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Sobre los presupuestos de egresos

12 de septiembre, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Ramón Hernández Reyes

Nadie recordaría al buen samaritano si además de buenas intenciones no hubiera tenido dinero. Margaret Thatcher.

En estos tiempos aciagos, la mayoría de los organismos públicos se encuentra en la elaboración de sus respectivos presupuestos para enfrentar el año 2017. Los órganos autónomos hacen lo propio. La Secretaría encargada de las finanzas en cualquier entidad o en la Federación es la responsable de aglutinar el presupuesto de todas las dependencias y los organismos autónomos para presentar en un solo documento el presupuesto de egresos, ya sea de la Federación o de las entidades federativas.

El presupuesto que cada ente gubernamental aprueba debe seguir estándares de racionalidad, proporcionalidad, objetividad y evaluación. Un presupuesto significa un estimado de las erogaciones que la dependencia ejercerá durante el año, con base en programas de trabajo previamente establecidos, medibles y contables.

La nueva contabilidad gubernamental obliga a las dependencias a ejercer el gasto público apoyado en un programa operativo anual, en el cual se incorporan programas, actividades y calendarios de las dependencias durante un año, los cuales soportan el ejercicio de la erogación del propio gasto que se tiene programado.

De tal suerte que en la actualidad el presupuesto —a diferencia de antaño— tiene que estar plenamente justificado en cuanto a la actividad; es decir, que ésta se programe dentro de las facultades y ámbito competencial del ente y, además, que sea costeable, medible y cuantificable.

Las metas y objetivos son parte inexorable del presupuesto, dado que se relacionan con el fin de la institución; también son los elementos que dan vida y razón de ser a las actividades de los programas institucionales. Es así que la planeación anual tiene que ver con acciones basadas en programas y, a su vez, que éstos sean costeables.

Ahora bien, los presupuestos de los organismos autónomos —como es el caso de los organismos administrativos electorales— tienen características especiales que hacen que esta figura se analice por separado.

En efecto, los presupuestos de los organismos electorales administrativos pasan por dos aduanas: la primera relativa a un año ordinario sin elecciones, y la segunda al proceso electoral. En ambos casos el cálculo y programación de las actividades es diferente, dado que en un año ordinario el ejercicio del recurso programado y las acciones se apoya en una sola, es decir, de ejercicio es unianual, también porque las actividades principalmente van encaminadas a trabajos administrativos de los recursos de los partidos políticos, educación cívica, consultas ciudadanas, y para realizar los preparativos del proceso electoral.

En el caso de un proceso electoral, la elaboración del presupuesto requiere que se haga en dos momentos, o sea en dos años, dado que el mismo empieza comúnmente en septiembre y la jornada electoral se lleva a cabo en junio del año siguiente, lo cual quiere decir que implica dos años. Por ejemplo, el próximo proceso electoral comenzará en el mes de septiembre de 2017 y la jornada electoral se llevará a cabo en el mes de julio de 2018.

Dado que prácticamente el proceso electoral abarca un año, las actividades que ello implica se necesitan programar y dividirse en dos etapas; desde luego el año correspondiente a la jornada electoral es el más intenso y, por lo tanto, el que más demanda la aplicación de recursos.

Tenemos el caso de las prerrogativas de los partidos políticos, cuyo cálculo requiere un procedimiento especializado; ellas se programan con base en determinados estándares como son el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral y el salario mínimo correspondiente a la Ciudad de México o a la entidad federativa, según sea el caso. También es importante tener en consideración que cada año el padrón electoral y el salario mínimo sufre variaciones —regularmente al alza—, por lo que el pago de las prerrogativas siempre variará de un año a otro; es decir, aumentará.

No se debe olvidar que las prerrogativas de los partidos políticos se dividen principalmente en tres partes: para el pago de actividades ordinarias, para el pago de actividades específicas y —cuando hay elecciones— para la promoción al voto.

Como dijimos antes, el cálculo para actividades ordinarias se lleva a cabo de conformidad con el salario mínimo y el número del padrón electoral de la entidad de que se trate o a nivel nacional, si se trata de los partidos políticos nacionales. Por su parte, los recursos para sufragar las actividades específicas se calculan sobre un 3 por ciento respecto del monto correspondiente al pago de actividades ordinarias.

En el caso del proceso electoral, el cálculo de las prerrogativas para promoción al voto se apoya también con base en las prerrogativas ordinarias, y son dos diferentes dependiendo si es elección del ejecutivo o no; cuando es elección del titular del ejecutivo es un monto equivalente al 50 por ciento del monto de las prerrogativas para gasto ordinario, y cuando no —solamente se trate de renovación de diputados o jefes delegacionales o municipios— la suma se reduce al 30 por ciento.

