Atienden problemática estatal respaldado por la Federación

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La relación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y del gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, ha sido inmejorable para trabajar de forma conjunta en las acciones del Plan Michoacán anunciado por la Federación desde febrero del 2014.

Salvador Jara, en su periodo corto de gobierno ha mantenido la relación institucional con la Presidencia de la República, al grado incluso de ceder cargos y secretarías que son la columna vertebral del Poder Ejecutivo de Michoacán para que la Federación conociera el origen del porqué se pierden o no se aplican millonarios recursos federales que llegan a la entidad.

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El gobernador Jara Guerrero, quien tomó protesta ante el Congreso de Michoacán, tras la renuncia irrevocable de Fausto Vallejo Figueroa durante el pasado 18 de junio del 2014, tuvo que gobernar al tiempo que Alfredo Castillo Cervantes, por encargo de la Federación estuvo al frente de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral.

Del 20 de junio del 2014 al 22 de enero del 2015, siete meses en total, Jara Guerrero trabajó junto con el excomisionado Alfredo Castillo Cervantes para tratar de mantener los avances en materia de seguridad, gobernabilidad y de desarrollo integral del estado.

Tras la salida de Alfredo Castillo Cervantes de la entidad, derivado de que se venía el proceso electoral en Michoacán del 7 de junio, Jara Guerrero tuvo que asumir a plenitud el cargo de gobernador y tomar decisiones ya sin la presencia de Alfredo Castillo Cervantes.

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El exrector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) señaló a inicio del año que la inseguridad por la presencia del crimen organizado eran cosas del pasado y que se tenían condiciones para que las elecciones se realizaran sin la presencia de ningún poder fáctico en la entidad.

Hace unas semanas, con la presencia de la fuerza rural y la fuerza ciudadana en 29 municipios donde se instalaron, el propio mandatario estatal alertaba de que se infiltró el crimen organizado, lo que genera problemas de inseguridad, de corrupción en las policías estatales e incluso, problemas de gobernabilidad.

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