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El saber ganar y perder en las contiendas

11 de febrero, 2016

admin/La Voz de Michoacán

“En Estados Unidos la democracia funciona porque, una vez que un presidente es electo, todos lo apoyan. En México, todos se suman, de inmediato, para quitarlo”.

Porfirio Díaz Mori

 

Uno de los aspectos más importantes de nuestra democracia es la legitimación y legalidad de nuestros gobernantes. En otras palabras, no sólo es importante que ganen, sino implica que el triunfo se haya forjado desde el respeto mismo a la ley; pero también que éste sea reconocido por la sociedad, principalmente por quienes participaron en la contienda, además por los adversarios políticos.

Mientras la legalidad implica ceñirse a la ley, la legitimación requiere el reconocimiento de la sociedad de quien legalmente ha ganado un proceso electoral para ocupar un cargo público. Esto no significa nada más reconocer el triunfo, sino reconocer también la calidad que ostenta el servidor público que desempeña la función y respaldar en la medida de lo posible todas sus decisiones y actividades, siempre y cuando éstas -las acciones- sean buscando el beneficio de la generalidad.

Otro aspecto que hay que destacar es que la legitimidadno es un acto unilateral, es decir no significa solamente que la sociedad reconozca a la autoridad; también requiere que el nuevo funcionario público –a través de la congruencia, la inclusión y sus actos, día con día– vaya generando la confianza de la ciudadanía y su simpatía por las decisiones que se tomanque, lejos de ser populistas, vayan dirigidas a generar verdaderos beneficios colectivos y resuelvan demandas sociales que permitan acceder a mejores condiciones de vida.

La legitimació exige del triunfador una actitud incluyente en los cargos públicos, a los adversarios políticos, como se dice coloquialmente “no quererse comer solo el pastel”, y también que sepa trabajar con ellos. El ejercicio de la función pública no requiere de colores sino de esfuerzos en conjunto, ajenos de la ideología y simpatía partidista o independiente; el interés público no es un tema partidista ni ideológico, es un esfuerzo cotidiano del servidor de tomar decisiones y acciones tendentes al beneficio colectivo.

Es una verdad de Perogrullo que cada proceso electoral vivimos etapas que demuestran todo lo contrario. En un mismo Estado, en una misma elección, quienes ganan en un Municipio, Distrito o en la Entidad, demandan que el perdedor asuma actitudes de reconocimiento al triunfo, extendiéndolo a su partido político y simpatizante; el problema se acentúa cuando el que ganó la contienda, en otro territorio del mismo Estado, perdió y desconoce el triunfo de quien le demanda el reconocimiento de su propio triunfo, y más aún cuando el tema abarca las diputaciones federales, senadurías y la Presidencia de la República.

Me explico: se trata de que desaparezcan actitudes tipo: “quiero que los demás reconozcan mi triunfo, pero cuando pierdo no reconozco el triunfo de los demás”; o “exijo un cheque en blanco de mi triunfo, pero no quiero darlo a quien ganó en otra elección, en la cual perdí”; y “demando como perdedor espacios y concertaciones a quien obtuvo el triunfo; pero no quiero dar lo mismo cuando el triunfo me favorece”.

Desgraciadamente, el cuerpo normativo no ayuda mucho en este aspecto, porque primeramente son reglas no escritas; no existe un código o norma de ética en la función pública que te obligue a asumir esta conducta. Por otro lado, no hay una verdadera cultura política en la cual admitamos con dignidad la derrota y seamos gentiles en el triunfo.

Desde el diseño de la propia ley, los periodos que median entre los resultados electorales y la cadena impugnativa y toma de posesión del cargo son tortuosos y exageradamente largos; en el caso de las pasadas elecciones, el periodo que medió del día de la elección (7 de junio del 2015) a la fecha de toma de protesta de quienes obtuvieron el triunfo (1º y 15 de septiembre, y el 1º. de octubre) fue de casi tres meses, en el menor de los casos, y cuatro, en el peor. Ello no favoreció de manera alguna a generar un clima de civilidad en el electorado y los actores políticos.

Es decir, el periodo que media entre una jornada electoral y la toma de posesión de los servidores públicos es muy largo, y ello se debe a que la cadena impugnativa es compleja y extensa.

Esto sin dejar a un lado las elecciones extraordinarias, que tal pareciera que son los escenarios ideales para aumentar las tensiones y diferencias entre los candidatos, los partidos políticos y la sociedad; aún y cuando en la mayoría de los casos la postura que tomaron quienes participaron, en ésta y otras entidades, fue madura –de no impugnación–, trayendo consigo certidumbre política en la comunidad.

Una de las propuestas de solución a lo expuesto es generar una normativa que tome estos principios y reglas no escritas en la política, de saber ganar y perder, y obligue a los candidatos y partidos ganadores y perdedores a asumir verdaderas conductas de civilidad política, en beneficio de la comunidad; o sea, imponer una conducta de legitimidad a los ciudadanos y participantes en la contienda y de inclusión en gobiernos verdaderamente de coparticipación.

Otra propuesta más es la reducción de los tiempos que median entre la jornada electoral y la toma de posesión de los candidatos, que éstos sean más cortos, lo que implica que necesariamente la cadena impugnativa se reduzca considerablemente, sin trastocar los derechos de los interesados.

Y otra más es llevar a cabo el diseño de políticas públicas que rebasen los periodos de ejercicio de gobierno de los servidores, y que sean compromisos a seguir, independientemente de la extracción ideológica o partidista que llegue al poder.

 

Usted, ¿qué opina?

Ramón Hernández R.

[email protected]

@HernandezRRamon

 

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