Otro aspecto importante que debe abarcar el presupuesto es el relativo al capítulo del personal que labora en la institución, el cual varía en actividad ordinaria y cuando existe proceso electoral. El incremento que sufren los órganos electorales

en proceso electoral es mayúsculo en comparación con la actividad ordinaria del propio organismo, ello derivado de que en la mayoría de las entidades en proceso electoral se incorpora personal a trabajar para cubrir diversas tareas preparatorias para la jornada y para solventar la etapa del cómputo de la elección. Las personas que se incorporan en proceso regularmente laboran en el órgano central, y otras tantas —que son prácticamente la mayoría— para atender necesidades en los municipios y distritos que componen las entidades federativas, así como capacitadores y supervisores electorales, y de manera eventual los funcionarios de mesas directivas de casillas. Es por ello que el incremento del personal eventual contratado por el instituto en proceso se incrementa a más de un 300 por ciento en cada entidad.

Esta situación, por cierto, no acontece en el Instituto Nacional Electoral (INE) ni en entidades como Guanajuato o la Ciudad de México, debido a que cuentan con órganos permanentes en cada delegación o municipio o estado. Esta situación ocasiona que la contratación del personal eventual sea menor, pero la carga económica ordinaria por mantener la estructura es de forma permanente.

También es importante tomar en consideración dentro del capítulo de los recursos humanos los retos que deben enfrentarse en términos presupuestales derivados de la reforma electoral, como es la adecuación de los organismos electorales al Servicio Profesional Electoral nacional y la creación de nuevas áreas requeridas por la propia reforma tanto nacional como local, como son las de vinculación con el INE, derechos humanos, asuntos de pueblos y comunidades indígenas, así como mecanismos de participación ciudadana, entre otros, pero también se debe realizar un replanteamiento por parte de los organismos electorales de las entidades federativas respecto del personal que conforma las áreas de fiscalización u otras, dado que esta facultad fue atraída de manera exclusiva por parte de INE.

Un aspecto adicional que debe tomarse en consideración para los cálculos relativos a los bienes y servicios es la actualización de los costos de diversos factores para poder contemplar precios futuros, necesarios para el desempeño de la función administrativa. Existen algunos instrumentos que pueden tomarse como indicativos para este ejercicio, como por ejemplo los precios del combustible y de la luz, la cotización del peso frente a las monedas extranjeras —principalmente el dólar y el euro—, el índice nacional del precio al consumidor, el salario mínimo y la unidad de medida actualizada, entre otros. Este ejercicio se vuelve más relevante cuando es proceso electoral, en virtud de la necesidad de llevar a cabo un cálculo de los servicios y productos necesarios para la jornada como es el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) y el material y documentación electoral.

Es de llamar la atención que la elaboración del presupuesto requiere de una máxima concentración y largas jornadas de trabajo; no se trata de un mero calculo subjetivo, sino de un trabajo profesional en el cual se deben involucrar todas las áreas que componen el órgano, dependencia u oficina para su confeccionamiento, y además deben estar acompañados de datos duros y comportamientos de gastos, para buscar en la medida de lo posible la puntualidad en los costos aproximados.

Por tanto, el presupuesto no es otra cosa que un cálculo aproximado de costos para el ejercicio de la función del órgano correspondiente; este instrumento tiene como principal finalidad poner a consideración y escrutinio de los entes competentes el gasto aproximado que erogará la oficina pública en un año. El tiempo que se ocupa para la elaboración de un presupuesto es largo, no es menor, y resulta muy complejo, por lo que la corresponsabilidad de su elaboración abarca a todas y cada una de las áreas de la dependencia gubernamental correspondiente; en los organismos autónomos no lo es tanto.

Por lo anterior, es importante que se regule en la medida de lo posible la manera de elaborar un presupuesto, y además que los trabajos se empiecen a realizar prácticamente dentro del primero semestre del año, para estar en condiciones de entregarlo con oportunidad a la autoridad revisora del gasto dicho instrumento, y ésta cuente con el tiempo suficiente de su revisión.

En otras palabras, es importante que se haga un replanteamiento en la legislación para que el presupuesto sea entregado por las áreas gubernamentales a más tardar en el mes de julio y así se cuente con el tiempo suficiente por parte de finanzas y el Congreso para su revisión.

Por lo pronto, usted ¿qué opina?

 

Ramón Hernández R. [email protected]

@HernandezRRamon

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