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El caso Aguascalientes…

13 de octubre, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Por: Ramón Hernández Reyes

 

Una victoria sin peligro es un triunfo sin gloria.

Pierre Corneille

Desde hace unas semanas apareció en distintos medios de comunicación el señalamiento por parte de un partido político en contra del desempeño de los consejeros y funcionarios del Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes, en el sentido de que no se llevó a cabo el computo de casi 3 000 votos, correspondientes a la elección de gobernador en uno de los distritos de la capital de aquella entidad federativa.

Se hizo el señalamiento, además, de que el órgano electoral favoreció a quien obtuvo el triunfo en dicha elección, beneficiando a la fuerza partidista que lo postuló. Esta afirmación se sumó a una serie de acusaciones por la intromisión del clero en el proceso electoral, el cual había favorecido al ganador en las urnas.

Lo cierto es que estamos en la antesala de que el caso sea resuelto por parte de la máxima instancia jurisdiccional federal de la nación, mientras propios y extraños esperamos en una tensa calma por la emisión del veredicto final.

En esta ocasión me ocuparé solamente de analizar el tema del cómputo de los casi 3 000 votos por los que acusa quien quedó en segundo lugar en dicha elección, que a su consideración no fueron tomados en cuenta por parte de la autoridad.

Primeramente, debemos mencionar que el padrón electoral del estado de Aguascalientes es de 874 mil 660 ciudadanos; también, en aquella entidad federativa en el proceso electoral del 2015-2016–cuya jornada electoral fue el 5 de junio del año en curso– se eligieron al titular del Ejecutivo, a los miembros de la legislatura del estado y a once ayuntamientos.

En la actualidad el estado de Aguascalientes se encuentra dividido en dieciocho distritos electorales, once ayuntamientos y una sola circunscripción plurinominal, que es todo el estado.

Los partidos que conforman el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes son el PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social. Es importante precisar que en el proceso electoral ordinario que aún no concluye –pues no se ha emitido la última resolución que pone fin a la controversia de la elección de gobernador por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– participaron las siguientes fuerzas políticas: PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, PES, la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos” (PRI, PT, PVEM y PNA) y los candidatos independientes Gabriel Arellano Espinosa para ocupar el cargo de Gobernador, siete para el cargo de diputados yocho candidatos independientes para ocupar el cargo de ayuntamiento.

En el caso de la elección de gobernador participaron los siguientes partidos políticos y coaliciones, cada uno de ellos postulando a los siguientes candidatos: por parte del Partido Acción Nacional a Martín Orozco Sandoval; por el Partido de la Revolución Democrática, Iván Alejandro Sánchez Nájera; por Morena, Nora Ruvalcaba Gámez; por Encuentro Social, Jaime del Conde Ugarte; por parte de la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, Lorena Martínez Rodríguez; y el candidato independiente Francisco Gabriel Arellano Espinosa.

Al celebrarse la jornada electoral, la elección de gobernador arrojó los siguientes resultados: el primer lugar con 169 mil 469 votos fue para el Partido Acción Nacional y el segundo lugar con 160 mil 978 votos para la Coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”; estos resultados fueron tomados del PREP, el cual se llevó a cabo por Podernet, quien no computó261 actas de las 1 mil 519, lo que equivalió un 17.18 por ciento.

Asimismo, el miércoles 8 de junio, siguiente a la jornada electoral, los comités distritales llevaron a cabo el cómputo de la elección de gobernador, quienes arrojaron cada uno los siguientes resultados: por el Distrito I el PAN con 11 mil 862y la coalición con 10 mil 719; Distrito II el PAN con 9 mil 886 y la coalición con 17 mil 741; Distrito III el PAN con 10 mil 143 y la coalición con 13 mil 581; Distrito IV el PAN con 10 mil 530 y la coalición con 11 mil 838; Distrito V el PAN con 9 mil 245 y la coalición con 8 mil 011; Distrito VI el PAN con 18 mil 070 y la coalición con 9 mil 986; Distrito VII el PAN con 10 mil 690 y la coalición con 10 mil 934; Distrito VIII el PAN con 14 mil 527 y la coalición con 10 mil 825; Distrito IX el PAN con 10 mil 480 y la coalición con 9 mil 710; Distrito X el PAN con 14 mil 790 y la coalición con 9 mil 849; Distrito XI el PAN con 15 mil 195 y la coalición con 11 mil 685; Distrito XII el PAN con 6 mil 141 y la coalición con 8 mil 359; Distrito XIII el PAN con 9 mil 711 y la coalición con 9 mil 510; Distrito XIV el PAN con 11 mil 654 y la coalición con 10 mil 154; Distrito XV el PAN con 8 mil 470 y la coalición con 9 mil 800; Distrito XVI el PAN con 6 mil 864 y la coalición con 7 mil 903; Distrito XVII el PAN con 15 mil 726 y la coalición con 9 mil 997; y el Distrito XVIII el PAN con 9 mil 433 y la coalición con 9 mil 250 votos.

