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El país de nosotros

22 de marzo, 2017

Redacción web/La Voz de Michoacán

Raúl Castellano

A través de los años que siguieron a 1917 en que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecieron derechos, a los que se fueron agregando otros, siendo algunos irrefutables, aceptados por todos e indispensables en un régimen democrático y liberal. Pero dentro de ese desorden y falta de respeto con las que se ha metido mano en nuestra Carta Magna, se han introducido otros que, además de onerosos, al grado que no se pueden cumplir, parecen más ocurrencias del legislador o partido político e incluso, de burla para los millones de mexicanos que no pueden tener por sí mismos, lo que la Constitución dice garantizar. En nuestra Carta Fundamental no hay rigor ni técnica legislativa en su creación y desarrollo y sí, un desaseo inadmisible.

El artículo 4º es un ejemplo de cómo se puede legislar con total irresponsabilidad. Veamos los derechos que establece y ¡dice garantizar! El derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; toda persona tiene derecho a la protección de la salud; toda persona tiene derecho a un medioambiente sano para su desarrollo y bienestar; toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal en forma suficiente, aceptable y asequible; toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa; toda persona tiene derecho a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado; toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. A esto hay que agregar algo más reciente, que es el derecho a una pensión mínima garantizada para aquellos individuos que no cuenten con una pensión formal, y en el artículo 123, se agrega el derecho a un seguro de desempleo.

Estamos en el momento de establecer el país que queremos y, una vez hecho esto, darnos una nueva Constitución donde queden plasmados nuestros anhelos, con objeto de que sea un instrumento fundamental para resolver los problemas planteados por el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, manejar el pluralismo de la sociedad toda.

Me parece que no hay conflicto en que, dentro de los derechos que los mexicanos queremos en nuestro país, esté la libertad; el de asociación; el de libertad de expresión; el de votar y ser votado con secrecía; el de libertad religiosa y laicidad del gobierno; derechos todos, indispensables en un país democrático y liberal.

El derecho a la educación desde preescolar, hasta la educación media superior, de manera gratuita, impartida por el gobierno, que necesariamente debe ser de calidad, para superar el bajo nivel educativo que México tiene hoy dentro de los países de la OCDE. Este derecho sí se cumple, aunque de forma parcial, ya que no se invierte lo necesario para proporcionar educación de calidad y contar con escuelas adecuadas. A esto, hay que agregar la falta de capacidad de los maestros que la imparten.

Hay muchas ideas y ocurrencias que quedan dentro de un texto constitucional, que no debieran figurar, por impropias, y que desde luego no aportan ni sirven para nada.

Es imprescindible que una vez establecido el país que queremos y se inicie la redacción de la Constitución se evite cometer los defectos que tiene la que nos rige. Incluir derechos que el Estado no puede garantizar, no deben estar en el texto; poner derechos como si viviéramos en un Estado de bienestar, no procede porque es solo una especie de simulación. El Estado de Bienestar es una aspiración, al menos por ahora. Hay que tener en mente, siempre, que vivimos en un país con 70 millones de pobres; que vivimos en un país donde hay una enorme desigualdad. Esta realidad hace que pensemos en que México no podemos continuar teniendo una cleptocracia en los gobiernos federal, estatales y municipales, así como partidos políticos y magnates cómplices de la iniciativa privada y otros que, sin ser magnates, se aprovechan del río revuelto de la corrupción para hacer de las suyas.

Nos dice el Ministro de la Suprema Corte de la Nación, que una de las características del pensamiento jurídico mexicano, fue y es, el poco tratamiento jurídico de la Constitución; y agrega, que quienes debieran hacer de ese texto y de sus normas objeto de trabajo, estuvieran y estén dedicados a construir explicaciones de diversos fenómenos alrededor de la Constitución, pero no del sentido y alcance de sus normas.

Nadie mejor que este distinguido jurista, para explicar los procedimientos que siguieron los constituyentes: “Hubo quienes pretendiendo realizar una actividad jurídica reseñaron los movimientos insurgentes o revolucionarios que llevaron al establecimiento de las constituciones vigentes en los siglos XIX y XX. Hubo quienes, afanándose aun más por los orígenes, se dieron a la tarea de comentar los supuestos políticos de los procesos constituyentes o, también, de las teorías políticas que de un modo u otro, determinaron nuestra organización jurídica. Hubo quienes pretendieron establecer las peculiaridades del movimiento mexicano, algo así como un constitucionalismo autóctono original o, al menos, muy originario. Hubo quienes encontraron en las sucesivas reformas constitucionales una especie de filosofía de la historia, marcado por un necesario y continuado devenir en etapas de creciente democracia, igualdad y progreso, todo ello enmarcado en un nacionalismo único e irrepetible”.

Y agrega el Ministro: …”hubo ejercicios más delicados y comprometedores. Aludiendo a la variedad de sentimientos que les despertaba la Constitución y requiriendo para ello la búsqueda de sus esencias, varios juristas terminaron sustituyendo al texto por las decisiones que estimaron en algún momento y de algún modo llevaron a crearlo. Lo que las normas  constitucionales dispusieran no tenía importancia ni sentido entenderlas jurídicamente. Desde esa perspectiva, lo relevante era identificar lo que en el momento constituyente o, mejor aun, durante el proceso revolucionario, hubiera sido determinante, pues la acción misma daba sentido al texto y a sus normas, pero no a la inversa.

Leer el texto era, entonces, el modo en que resultaban comprobables las decisiones que hubieran orientado al proceso revolucionario y determinado el sentido constitucional. Identificar las llamadas “decisiones políticas fundamentales” fue la clave de entendimiento de la Constitución”.

No cometamos los mismos errores que se llevaron a cabo en el proceso y redacción de la Constitución de la Ciudad de México. Ya en un artículo que apareció recientemente, en este mismo espacio, comenté que lo que mal empieza mal acaba. Este es el caso de la Constitución de la CDMX. Y mucho menos, cuando se dé el momento de darnos una nueva Constitución Federal, a partir de que definamos el México que queremos, el País de Nosotros.

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