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El observatorio ciudadano

7 de julio, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Por:  Ramón Hernández Reyes

Si existiera algo que quisiéramos cambiar en los chicos, en primer lugar, deberíamos examinarlo y observar si no es algo que podría ser mejor cambiar en nosotros mismos.

Carl Gustav Jung

Dentro de los distintos modos en los que la ciudadanía se puede involucrar en el ejercicio y desempeño de la función pública y, por ende, puede potenciar los derechos políticos-electorales,

se encuentra la figura jurídica del observatorio ciudadano.

Esta figura jurídica fue recientemente incorporada en la legislación tanto federal como local. Tiene por objeto –a través de una modalidad diferente al voto, al plebiscito y referéndum– participar en las actividades de gobierno por medio de la visoria que represente los intereses de la ciudadanía; es decir, es un órgano plural y especializado que tiene como finalidad el fortalecimiento de las acciones de los órganos del Estado en busca de un beneficio social a través de la participación, coordinación y representación ciudadana.

Es importante mencionar que en la anterior legislación de participación ciudadana se encontraban únicamente el plebiscito y referéndum como mecanismos de injerencia de los gobernados a los

actos de gobierno; posteriormente, en las reformas recientes que se llevaron a cabo a la legislación, se incorporaron diferentes mecanismos como la iniciativa ciudadana o popular, la consulta ciudadana, el observatorio ciudadano y el presupuesto participativo. Cabe destacar también que dentro de la consulta se trazaron dos divisiones: la consulta ciudadana en general y las relativas a las comunidades indígenas, dada su especialidad.

Hoy abordaremos el observatorio ciudadano. Como ya se mencionó anteriormente, es un mecanismo que tiene la ciudadanía para participar de manera directa en la coadyuvancia del ejercicio de la función pública, a través de diversos mecanismos que legitimen y mejoren las funciones y tomas de decisiones de las autoridades. No debemos confundir esta figura jurídica con la relativa a la consulta ciudadana, pues mientras ésta tiene por objeto tomar en consideración la opinión de la ciudadanía previo a la toma de decisiones de gobierno –lo que la hace de una naturaleza espontánea y transitoria–, el observatorio ciudadano se refiere a una actividad constante y permanente de vigilancia, coadyuvancia y acompañamiento en los actos de los poderes públicos y autónomos con sus modalidades, de ahí la importancia de distinguir estas instituciones.

En el caso de Michoacán, la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana –recientemente reformada el pasado mes de abril– advierte que el observatorio ciudadano se puede acreditar en cada uno de los órganos del Estado; esto es, que pueden existir a lo largo y ancho de la función pública organismos de observación, y los organismos autónomos no se escapan de ello.

Aquí vale la pena apuntar que el artículo 17 de dicha ley es muy claro respecto a que no podrán ejercitarse mecanismos de participación ciudadana en materias como la tributaria o fiscal; los ingresos o egresos del estado, salvo la figura de presupuesto participativo; y las relativas a la regulación interna, funcionamiento e integración de los órganos del Estado, así como la restricción a los derechos fundamentales.

Por lo demás, la legislación es bondadosa en cuanto a no limitar la participación en el observatorio a cualquier ciudadano independientemente sea de la entidad o no; lo que sí limita es a sus integrantes, quienes deberán ser por lo menos tres y no más de treinta ciudadanos, y éstos no podrán integrar de manera simultánea otro observatorio. El ejercicio de este encargo es honorífico –no le cuesta al erario público– y está limitado para personas que no hayan sido candidatos a cargo de elección popular del último proceso electoral, a personas que sean o hayan sido servidores públicos y a quienes hayan desempeñado cargos de dirigencia nacional, estatal o municipal en algún partido político.

Lo anterior es lógico, dado que el observatorio ciudadano busca preservar lo genuino de la ciudadanía y no dejar esta figura eminentemente ciudadana al alcance de intereses políticos perversos o ajustes de cuentas de adversarios políticos. La idea es que este noble instrumento sirva de herramienta para un buen ejercicio de gobierno y generar condiciones de gobernanza.

Vale la pena mencionar tres aspectos que dan relieve a esta función: el objeto del observatorio ciudadano, y los derechos y obligaciones de sus miembros. Referente al objeto del observatorio ciudadano podemos decir que busca un adecuado equilibrio entre el sector público, privado y social, incorporando a este ejercicio los ámbitos de la investigación, la academia y grupos vulnerables, además de tocar otros aspectos importantes como la transparencia y la cultura democrática de la participación ciudadana.

Para cumplir con estos objetivos, los ciudadanos tienen el derecho de recibir formación, capacitación, información y asesoría para el desempeño de su encargo; además, deberán ser convocados con oportunidad por la autoridad atinente para la discusión y análisis de los programas y políticas públicas ejecutadas por el ente observado, participando con derecho a voz.

Otra prerrogativa consiste en denunciar actos de opacidad y malversación de recursos, así como la conformación de una red estatal que haga grupos de trabajo y dé a conocer a la ciudadanía la información correspondiente y difunda los logros.

En contrapartida, los ciudadanos que conformen un observatorio deberán asistir a los eventos a los que hayan sido invitados para la discusión y el análisis de programas de políticas públicas; deberán mantener una comunicación y acercamiento constante con la ciudadanía dentro del campo de acción, representar los intereses de los habitantes, observar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y realizar, en fin, un monitoreo ciudadano, profesional e interdisciplinario.

Para que se conozcan las actividades del observatorio la ley también les impone como obligación llevar a cabo informes semestralmente a toda la ciudadanía y de manera trimestral al órgano encargado de la transparencia y acceso a la información pública.

Es importante señalar que la actividad del observatorio ciudadano es monitoreada en cuanto a sus acciones y al desempeño de sus miembros; es decir, la ley prevé pesos y contrapesos para el ejercicio de esta distinguida función. Por un lado, limita a sus miembros a no ejercer las funciones del órgano observado y a solamente participar en voz sobre sus decisiones; y, por el otro, genera un mecanismo de responsabilidades a quienes no desempeñen a cabalidad esta función y a través de sus actos la desvirtúen.

Para concluir, diremos que este mecanismo de participación ciudadana es importante porque permite a la ciudadanía enterarse de las funciones de los órganos del Estado, intervenir en ellas y

representar los intereses ciudadanos para aplicar las políticas públicas. No es un diputado, no es un funcionario, no es un contralor; es simple y llanamente un ciudadano que coadyuva con el ejercicio de la función pública. Por tanto, es importante concientizarnos de esta noble tarea y participar para que existan condiciones de gobierno y gobernanza, y así incrementar el desarrollo de la democracia en nuestro entorno.

Por lo pronto, usted ¿qué opina? Ramón Hernández [email protected]@HernandezRRamon

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