tiene por antecedente la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, aprobado en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia en el año 2002 y en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a las Justica de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, aprobado en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en el 2008. Estas disposiciones formuladas coinciden en fijar una postura, que es el de favorecer el acceso pleno a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Dicho Protocolo Iberoamericano ha sido sustentado en los instrumentos internacionales de derechos humanos, lo que permite establecer estándares relevantes para la atención de justicia de las personas y colectividades en condiciones de desventaja en sus distintas categorías sociales.

De dicho documento, cabe destacar los aspectos fundamentales en que se base el Protocolo Iberoamericano, como son:

– Prioriza los principios y prácticas dirigidos tanto a la modificación de aspectos jurídicos como a los administrativos relacionados con la atención en el ámbito judicial de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad;

– Facilita que las personas que participan en el funcionamiento de los sistemas judiciales cuenten con una herramienta de consulta que sirva de guía de actua­ción, avanzando así en la observancia de los estándares más protectores y en la consideración de las características y situación de los grupos y personas, antes mencionados;

– Favorece que las personas y grupos sociales conozcan y ejerzan con plenitud, ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico in­ternacional; y,

– Propicia el diálogo entre Cortes de Justicia, en la medida en que retoma sentencias y buenas prácticas que muestran cómo se están protegiendo los derechos de personas y colectivos en tribunales internacionales y en los poderes judiciales de la región.

Este nuevo paradigma que están construyendo y creando los órganos jurisdiccionales domésticos e internacionales para impartir justicia a las personas y colectividades en desventaja, es un avance importante en la protección de los derechos humanos, a escala nacional e internacional, cuyo cambio nos parece que habrá de establecer nuevos estándares para que el juzgador tenga mejores herramientas para coadyuvar a las personas y grupos sociales en condiciones de desventaja.

Este avance en materia de protección y tutela de los derechos humanos de las personas y grupos sociales en desventaja da muestra como los juzgadores pueden impulsar acciones conjuntas y coordinadas en el escenario internacional para fortalecer el sistema democrático de la justicia, que se verá concretado en el ámbito nacional cuando impartan justicia. Este es un nuevo desafío para México, para los juzgadores, inscribirse en estos estándares cuando actualicen su aplicación al juzgar, para superar condiciones de desigualdad, incertidumbre y marginación de las personas y colectividades sociales.

 

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