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Morelia, Michoacán a 22 de julio de 2017
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Foto: Internet. El sistema estatal anticorrupción está en la antesala del colapso si el Congreso no fortalece al órgano técnico fiscalizador.

Auditoría Superior, con acusaciones de corrupción

12 de julio, 2017

Redacción web/La Voz de Michoacán

Javier Favela/La Voz de Michoacán 

Morelia, Michoacán. Resulta urgente y perentoria la reestructuración de la Auditoría Superior de Michoacán que tampoco ha escapado a acusaciones de corrupción, apremió el diputado Roberto Carlos López, al ser aprobadas por el pleno del Congreso reformas a la Ley de Fiscalización Superior con 35 votos a favor.
La Auditoría Superior es poco transparente en sus procedimientos y está lastimada en su verdadera base laboral cumplidora de sus tareas, señaló el legislador del PRI en tribuna parlamentaria, quien advirtió que el sistema estatal anticorrupción está en la antesala del colapso si el Congreso no fortalece al órgano técnico fiscalizador.
A su vez, la coordinadora parlamentaria del PT, Mary Carmen Bernal, disertó que la fiscalización y la rendición de cuentas son fundamentales en las democracias modernas para elevar la credibilidad de las instituciones.
Por su parte, la panista Andrea Villanueva dimensionó que el paquete anticorrupción constituye uno de los mayores logros de la actual legislatura michoacana para poner freno al despilfarro y a la malversación de los recursos públicos.
Con las reformas a la Ley de Fiscalización Superior, las multas impuestas a funcionarios infractores ya no serán pagadas con dinero del erario público. Hasta 150 mil pesos podrían llegar a pagar los funcionarios y los particulares que se nieguen a cooperar o atender los requerimientos informativos de la Auditoría Superior. Hasta 750 mil pesos, en el caso de empresas que incurran en omisiones en este aspecto.
Otra reforma en proceso de aprobación es al Código de Justicia Administrativa que dará paso a la designación de dos magistrados especializados en el combate a la corrupción con atribuciones para sancionar a funcionarios y particulares acusados de faltas administrativas graves, tales como malversaciones, sobornos o pagos extraoficiales.

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