Así las cosas, el domingo siguiente 12 de junio se llevó a cabo el cómputo estatal de la mencionada elección, quedando los resultados de la siguiente manera: PAN con 203 mil 417 votos, la Coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos” con 189 mil 852 votos, PRD con 23 mil 853 votos, Morena con 14 mil 809 votos, PES con 7 mil 022 votos y el candidato independiente Francisco Gabriel Arellano Espinosa con 12 mil 722 votos, resultando vencedor Martín Orozco Sandoval, postulado por Acción Nacional, a quien se le entregó por parte del Consejo General del órgano administrativo electoral la constancia correspondiente.

De igual forma, en contra del cómputo estatal y de la entrega de la mencionada constancia se presentaron sendos recursos de nulidad por parte del representante propietario de la Coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos” y el representante suplente del partido Morena.

Ahora bien, como se comentó en días pasados, las fuerzas políticas y la candidata Lorena Martínez Rodríguez que quedaron en segundo lugar en la contienda alegaron que el órgano electoral fue omiso al no haberle computado casi 3000 votos correspondientes al Distrito I–municipio Rincón de Romos–, los cuales, eventualmente, si hubieran sido la totalidad para dicha fuerza política y su candidato, los colocarían con 192 mil 652 votos; es decir, no cambiaría el resultado de la elección, ni siquiera llegaría a ser menor de un uno por ciento que podría tomarse en consideración para realizar el recuento total de los votos.

Llama poderosamente la atención que este hecho no haya sido denunciado con la antelación correspondiente en el cómputo de las casillas respectivas, en el cómputo de la elección en el distrito, en el medio de impugnación que se presentó en contra de dicho cómputo, en el cómputo estatal de la elección, en el juicio de inconformidad en contra de los resultados de la elección y en el juicio de revisión constitucional en contra de la sentencia que resolvió el juicio de inconformidad.

Los órganos electorales, llámese administrativos o jurisdiccionales, dentro de sus principales funciones está la de garantizar a la ciudadanía que sus votos serán tomados en consideración para los resultados electorales y destinar su cómputo hacia la opción partidista y del candidato por la cual sufragaron. Este imperativo les obliga tanto en la etapa administrativa de la elección como en la etapa impugnativa, dado que unos de los principios rectores de esta disciplina es precisamente la certeza y legalidad.

Ante la situación que nos ocupa, ¿se puede a estas alturas contar los votos que no fueron computados por el organismo administrativo electoral? La respuesta es un contundente sí. Recordemos que hay elementos que dada su naturaleza jurídica se vuelven vitales en un ejercicio –como las elecciones–que es de naturaleza eminentemente de interés público y que tiene como finalidad, como ya se dijo, garantizar el respeto del voto –lo que implica su decisión–, máxime cuando se trata de una omisión de la contabilización de los sufragios que redunda en perjuicio o beneficio de algún partido político o candidato de la elección de que se trate.

¿Cómo se puede garantizar que se subsane esta omisión? La respuesta ante el escenario concreto es que se haga valer ante la instancia correspondiente, para que ésta en plenitud de jurisdicción tome en consideración el número de votos que corresponda en favor de la opción que la propia ciudadanía hubiere votado, y así garantizar que los votos fueron contados en su totalidad, y ordenar entonces la modificación a las actas de cómputo estatales y, por consiguiente, a la distrital en la que se haya detectado el error.

