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Foto: Agencias. En la actualidad existe una sobrepoblación de 51 mil 621 internos en prisiones administradas por los estados y por la federación.

Crítico, sobrecupo en cárceles

31 de octubre, 2015

admin/La Voz de Michoacán

México, DF.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asegura que la sobrepoblación en las cárceles y penales del país se ha agudizado en las últimas tres décadas ante la falta de programas integrales, más allá de la construcción de más prisiones.

Al presentar el estudio Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento”, Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora de la CNDH, dijo que en la actualidad existe una sobrepoblación de 51 mil 621 internos en prisiones administradas por los estados y por la federación.

La sobrepoblación, comentó la visitadora, origina hacinamiento, falta de control e ingobernabilidad, insuficiencia en los servicios de alojamiento y una falta de reinserción.

“Se pudo identificar el problema bajo criterios de riesgo bajo, alto y crítico, detectando que en 28 centros exista sobrepoblación con riesgo crítico debido a que exceden en más de 40% su capacidad instalada, en 20 hay riesgo alto en virtud de exceder el 20% de su capacidad instalada y 24 centros con riesgo moderado en virtud de exceder en menos del 20% de la capacidad instalada”, comentó Ruth Villanueva.

En 2014, según los datos de la CNDH, se presentaron mil 737 incidentes, de ellos, 933 fueron en centros estatales; 740 en centros federales y cuatro en prisiones militares. En lo que se refiere a homicidios y suicidios se reportaron 117 y mil 435 riñas. Además, se presentaron 6 mil 121 quejas.

En los datos, que presentó la visitadora, refiere que los estados de México, Distrito Federal, Sonora y Veracruz son las entidades con más problemas de sobrepoblación.

Hay falta de personal y el personal no siempre está capacitado, es el caldo de cultivo perfecto para que sean los presos quienes marcan su propia normatividad, dijo Villanueva. El informe recoge que el autogobierno se registra en 76 centros penales. “Y eso es muy grave”. Otro de los principales problemas que denuncia la Comisión es que la salud en el interior de los penales es “un derecho muy mermado”.

“Los privados de libertad no son atendidos, no hay medicamentos, hay carencia de médicos generales, no digamos de especialistas”, detalló la funcionaria. Villanueva también criticó el sistema actual de penas, largas y acumuladas de hasta más de un siglo. “La gente va a envejecer y morir en prisión y eso requiere atención geriátrica además de que va en contra del principio de reinserción social recogido en la Constitución”.

La comisión criticó que, en un contexto en el que la mitad de los prisioneros lo son en calidad de procesados, no cuentan con una condena en su contra, no se cumple la separación de ambos tipos de presos. Al igual que no se cumple la separación por sexos, por tercera edad, por población indígena ni por condición de primodelincuentes. También señaló que la calidad y cantidad de los alimentos no son los adecuados y muchas veces es la familia quien debe correr con los gastos.

Larga condena no los reinserta
En lo que se refiere al aumento de las penas, la visitadora de la CNDH, aseguró que existe una tendencia a aplicar condenas amplias.

“Vamos viendo que hoy la tendencia es en aumento de penas. Si la propia Constitución nos va diciendo que el fin de la pena es reinsertar a la persona y vemos que hay sentencias de más de 100 años de prisión, claro que nunca se van a reinsertar. El promedio de vida de los mexicanos es de 75 años, una persona ingresa a la prisión, mínimo a los 18, entonces de 18 y que tengan una sentencia de 70 años, ya rebasó el promedio de vida del mexicano”, refirió. Esto no garantiza que los internos tengan una oportunidad de reintegrarse a la sociedad, por el contrario, lo único que garantizan es que mueran en prisión.

“La verdad es que las personas van a morir en prisión si tenemos estos sistemas de elevar penas. Y está comprobado que elevar penas no disminuye la delincuencia”.

Por ello, hizo un exhorto a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial para promover políticas públicas que incluyan estrategias, lineamientos y acciones para mejorar los centros de reclusión.

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