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Morelia, Michoacán a 20 de julio de 2017
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Foto: Agencias. En abril de 2016 se lanzaron los operativos para consignar los crímenes contra la biodiversidad.

Fracasa Gendarmería ambiental: expertos

1 de julio, 2017

El Universal/La Voz de Michoacán

Enrique Alvarado/El Universal

Ciudad de México. Con una navaja estilo militar un gendarme rompió una red que aprisionaba a un tiburón martillo, una mantarraya y varias totoabas. Las especies marinas regresaron a su hábitat en la Reserva del Alto Golfo de California, ubicado en Baja California y Sonora, un polígono en el que se encuentra la vaquita marina, cetáceo endémico que está en la cuerda floja de la extinción.

Aquí entró un grupo especial de 50 elementos de la “Misión Ambiental” desde hace unos meses, para hacer frente al contrabando internacional de totoaba. Y no son los únicos.

En abril de 2016 se lanzaron los operativos para consignar los crímenes contra la biodiversidad en 177 Áreas Naturales Protegidas (ANP), en zonas del país que no han sido alteradas por los seres humano o que necesitan ser “preservadas y restauradas”.

Entraron en operación 750 elementos divididos. La semana pasada el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, destacó el compromiso de la Gendarmería Ambiental, inaugurando un museo interactivo de esta fuerza especial.

Pero la misión que les fue encomendada no se refleja de manera positiva en sus resultados durante este lapso, de acuerdo con documentos y expertos consultados. Hasta el momento sólo han habido labores de prevención, decomiso y detención en cinco estados de la República -de 22 que cuentan con ANP-, lo que se traduce en atención a 22.7 por ciento de la biodiversidad.

Eso no es todo. El número de detenciones revela que sólo hubo una por cada 107 elementos y no se entregó información de las faltas administrativas, de acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia.

Los casi mil gendarmes -detallan los oficios- decomisaron 513 objetos, entre los que se encuentran piezas de madera, ejemplares de fauna silvestre y subproductos de la misma, así como 40 kilogramos de totoaba -la especie endémica del Alto Golfo, cuya vejiga natatoria vale hasta 8 mil dólares el kilo, como lo documentó El Universal en diciembre del año pasado-, de abril de 2016 al mismo mes de 2017, según señaló la Policía Federal.

Para Raúl Arriaga, presidente del Colegio de Biólogos, la Gendarmería Ambiental sólo se trató de una iniciativa para mostrar un “concepto pomposo” que no tiene “pies ni cabeza”.

“Nos venden una imagen con un uniforme muy bonito. Simplemente a cada uno de los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) les toca cuidar 7 mil hectáreas, ahora a estos gendarmes les tocarán 10 mil hectáreas, es una tomada de pelo. ¿Por qué no fortalecer la labor de la Profepa con las Fuerzas Armadas de México para proteger zonas críticas?”, cuestiona Raúl Arriaga.

“Toda fiscalización, vigilancia y sanción tiene que venir por parte de la Profepa, que debe tener atribuciones y recursos para eso. La Gendarmería abre la puerta a la militarización de la vida civil”, dice el director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani.

“Son policías federales tratando de cuidar algo que con la fuerza no se va a poder, eso se demostró con las drogas, ¿por qué querer repetir ese modelo?”, pregunta por su parte Eduardo Lino, abogado ambientalista de la organización Gente por la Defensa Animal (Gepda).

Los especialistas consideran que en lugar de crearse una Gendarmería se debió ampliar las facultades de investigación, capacitación, persecución, así como el aumento de inspectores para consignar los delitos ambientales. Incluso, estas recomendaciones forman parte del reporte de la misión de la Unidad contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (Unodc).

Por su parte, Rafael Pacchiano, al frente de la Semarnat, no atendió la petición de entrevista para abordar estos puntos.

Aún es débil la procuración y cuidado del medio ambiente

En julio de 2016 se firmó la Misión de la Gendarmería Ambiental de la Policía Federal (PF), que consistiría en “garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, para proteger el derecho fundamental de las personas a tener un medio ambiente sano y sustentable”.

Las acciones se concentran en tres puntos: prevención de delitos y faltas administrativas en materia ambiental; combate a las actividades ilegales como la tala ilegal, furtivismo, tráfico de especies, entre otros.

Así como generar vínculos con los sectores de la sociedad que conviven con la biodiversidad de la zona. Los hechos y las cifras contrastan con el objetivo.

El Universal solicitó el número de faltas administrativas en materia ambiental y la causa de las mismas, pero en el oficio de respuesta no fueron entregados, lo mismo que lo correspondiente al presupuesto ejercido por sus operativos y el número de elementos utilizados para la Misión en cada Área Natural Protegida.

Las acciones están bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), cuyo titular es Alejandro del Mazo Maza. La Profepa y la Semarnat han tenido como resultado siete detenciones: cinco en Guerrero, una en Morelos y otra en Sonora.

En cuanto a los aseguramientos se reportaron 112 piezas de madera aserrada, en Campeche; dos cocodrilos y 13 huevos de tortuga, en Guerrero; 292 vigas y polines de madera, así como 94 maderas de pino, en Morelos.

El pasado 1 de junio, en el Museo Interactivo de la PF, se abrió una exhibición de la Misión Ambiental: “La creación de la Gendarmería Ambiental es un gran logro que demuestra el nivel de compromiso que tiene el presidente Enrique Peña Nieto, que incluso en épocas donde el presupuesto está ajustado, nos damos la oportunidad de crear un área en la División de Gendarmería de la Policía Federal, con 750 elementos y cuya cantidad continúa incrementándose, para garantizar el cuidado de este patrimonio natural”, señaló Pacchiano.

Según especialistas en temas ambientales, no se han potencializado de la misma manera los esfuerzos por parte del gobierno federal para fortalecer a la Profepa como la institución encargada de procurar la justicia ambiental. En el sumario de recomendaciones del reporte “Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques”, publicado por la misión de México de la Unodc, se prevé en los puntos 10, 11, 12, 30 y 32 que se amplíen las atribuciones y facultades en materia penal para la Profepa.

“Desarrollar por parte de la PGR y la Profepa políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente, investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e infracciones administrativas que los ocasionan; así como para la reinserción social de los individuos penal y ambientalmente responsables que induzcan al respeto de las leyes ambientales y los tratados internacionales”, recomienda el reporte.

Raúl Arriaga, académico y ex subsecretario de la Semarnat, dice que es una contradicción que aparezcan en este escenario los gendarmes cuando los inspectores de la Profepa necesitan recursos, capacitación y atribuciones.

Incluso en la iniciativa de la Ley General de la Biodiversidad -promovida por la senadora Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México, grupo al cual también pertenecen el comisionado de la Conanp y el secretario de la Semarnat- se desarticula el marco de atribuciones de la Profepa en materia de inspección y vigilancia. En el reporte “Ley General de Biodiversidad. Análisis del proyecto del Centro Mexicano del Derecho Ambiental” (Cemda) se alerta este punto. “Quedan más débiles de cómo está regulada actualmente”, apunta Anaid González, quien es la abogada de la organización.

Las 177 áreas naturales protegidas representan 25 millones 628 mil 239 hectáreas, es decir, por cada área se destinarían cuatro elementos únicamente.

No obstante, a la Reserva del Alto Golfo de California -donde habitan 30 vaquitas marinas, de acuerdo con el último censo del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva)- fueron asignados 50 gendarmes ambientales, pues el contrabando de la vejiga natatoria forma parte de un crimen contra la biodiversidad trasnacional.

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