"En capilla", 115 exfuncionarios que han malversado recursos: Contralor

La Voz de Michoacán. Las últimas noticias, hoy.

Foto: Samuel Herrera Jr.

Jorge Manzo/La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Hasta el momento van 115 exfuncionarios y funcionarios estatales que están “en capilla” por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Gobierno de Michoacán, oficializó el secretario de la Contraloría, Francisco Huergo Maurin, al anticipar que por lo menos el 20% sino liquidan el monto que les observaron los órganos de control, tendrán que pisar la cárcel.

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Cara a Cara con La Voz de Michoacán, el funcionario estatal descartó que sea un funcionario a modo para el gobierno de Silvano Aureoles. Negó que se vaya a dar una “auditoría carnal” en la Secretaría de Educación, y prometió que se conocerá a fondo la problemática que enfrenta el sector. Adelantó que el mandatario michoacano tiene las manos limpias.

Confirmó que este mes tendrán que entregar información sobre los avances de la auditoría, de manera concreta el 25 de febrero al órgano técnico de fiscalización del Congreso de la Unión. Afirmó que van tres exsecretarios de Educación que han sido inhabilitados por manejos irregulares de recursos, por lo que destacó que sí hay “peces gordos” sancionados, pero no se ha viralizado la información.

Huergo Maurin se dijo con una carrera intachable en la función pública, por lo que aclaró que el trabajo que realizará será imparcial y que existe la capacidad para entregar los resultados que se requieren para poder esclarecer qué fue lo que ocurrió con el recurso educativo. Adelantó que se concentrarán en los tres primeros años de la administración de Aureoles Conejo, porque uno de los propósitos es informar cómo se ha manejado.

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Foto: Samuel Herrera Jr.

Admitió que hay expedientes que por los tiempos en que se ejercieron los recursos ya están “agotados los tiempos”, pero reconoció que la auditoría que se realizará tendrá como fin esclarecer cómo se fue dando la entrega de recursos adicionales al magisterio, sobre todo a partir del pacto de 1992 que implicó la descentralización de los servicios educativos.

Reconoció que las minutas que se han firmado en los gobiernos pasados “ya son legales”, una vez que se contemplaron dentro de las partidas presupuestales, aunque hayan surgido de una presión social. Huergo Maurin descartó que haya persecución política, pero adelantó que habrá resultados tajantes de lo que ha ocurrido en Michoacán, sobre todo en materia educativa.

¿Qué objetivo tiene esta auditoría? Porque muchos de estos documentos de seguro ya van a estar prescritos y servirán solo para conocer la verdad histórica. ¿Está es una verdad histórica nada más?

“No necesariamente. Tiene que ver mucho con la transparencia de rendición de cuentas en la administración de Silvano Aureoles. Lo que él dice es que no tiene los recursos en suficiencia para atender las necesidades de los maestros, sobre todo la nómina magisterial… y eso provoca que dejas de hacer obra o te endeudas. Nosotros decidimos no endeudar el gobierno y se estuvieron haciendo gestiones desde 205 hasta 2018 para poder ejecutar los pagos. En esta administración cambia la política pública y, por lo tanto, llegamos un cierre de ejercicio sin recursos en suficiencia, que normalmente para la educación se manejaba un fondo…”

Que desapareció.

"Ahí se dice que ya no se puede más, por lo que es preferible transferir los servicios educativos a la Federación, y ahí empieza la dinámica que estamos escuchando…. Lo que hemos estado escuchando todos los días, y de ahí viene la situación de que se nos acusa como gobierno de mal manejo de los recursos y la respuesta es inmediata: la auditoría”.

“…(inadubible)… esto ya se inició y nosotros el 25 tendremos que estar dándose respuesta y nos sumamos a la parte de coordinación. El 25 hay que dar respuesta de la información que nos solicitaron. La entregaremos, podemos pedir una prórroga”.

Foto: Samuel Herrera Jr.

Por otra parte, el secretario de la Contraloría reveló que desde la administración de Leonel Godoy Rangel se vienen arrastrando observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación que llegaron a acumular los 6 mil 500 millones de pesos por anomalías en documentación y trámites, mismos que a paso firme se han ido regularizando.

Huergo Maurin admitió que la administración de Silvano Aureoles Conejo también estuvo involucrada con mil 500 millones de pesos, mismos que ya se han ido desvaneciendo. Actualmente restan 400 millones de pesos que en breve quedarán resueltos, sin embargo, los recursos que no se logren esclarecer corresponderán al gobierno de Leonel Godoy Rangel.

¿Pero sí alcanza el tiempo?

“Está apretado, hemos tenido reuniones con las otras dependencias. Y deben preguntar por qué, si esta área es independiente… Pero la máxima función del órgano de control del estado es precisamente que las cosas se hagan bien y ahí me permito hacer un paréntesis: nos encontramos pendientes por comprobar a la función pública 6 mil 500 millones de diferentes ejercicios fiscales, desde 2012 hasta el 2016, áreas de educación, salud y otras cuestiones. Desde la salida de Godoy, hasta Don Fausto, Reyna, Salvador Jara y en medio del gobernador actual”.

¿Por qué no están estos recursos?

