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Foto: Internet. Bajo la lupa se encuentran personajes de la función pública por irregularidades.

Gobernadores, “en la mira” por delitos

20 de agosto, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Agencias/ La Voz de Michoacán

Ciudad de México.- El desvío de recursos públicos, actos de corrupción, nexos con el crimen organizado e implicaciones con homicidios de opositores, son algunas de las denuncias ciudadanas en contra de los gobernadores y exgobernadores, que están en la mira de sus partidos y de las autoridades, porque han creado leyes locales a modo para que no se les inculpe por sus excesos.
Conocer las investigaciones que existen en la PGR contra los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte y de Quintana Roo, Roberto Borge, ayudaría a comprender los motivos que los orillaron a llevar a cabo diversas medidas antes de que concluyan sus gestiones, para blindarse contra el Sistema Nacional Anticorrupción.
La impunidad que reinó durante la administración de ambos mandatarios estatales los hizo actuar de manera acelerada y aprobar diversas reformas que no son acordes al sentido y el fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, cuyo objetivo es concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso del poder.
Fue por eso que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad ante dichas acciones que emprendieron los gobernadores y los congresos locales de Veracruz y Quintana Roo.
Analistas, señalan que César Duarte “también tiene lo suyo” ya que de última hora el Congreso local aprobó la “bursatilización” de los excedentes de 6 mil millones de pesos por ingresos del Fideicomiso Carretero vigente hasta 2038, con lo cual compromete recursos de las siguientes administraciones, iniciando por la del panista Javier Corral.
La maniobra de César Duarte beneficiará, en cambio, a entidades financieras como Interacciones, Inbursa, Multiva y Banorte, según los reportes internos del fideicomiso.
También es de destacar que un manejo desordenado de los recursos públicos y una “corrupción manifiesta” que involucra a los gobernadores y su equipo, empresas privadas, bancos y contratistas, predomina en las deudas estatales, que en total ascienden a 532 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Tienen sed de poder
Ya sea porque están en la cárcel o porque se han librado de ella, muchos políticos forman parte de una lista con un común denominador: una búsqueda implacable de poder, a veces vinculada a actos de corrupción que sobrepasa las fronteras de México y un seguimiento a esos hechos con pocos logros.
Pero también están los políticos “descarrilados”, que en su afán de poder refrendan la calificación de México como uno de los primeros países en corrupción a nivel mundial.
En la mira de Ochoa
Los hay de todo. La punta del Iceberg lleva a muchas sorpresas; el caso más reciente ronda en las declaraciones del nuevo dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien planteó, “empezando por la casa del tricolor”, un frente integral contra la corrupción y la exigencia para fiscalizar e incluso destituir a los gobernantes que hayan cometido actos ilícitos.
El dirigente tricolor no dudó en pronunciarse contra la impunidad y el abuso y afirmó que aunque es “imposible tapar el sol con un dedo”, el partido señalará a todos los priistas que desde el gobierno incurrieron en prácticas de corrupción.
El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) insiste en crear un órgano anticorrupcción al interior del partido para dar la misma firmeza con la que se debe contribuir al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en el país.
No titubeó en destacar que el elemento más adverso a la labor política son las acusaciones de impunidad, y aseguró que cuando un militante falla a la sociedad y se corrompe, aparte de lastimar al partido, se le debe exigir la fiscalización e, incluso, su destitución.
De esta manera, desfilan numerosos funcionarios que desde el poder público federal se han permitido todo tipo de excesos en materia de corrupción, autoritarismo y arrogancia, como lo señala el senador perredista Miguel Barbosa, opinión con la que concuerda el líder panista, Ricardo Anaya, haciendo referencia al caso del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés.
Entre los casos que ponen a varios políticos bajo la lupa, destaca sin duda el de Andrés Granier Melo, cuya imagen se desplomó cuando con su foto en las redes sociales alardeaba de tener 400 pares de zapatos, mil camisas, 400 pantalones y 300 trajes, con cargo, se presume, al erario, en tanto su hijo repuntaba como un magnate turístico en la Ribera Maya y en Cancún.
El exgobernador de Tabasco luego de algunos meses de vivir en el hospital del penal de Tepepan, por su grave estado de salud, el juez primero de distrito en materia penal con sede en Villahermosa, le ha dictado auto de formal prisión por defraudación fiscal.
Luego de que su sucesor, el expriista Arturo Núñez, lo acusara de fraude millonario tanto a él como a sus hijos, fue sentenciado por defraudar por 224 mil 352 pesos a la Secretaría de Hacienda. Granier suma cinco procesos penales, aún cuando por la denuncia por lavado de dinero fue absuelto, pues, como se afirma, en el país resulta difícil comprobar la corrupción.

Para más información consulta la edición impresa de La Voz de Michoacán este 20 de agosto de 2016.

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