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La consulta ciudadana e indígena…

27 de julio, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Por: Ramón Hernández Reyes

 

“El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano.”

Platón

 

En semanas anteriores habíamos escrito sobre la importancia de mecanismos de participación ciudadana como el observatorio ciudadano. Hoy nos corresponde hablar sobre otra modalidad que, sin ser menos importante, ni más que las otras, amerita un análisis detenido y minucioso.

Previo a analizar la figura jurídica que nos corresponde, es preciso destacar que, más allá de las propias elecciones, la participación de la ciudadanía es muy reducida en cuanto a la diversidad de mecanismos de participación ciudadana; ello se debe, en primer término, a la falta de divulgación y conocimiento de los instrumentos de ejercicio ciudadano; y, en segundo, a la apatía social para involucrarse en los mismos.

La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas arroja que sólo el 60 por ciento de los ciudadanos entrevistados declara tener poco interés en la política; otro dato revelador es que ocho de cada diez ciudadanos considera que el ejercicio del voto es el único mecanismo con el que cuentan para decir si el gobierno hace bien o mal las cosas.

La participación ciudadana a través de mecanismos diversos a la elección es practicada en muy pocos estados, como son Estado de México, Jalisco, Nuevo León y la propia Ciudad de México. Estas entidades y la Ciudad de México representan el mayor movimiento de participación ciudadana, sin embargo el involucramiento de la sociedad es muy bajo. Veamos un ejemplo: los últimos datos del Instituto Electoral del Distrito Federal arrojan que en la consulta ciudadana de presupuesto participativo 2016 solamente participó el 3.82 por ciento del listado nominal; es decir, casi 300 mil personas de un padrón electoral de un poco más de siete millones. Por otra parte, en la consulta relativa al corredor Chapultepec-Zona Rosa la participación de la ciudadanía fue del 4.8 por ciento del padrón nominal de la Delegación Cuauhtémoc, lo cual equivale solamente a un poco más de 22 mil ciudadanos.

Debemos destacar también que en el “Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México”, publicado por el Instituto Nacional Electoral, se advierte que la forma más común entre los mexicanos de participación no electoral se limita a conversaciones sobre temas políticos, lo que constituye un 40 por ciento, aproximadamente.

Un dato muy revelador de dicho Informe arroja que la forma más común, pero muy reducida, con 30 puntos porcentuales menos —equivalente a un 10 por ciento de las personas encuestadas— radica en la asistencia a las reuniones de cabildo municipal o delegacional. En tanto, otro aspecto que demuestra la apatía ciudadana es que uno de cada diez individuos colabora en actividades de los partidos políticos (ello solamente en las campañas electorales; en periodos fuera de procesos electorales la participación es pírrica, por no decir nula).

De la misma manera, de acuerdo con datos del Barómetro de las Américas 2012, en comparación con otras sociedades latinoamericanas los mexicanos ocupamos el lugar 18 de líderes comunitarios de la región, con niveles similares a países como Perú y Brasil que son de un 24.8 por ciento, lo que quiere decir que sólo uno de cada cuatro mexicanos realiza algún tipo de labor comunitaria.

Teniendo en cuenta los datos ya mencionados, debemos recalcar que la promoción de mecanismos alternos a las elecciones de participación ciudadana es una tarea prioritaria para el Estado y para la sociedad mexicana. Así, uno de los grandes retos que busca la Estrategia Nacional de Educación Cívica es elevar la participación ciudadana en temas de su entorno y toma de decisiones, por lo que es necesario difundir los mecanismos de participación como el referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, observatorio ciudadano, presupuesto participativo, consulta ciudadana a las comunidades indígenas e iniciativa popular, entre otros, e involucrar a la ciudadanía en estos ejercicios.

Derivado de lo anterior, otro de los aspectos de participación ciudadana que se lleva a cabo bajo supervisión de los institutos electorales locales son las consultas. Éstas pueden ser —como veremos más adelante— ciudadanas ordinarias o ciudadanas a grupos originarios o indígenas. Este instrumento es un medio vital para que la ciudadanía manifieste su aceptación o rechazo a una medida que pretende tomar la autoridad.

En este rubro lo principal es saber lo que entendemos por consulta y la diferencia de ésta con el plebiscito y el referéndum, y debemos conocer los pasos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de este importante derecho que la ciudadanía tiene a su alcance.

Tenemos que la consulta es entendida como un instrumento de participación mediante el cual los ciudadanos pueden expresar su opinión sobre algún tema de interés público relacionado con el ejercicio de sus atribuciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los ayuntamientos.

Es decir, a través de la consulta, la ciudadanía expresa su opinión sobre algún tema de interés público, y se diferencia del plebiscito y referéndum porque la primera se refiere a la manifestación de un punto de vista sobre un tema de interés público —que puede ser a través de cuestionarios, encuestas generales o segmentadas, y sondeos de opinión o entrevistas, así como foros, seminarios o reuniones públicas—, en tanto que el plebiscito y referéndum se refieren a una modalidad de consulta, un mecanismo de participación ciudadana direccionado a concretarse sobre una manifestación de aprobación o rechazo a un acto o decisión del gobernador o ayuntamientos —en lo referente al plebiscito—o a una ley o decreto, o decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares —tocante al referéndum— emitidos por el Legislativo o el propio Ejecutivo, respectivamente, así como los ayuntamientos.

