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Seguridad, política de estado (III y última)

31 de agosto, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Por: Raúl Castellano

 

La Política que ha adoptado el Estado, para combatir a la delincuencia organizada y al narcotráfico, la fijó Felipe Calderón, al sacar a las calles al Ejército Mexicano y la Marina Armada. Calderón la llamó “guerra”, y eso ha sido desde entonces, al menos por el número de miles, que se cuentan por muchos miles. Las ordenes a estas instituciones armadas, son las de “abatir” a los delincuentes. Este término provocó una polémica, que no pudo cambiar el concepto: abatir es mater. En esta tarea participa la Policía Federal, misma que en ocasiones lleva a cabo operaciones conjuntas con el Ejercito y/o la Marina.

Como se descompuso el panorama de la seguridad en todo el territorio nacional, es algo que merece un análisis minucioso; como nuestro país cambió de tener los problemas normales, llamémosle así, en materia de seguridad y delincuencia, al desbordamiento de esa fuerzas del mal, que hoy la población vive temerosa, con miedo y, en cierta forma nos ha deshumanizado. Ya nada sorprende.

Desde luego, el descuido y abandono de los responsables de los cuerpos policíacos, tuvo mucho que ver. Las policías mal preparadas, mal equipadas, mal pagadas, fueron presa de los grupos delincuenciales y pasaron de proteger a los ciudadanos y mantener la paz pública, a protectores y cómplices de los delincuentes. Las policías dejaron de ser confiables.

Esa necesidad de sacar de sus cuarteles a soldados y marinos a cumplir tareas diferentes a las que por ley tienen asignadas, ha tenido trágicos resultados.

La guerra contra los grupos delincuenciales y la drogas, ha resultado un matadero. Siguiendo la trayectoria de esta violencia, del año 2000 al 2018se habrán consumado 300 mil homicidios. Por ahora van 245 mil, intensificada en el 2008. La violencia sacude al país como nunca antes. Hay 23 mil desaparecidos y fosas clandestinas a lo largo y a lo ancho del país. Un grupo de mujeres, madres, esposas, rastreando por campos, los restos de sus familiares, hijos, cónyuges, seres amados, para darle fin a su dolor y sepultarlos de manera digna y comenzar su duelo. 245 mil personas en busca de justicia o de venganza.

Un pesado legado que a todos nos afecta, por más que, a fuerza de ver esta barbarie que nos oprime el corazón, nos deshumaniza, nos adormece, nos torna insensibles; esos crímenes son cada vez más crueles. Cadáveres desmembrados, desollados, descabezados, arrojados en bolsas de basura; otros, colgados en puentes, para escarnio de sus familias o advertencia a los que se les oponen.

En el gobierno de Fox hubo 60 mil 162 homicidios. Con Felipe Calderón se registraron 121 mil 163, cifra que resulta ser más del doble. En los tres años del gobierno de Peña, la cantidad de homicidios han sido de 64 mil 614; más que en todo el sexenio de Fox. Un especialista advierte que, si la tendencia se sostiene, en este gobierno se registrarán 130 mil homicidios, cifra superior a los ocurridos con Calderón. Esto se debe a que la violencia se ha incrementado; tanto de los grupos o bandas delincuenciales, como la ejercida por el propio gobierno.

Ante todo ese horror, la parte más trágica ha ocurrido en los combates de esta guerra contra el narco y las bandas delincuenciales, en Aparzingán, Tanhuato y Tlatlaya, donde ha tenido que intervenir el propio Alto Comisionado de la  ONU, y se han involucrado la Human Rights Watch y Amnistía Internacional, quienes han advertido la violación de los Derechos Humanos.

En Apatzingán, la noche de Reyes del año pasado, en dos acciones, fueron asesinadas 16 personas inocentes; frente al Palacio Municipal estaba un grupo de 70  rurales y autodefensas, armados solo con palos, que pedían no ser desarmadas, pues de lo contrario sus vidas peligraban. Sin embargo, el Ejército procedió con fuerza extrema y acribillaron a personas que no ofrecían resistencia. En la segunda acción, la Policía Federal acribilló también a simples ciudadanos. En este caso, además, se alteró la escena del crimen, al colocarles armas junto a los cadáveres.

En Tanhuato, hubo 43 muertos, 42 civiles y un policía. Esto ocurrió en el Rancho del Sol, ubicado en el kilómetro 370 de la autopista México-Guadalajara. Se dijo que fue un enfrentamiento de la Policía Federal, sin embargo hay muchas dudas. Se dijo que los muertos eran miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación. La Policía atendía una denuncia de despojo, en relación a la ocupación ilegal del Rancho y cuando la Policía se aproximó, les dispararon desde una camioneta, que se internó en el Rancho. Los Policías se dispersaron, y se produjo, dijeron, un enfrentamiento por tres horas, en tres diferentes puntos. Luego se supo que dentro de los muertos, estaba un grupo de trabajadores que estaban arreglando el Rancho y que muchos de los muertos habían recibido impactos por la espalda y otros más, también habían sido atropellados.

El caso de Tlatlaya fue más evidente. 22 personas, rendidas, dentro de una bodega, fueron alineados contra la pared, y ejecutadas por el Ejército. Se trató de un fusilamiento. No hay mas que ver los impactos sobre la pared, con manchas de sangre, para saber que ocurrió.

En todas estas acciones encontramos un mismo patrón de conducta, tanto del Ejército como de la Policía Federal: no se trata de detener a los presuntos delincuentes para someterlos a juicio y aplicarles la ley. Se trata de abatir, se trata de matar, se trata de exterminar, aunque estén rendidos, y lo que es peor, aunque sean inocentes. Son en verdad, ejecuciones extrajudiciales.

No es posible estar de acuerdo con que esta sea la Política de Seguridad del Estado. No se entiende como es posible que en un supuesto Estado de Derecho se actúe al margen de la ley. Esto es la negación misma de la prevalencia de la ley. ¿Dónde ha quedado el Estado de Derecho y los Derechos Humanos?

Y todas esas miles y miles de muertes, ¿a dónde nos han conducido? ¿ha disminuido la violencia? Desde luego que no, al contrario, se ha incrementado. Es hora de repudiar la brutalidad de la matanza. Hay que revisar la estrategia seguida. La Política de Seguridad del Estado debe cambiar.

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