Pero otra parte vital estriba en analizar si el resultado de este ejercicio reivindicatorio del voto tiene un impacto en el resultado total de la elección de gobernador; es decir, si existe determinancia en los resultados que arroje este ejercicio. Al parecer, con los datos que se tienen todo indica a que si la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 13mil 565 votos, y los votos que se dejaron de contar fueron 2 mil 800, en un supuesto en que todos fueran a un mismo candidato, la respuesta es un no.

Lo máximo que se alcanzaría en realizar este ejercicio es que hubiera un ajuste de los votos –insisto: en un supuesto que todos se fueran a la misma opción–, de 189 mil 852 votos a 192 mil 652 votos, lo que significaría que la diferencia se reduciría, pero no con efectos de revertir el resultado de la elección o de llevar a un escenario la contabilización total de los votos; o sea, los ajustes serían de 10 mil 765 votos y la diferencia equivaldría a un 2.3 por ciento entre el primero y segundo lugar. Un dato adicional es que la participación ciudadana podría quizás incrementarse un poco, pero algo minúsculo.

Ahora bien, hay que mencionar que este hecho –que por supuesto no es una situación menor, pero tampoco es una falta mayúscula–corresponde a circunstancias y realidades que son propias de un proceso electoral como en el caso del propio PREP, que su ejercicio implica un margen reducido, pero al final margen de error, que no rebasa en la mayoría de los casos el 2 por ciento global. Pero, entonces, ¿en qué escenario se encuentra la elección de Aguascalientes que hizo que se generara la polémica que hemos advertido?

Para dar respuesta a la anterior interrogante se sugiere advertir que este escenario cuenta con ingredientes importantes que hacen que el asunto sea visto con mayor sensibilidad. En primer lugar, se trata de la elección de gobernador; en segundo lugar, se trata de un resultado que de no revertirse marcaría la alternancia en el poder de un partido político a otro; en tercer lugar, porque este hecho que se denuncia viene a sumarse a varios en los cuales se encuentra cuestionada seriamente la elección por parte de quienes quedaron en segundo lugar, que si bien es cierto en nada tiene que ver el órgano electoral administrativo, desgraciadamente el tema que nos ocupa hace parecer lo contrario o, lo que es peor, sube al cúmulo de inconformidades el actuar del ente.

Otro aspecto que no debe pasar por alto es la relación entre los partidos y los candidatos; es decir, entre el primer y segundo lugar, la cual me limitaré a comentar que no es la más fraternal, por decirlo de una manera.

Ante este escenario, ¿qué lección nos deja esta experiencia? Creo que lo que habría que destacar en primer orden es la generación de mecanismos de evaluación y preventivos de los órganos electorales municipales y distritales, para que previo a la etapa de cómputo se haga una revisión exhaustiva de las actas de cómputo de casilla y se esté en condiciones de advertir los probables escenarios a los cuales se puede enfrentar, y en los espacios en donde se adviertan estos problemas se prevea la posibilidad de abrir los paquetes electorales y asentar un acta desde el propio órgano desconcentrado que dé certeza a los partidos políticos, y a su vez que el órgano central administrativo electoral supervise previo a los cómputos municipales o distritales, según sea el caso, para acompañar a los organismos en la toma de decisiones y correcciones en el llenado de las actas de cómputo de las casillas, en los casos en que se tenga que recomponer, y de los consejos municipales y distritales, para reducir al máximo el error.

Otro aspecto importante es que las capacitaciones a los funcionarios de mesas directivas de casilla y de los órganos desconcentrados se haga énfasis en los llenados de las actas correspondientes y su captura en el sistema de cómputo municipal, distrital y estatal, según sea el caso, así como la apertura de los paquetes electorales que se encuentren en este supuesto, para realizar la corrección correspondiente.

Un aspecto vital que no hay que dejar de lado es que al momento de detectarse alguna anomalía en este sentido se realicen las reuniones necesarias con los partidos políticos y los candidatos para advertirles el escenario ante el cual se encuentran y se tome la decisión apegada a derecho que redunde en la certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad electoral.

Por último, concluyo que éste y otros incidentes que se den en los procesos electorales o de participación ciudadana deben ser sujetos a un amplio análisis y así buscar de manera conjunta la solución más adecuada y apegada a Derecho para evitarlos, o bien reducir sus repeticiones en la medida de lo posible en futuros procesos.

Por lo pronto, usted ¿qué opina?

[email protected]

@HernandezRRamon

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