En otras palabras, en la consulta se toma en consideración la opinión de la ciudadanía sobre un tema específico de interés público, a través de diversas modalidades (encuestas, sondeos, entrevistas, foros, seminarios o reuniones públicas) y sus efectos no son necesariamente vinculantes, con algunas salvedades. Por otro lado, el referéndum y plebiscito son específicos, son consultas en las que la ciudadanía se limita a manifestar su aceptación o rechazo sobre un acto legislativo o acto de autoridad, de acuerdo con lo que la propia ley marca —como lo veremos más adelante— y tiene efectos vinculantes cuando se cumplen con algunos de los requisitos que marca la ley. Sin embargo, es importante destacar que el referéndum y plebiscito son instrumentos que sirven a las autoridades para sopesar la incorporación de una ley o decreto, o para la simple toma de decisiones.

Otro aspecto sustancial es que la consulta la puede llevar a cabo de manera directa la propia autoridad emisora o interesada en consultar —sean los Poderes Ejecutivo y Legislativo y ayuntamientos— o puede ser solicitada de manera directa por los interesados a la autoridad ejecutante —alguna de las mencionadas en líneas anteriores—, que no necesariamente tiene que ser el organismo electoral administrativo; caso contrario en el referéndum y plebiscito, para los que forzosamente se tiene que llevar cabo el trámite a través de la autoridad administrativa electoral, y sólo está limitada en el caso del referéndum al Legislativo, Ejecutivo y los ayuntamientos, y en el plebiscito sólo al Ejecutivo y a los ayuntamientos.

Ahora bien, hay que considerar que la consulta —al igual que el referéndum y el plebiscito, así como todos los mecanismos de participación ciudadana— no puede ejercerse sobre temas relativos a materias tributarias o fiscales, ingresos o egresos del Estado, salvo la figura de presupuesto participativo y los relativos a la regulación interna, funcionamiento e integración de los órganos del Estado y la restricción de derechos fundamentales.

Regresemos a la consulta en particular. Su ejercicio puede llevarse a cabo a través de la convocatoria por parte del Ejecutivo, Legislativo, ayuntamientos y los propios ciudadanos, siempre y cuando se haga cuando menos por el 2.5 por ciento de los inscritos en el listado nominal de la demarcación en donde se pretenda hacer la misma (este porcentaje varía según la legislación de cada entidad federativa).

Vale mencionar que por lo regular —en el caso de las encuestas, entrevistas y sondeos que sean utilizados— se debe especificar, entre otras cosas, el periodo de su aplicación, el tipo de encuesta o sondeo que se va a utilizar, el tamaño del universo de la muestra, la cobertura territorial específica, así como la técnica y el método del muestreo. Asimismo, es importante describir los nombres de los encuestadores o de la firma que los respalda y del personal técnico encargado de la aplicación de los instrumentos y la difusión de los mismos.

Respecto a los resultados de la consulta ciudadana, primeramente se deben difundir los resultados, los cuales en segundo orden constituyen elementos de juicio para la autoridad al momento de la toma de decisiones, lo que en todo momento debe hacerse del conocimiento de la sociedad involucrada.

En términos generales a este ejercicio se le denomina consulta ciudadana. Pero existe otra modalidad a la que se le denomina consulta ciudadana indígena, la cual —a diferencia de la que se ha abordado— tiene características adicionales a las requeridas; esto desde la perspectiva de la propia naturaleza de que se trata, y de los sujetos a quienes va dirigida, los cuales, aparte de las características ciudadanas, tienen un denominador en común que es el pertenecer a los pueblos originarios o comunidades indígenas.

Para este caso, aparte de las características ya citadas, se requiere llevarla a cabo de manera previa, libre e informada, y su aplicación exige, además, estándares internacionales que atienden a principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Cabe destacar que una de las características adicionales a la consulta indígena es que debe realizarse —a diferencia de la elección de sus autoridades por sistemas normativos propios— a través de sus instituciones u órganos representativos propios.

También, contrario a la consulta ciudadana común, en la que el ejercicio se organiza de manera directa por la autoridad convocante o la autoridad administrativa electoral, preferentemente, en las consultas indígenas las comunidades participan de manera directa en el confeccionamiento de dicho mecanismo de participación, y la intervención de la autoridad se limita a la coadyuvancia con las comunidades.

Hay que resaltar también que la consulta no debe ser la misma necesariamente en cada comunidad indígena; es decir, el método es diferente y cambia conforme a sus usos y costumbres.

Otro aspecto que hay que tomar en consideración es la variación de la consulta ciudadana indígena. En la consulta ciudadana común las reglas por lo regular son poco flexibles, y van encaminadas hacia un solo rumbo o dirección; sin embargo, las consultas ciudadanas indígenas pueden variar con la incorporación o eliminación de elementos cuantitativos o cualitativos. Lo que sí debe respetarse por parte de la comunidad al momento de realizar este ejercicio es observar los diversos principios que caracterizan la consulta como son el endógeno, libre, pacífico, informado, democrático, equitativo y autogestionado.

De lo anterior tenemos que la difusión y ejercicio de derechos políticos-electorales, aparte de las elecciones, se vuelve imprescindible en una sociedad contestataria, tendente a buscar una mejoría en los mecanismos democráticos de participación ciudadana. De ahí que la figura de la consulta ciudadana toma una importancia singular. Es obligación de los ciudadanos difundir estos ejercicios y participar en ellos.

Por lo pronto, usted ¿qué opina?

 

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@HernandezRRamon

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