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Sin “dientes” Ley 3 de 3

2 de julio, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

La Ley 3 de 3 propuesta por distintas organizaciones de la sociedad civil que tiene el respaldo de más de 600 mil firmas de ciudadanos, exige que funcionarios de todos los niveles presenten tres declaraciones para transparentar sus propiedades y sus relaciones: una declaración patrimonial pública, una de pago de impuestos y otra de posibles conflictos de interés, todo esto como parte del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Sin embargo, la versión aprobada quedó “sin dientes” o “descafeinada” y que por ciertos huecos no fue promulgada como había anunciado la Presidencia de la República y la Secretaría de la Función Pública (SFP) “hasta que sea revisada por el Senado”, dejó mucho qué desear pues no sólo fue discutida en secreto y con retraso entre los legisladores, también quedó una versión que terminó favoreciendo más a los políticos: en la versión aprobada “light” establece que la declaración patrimonial y de intereses se hará pública siempre y cuando el funcionario en cuestión así lo autorice.

Sobre la declaración fiscal, sólo se hará pública la portada, no el contenido. Y al final quedó lo mismo de siempre: una ley hecha “a modo” por políticos y que sólo beneficia a los políticos.

A decir el analista político, Francisco José Paoli Bolio “analizando el Sistema Anticorrupción con sus siete leyes, lo que se ha creado es un laberinto verdaderamente intransitable lleno de burocracias, lleno de trámites que va ser imposible por la misma intervención múltiple, grosera, con burocracias de distintas entidades y con la aplicación de un Sistema Anticorrupción que tal pareciera que está en contra y no a favor de la ciudadanía que exige un ya basta de la corrupción”.

Cambian la jugada

A lo que en esencia era la propuesta ciudadana contra la corrupción de los servidores públicos, los senadores lograron darle la vuelta, su “descafeinada aprobación” ahora se ha puesto en contra de los ciudadanos que la impulsaron, solamente bastaron un par de modificaciones para conseguirlo.

La primera de ellas, permite que los políticos tengan la posibilidad de no presentar la Ley 3 de 3 o de hacerlo a medias o bien sólo si ellos quieren.

La ley, como la aprobaron los senadores, contempla que la información se puede ocultar cuando afecte la vida privada de los servidores públicos.

Además, la declaración patrimonial y de intereses se hará pública siempre y cuando el funcionario en cuestión así lo autorice.

La Ley 3 de 3 ha sido volteada en contra de los ciudadanos, pues ahora todos los beneficiarios de recursos públicos deberán presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de intereses llevando la ley al extremo.

El artículo 32 de la iniciativa dice que se obligará a: “Cualquier persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la federación, de la entidades federativas o de los municipios”.

Bajo el argumento de que la corrupción es de dos partes, ahora todos los ciudadanos entrarán también al Sistema Nacional Anticorrupción y en la ley se le exige lo que los altos funcionarios no están dispuestos a hacer.

Muchos sectores de la población incluyendo a los empresarios tendrán que hacer sus respectivas declaraciones anticorrupción, que si bien en teoría tiene sentido, en la realidad y con el poco dinero que manejan esos sectores hace de la Ley 3 de 3 una norma “absurda”.

No es lo que se quería

“Lo que quedó en el dictamen aprobado es que sea el Comité Ciudadano, que se instalará como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, quien decida qué va a ver en esos formatos públicos. Es desafortunado porque no es lo que pedimos los miles de ciudadanos que estamos a favor de esta iniciativa”, declaró en entrevista Alexandra Zapata, coordinadora del proyecto 3 de 3 del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

La ciudadanía pidió “que se establecieran formatos para publicar declaraciones directamente en la legislación, que no estuvieran susceptibles a interpretaciones de un comité –que aún no sabemos cómo estará integrado– ni a presiones de la clase política en un futuro. Ahí está centrado el enojo ciudadano, la frustración y la tristeza con la falta de compromiso”.

Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), aclaró a este medio que al no haber consenso entre las fuerzas políticas sobre el tema de la publicidad de las declaraciones de los funcionarios públicos, dejaron que sea el Comité Ciudadano el que defina los campos específicos que cada uno tiene que llenar al presentar su declaración.

 

No tiene mejor escenario

“No es el mejor escenario ni lo ideal en función de cómo había avanzando la iniciativa”, reconoció González Arreola.

Pero enfatizó que aunque “la información de las declaraciones no va a ser pública necesariamente, sí la va a tener el Sistema Nacional Anticorrupción de manera que va a poder identificar situaciones particulares a partir de inteligencia financiera.

Este Sistema tiene un secretariado ejecutivo que integra a las diferentes áreas responsables de combate a la corrupción presidido por un consejo ciudadano, lo cual le da mayor fortaleza. Aún cuando no se hacen públicas, obliga a los funcionarios a entregarlas a la secretaría ejecutiva del sistema que podrá monitorear investigar, y eventualmente dar pista a la instancia independiente de procuración de justicia”, dijo.

Zapata, del IMCO, acusó que los senadores del PRI, del Partido Verde y de Panal tuvieron la oportunidad histórica de poner al país como un referente de lucha anticorrupción, pero “literalmente ignoraron a la ciudadanía” y “decidieron patear el bote y fallarle a los cientos de miles de ciudadanos que confiaron en esta vía institucional. Queda claro que estos senadores no escuchan a los ciudadanos, no les importa el nivel de hartazgo tan grande que tenemos los ciudadanos contra la corrupción. Muchos senadores que votaron en contra mostraron un nivel de hipocresía enorme porque ellos ya presentaron su 3 de 3”.

Expuso que los otros artículos “dan dientes” al Sistema Nacional Anticorrupción para detectar y sancionar la corrupción en todos sus niveles.

“Un avance muy importante es la creación de la lista negra de funcionarios sancionados: un funcionario que sea sancionado por un acto de corrupción a nivel federal ya no podrá brincar a un puesto de un estado o municipio. También es fundamental que se integren mecanismos de denuncia y que se proteja a los denunciantes, se tipifican los tipos de corrupción. No fue un fracaso, pero hubo una oportunidad histórica que se dejó perder”, concluyó.

El director de Gesoc también cree que el resto de la legislación es “muy buena, muy robusta y es un precedente importante en el combate contra la corrupción”.

El Sistema Nacional Anticorrupción, justificó, ya no va a estar en manos de funcionarios públicos, sino vigilado por un comité de participación ciudadana.

Fue vetada por EPN

Ante las inconsistencias detectadas a la norma, el presidente Enrique Peña tuvo que vetar parcialmente la Ley 3 de 3 y la envió al Senado para que se le hagan las correcciones correspondientes.

La cúpula empresarial celebró el veto al artículo 32 de la Ley 3 de 3, que obligaba a todo particular que tuviera tratos con el gobierno a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

“El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresa su reconocimiento al presidente por la decisión de devolver al Congreso con observaciones parciales, la Ley de Responsabilidades Administrativas”, señaló el presidente del organismo Juan Pablo Castañón.

Asimismo, el líder del Senado, Roberto Gil (PAN), convocó al Congreso de la Unión a una reunión para proponerles que el próximo 5 de julio inicie un periodo “extra”, para discutir los “ajustes” al Artículo 32 de la llamada Ley 3 de 3.

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