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Foto: Wendy Rufino.

IP exige poner un alto a las marchas

28 de diciembre, 2015

admin/La Voz de Michoacán

Ya basta de manifestaciones sociales fuera de control, clamó el empresariado michoacano tras estar en la espera de que se ponga un alto a estas acciones que realizan con más frecuencia normalistas, antorchistas y profesores, las cuales además de que generan pérdidas millonarias a los distintos sectores económicos, consideran se pasan de la raya ya que no sólo bloquean importantes avenidas, calles y carreteras sino que también sino que saquean mercancías, secuestran y queman unidades a la vista de todo.

En conjunto, empresarios coincidieron en que los anteriores gobiernos estatales y los legisladores por años dejaron crecer este problema social, por lo que pidieron a los actuales diputados locales a sacar adelante la Ley de Marchas y Plantones para que se regulen y castiguen como debe ser a los manifestantes que violan la ley.

“Que los delitos que hagan los manifestantes como secuestrar unidades de pasaje, botear en las carreteras exigiendo a fuerzas dinero a los automovilistas que pasan e impidiendo a los concesionarios de las autopistas cobrar por su servicio y saquear mercancías o gasolina, ya no sea una forma para presionar al gobierno sino un delito y que se castigue como debe ser”, llamó el representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Morelia, Clovis Remusat Arana.

Para ello sostuvo que urge dar seriedad a la ley que tanto se ha gestionado para poner orden a las marchas y plantones y es que el empresario consideró que este tipo de manifestaciones se han salido de control… “en varias ocasiones han destruido vehículos de empresas socias y casi nunca pasa nada, y en el caso de que los detengan en días los dejan libres bajo fianza, entonces creemos que las leyes han sido laxas en este tema cuando recordemos que robo es robo y es un delito grave aquí y en China, por ello, las autoridades legislativas tienen que revisar este tema”, resaltó.

En cuanto a las pérdidas por bloqueos, Remusat Arana, expresó que sonmillonarias…“no hay un conteo como tal, pero las pérdidas son en millones de pesos, pues cada vez que se realiza una marcha o plantón al menos el 60% de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas agremiadas a Canacintra se ven afectadas, ya que tienen que transitar por los libramientos o vialidades principales para entregar mercancías y no lo pueden hacer, o están esperando alguna materia prima para seguir con su producción y no les llega y tienen que detener sus procesos”, estimó.

El líder empresarial opinó que la libre expresión es un derecho de todos pero también lo es el libre tránsito… “la mayoría de las ocasiones sucede que los manifestantes bloquean las calles y eso perjudica a la sociedad en general y a las empresas”, sostuvo. Por ello, dijo que el sector cree que se debe legislar el tema así como establecer reglas claras que sean aplicables y o en su caso sancionables.

Finalmente dijo que no se le puede coartar a nadie su derecho a la expresión pero debe ser bajo el orden, con respeto y en una disciplina y estado de derecho… “debería de haber un respeto a la sociedad, si se hiciera con orden, la sociedad estaría más tranquila y podríamos decir que tenemos un estado de derecho”, abundó.

Siguen los daños

Sin lugar a dudas uno de los sectores más afectados con esta problemática es el de transporte de pasajeros, el cual es utilizado a la mala por los manifestantes para movilizarse a los lugares a donde quieren hacer presión social. Arcadio Méndez Hurtado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) señaló que al mes en promedio llegan a secuestrarles entre 150 y 300 autobuses de pasajeros, principalmente por normalistas y comuneros.

Cada vez que retienen un autobús los manifestantes, el sector registra una pérdida media de 20 mil pesos por no tenerla en circulación, a lo que se le debe agregar la extracción de combustible, llantas, pantallas y otros implementos, reparaciones como cambio de cristales y el salario de los operadores, detalló el también delegado en la entidad de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo (Canapat).

Por lo que pidió que se aplique la ley pues robar un autobús es un delito grave, aunque reconoció que el gobernador Silvano Aureoles Conejo ya mostró interés por atender esta problemática.

Para más información consulta la edición impresa del 28 de diciembre.

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