“Cuando yo detecto este dato, los revisamos y fuimos a México a ver qué estaba sucediendo. Nos sentaron y nos explicaron los motivos por los que no se habían comprobado y de inmediato establecimos un mecanismo en el mes de junio del año pasado donde todos los miércoles no reunimos para que las dependencias, junto con la secretaria del finanzas de vincule en el pago de la comprobación de los recursos. Y en entre el mes de junio y el mes de noviembre, tenemos la comprobación de los oficios, donde se comprueban 4 mil de los 6 mil millones, es decir, el 60 por ciento. Lo que tenemos que hacer es juntar la nómina …(inaudible)… y entregar la información, porque no se venía entregando”.

“A eso nos dedicamos. En seis o siete meses, logramos un avance importante del 60 por ciento y al menos por parte de la Administración actual ya no tenemos más que 400 millones que están por comprobar y que además son de 2013, 2014, que cada vez nos cuesta más trabajo”.

¿Qué implicamos tendrá esto?

“Vemos que se va formalizar la responsabilidad administrativa, de ahí la preocupación de atender forma eficiente los requerimientos… Es muy importante que la Contraloría no solo esté sancionando a los funcionarios estatales, sino que coadyuve en la gestión pública correcta y que sea más eficiente el gobierno del estado, sin detrimento de que el funcionario que haya cometido una irregularidad, se le aplique la responsabilidad…”

Foto: Samuel Herrera Jr.

“De ahí que, cuando el secretario de Educación solicita que nosotros intervengamos en la auditoria, de inmediato hacemos la solicitud de todos los elementos correspondiente. A la par que de parte del gobernador, se pide la intervención del Auditor Superior. Estuvieron aquí, levantaron las cinco actas e iniciaron los procedimientos privilegiando los años 16, 17 y 18, como años fiscales de la actual administración …(inaudible)… y lo que no tenemos es suficiencia de recursos por un acuerdo que se firma desde…”

A ojo de buen cubero, ¿dónde está la bolita?

“Creo que tiene que ver con la firma de acuerdos de los contratos colectivos de trabajos”.

¿Y son legales o no?

“La minuta en sí misma puede ser un compromiso político; pero si tú los empiezas a pagar, se convierten en un beneficio para el trabajador y, por lo tanto, se vuelve una responsabilidad”.

Hay voces de que será una “auditoria carnal”

“No …(inaudible)… Yo soy funcionario de carrera, he trabajado en el Banco de México. Segundo: hay atribuciones de ley, con las que si soy omiso a la actividad y responsabilidad que tengo, puedo tener también una responsabilidad directa sobre el ejercicio del recurso”.

¿Hay condiciones para una auditoria bien hecha en el tema educativo?

“Sin duda. Año con año, los recursos se auditan hasta en cuatro ocasiones. Está la auditoria que hacemos nosotros, que tiene que ver con la aplicación de los recursos de carácter estatal y esto lo hacemos con todos los órganos de control estatales. Está la Auditoría Superior de Michoacán, que va revisando y que además es un poder distinto al del Legislativo y tiene su propia autonomía. Adicionalmente está la Secretaría de la Función Pública, que también nos audita. Y cerramos con la Auditoria Superior de la Federación. Cuando menos hay cuatro instancias. Y además, si se requiere, hay auditorías externas.

Lo que nos ayuda en este momento es que regularizamos los pendientes y que tenemos suficiente personal para hacerlo… La primera Contraloría que yo tomo es que es una Contraloría del siglo XVIII, con papeles, cajas, expediente y etcétera y para poder sacar una foto de los expedientes era muy complicado. Generamos un sistema que terminamos en diciembre y que se puso en marcha…”

De no figurar en este tema, Michoacán ahora es un referente a nivel nacional.

“Yo estoy contento porque mapeamos todos los procedimientos que había. En normatividad, había hasta 146 procesos. Debimos mapearlos y digitalizar las 3 mil carpetas …(inaudible)… ahora el sistema te dice la inactividad del expediente, te dice si tiene 120 días en el escritorio de Juan y cuántos días falta para que prescriba. Así te das cuenta donde están los cuellos de botella, y en este mismo sistema estamos subiendo la modificación de las actas de entrega-recepción…”

Con el paso de los años ha crecido la deuda pública de Michoacán, cada administración dice que el gobernador anterior desvío recursos y así nos vamos, pero no vemos nada claro. Por lo menos, no vemos a alguien en la cárcel.

“Todos los vicios del sistema, hay que atenderlos de frente a la sociedad. Como servidores públicos, estamos obligados a hacer las cosas de frente. Nosotros hemos iniciado el proceso de subir información y estamos actuando, hemos sancionado conforme a la ley de 2012, 2013 o 2014. Los casos de 2012, cuando mucho deben hacerse algo en 2015, después prescriben. En la parte administrativa, todo lo que fue anterior a 2014, feneció prescribió”.

¿Cuánto es el daño económico que se tiene hasta ahí?

“Yo no lo tengo cuantificado porque el tema de la deuda pública son temas de la secretaría de finanzas y lleva su propia contabilidad. Lo que sí vemos nosotros es que todo aquello que tenga responsabilidad y esté vigente, lo estamos atendiendo para que la gente asuma la responsabilidad que le corresponde”.
¿Cuántos funcionarios hay inhabilitados, sancionados o en proceso de?

“Hasta el corte de ayer teníamos 115”.

¿Peces gordos?

“Secretarios, subsecretarios, directores de área, jefes de departamento, que son los que atienden de forma directa a la sociedad y son los que firman y liberan recursos”.

¿Tienen más responsabilidad ellos que los propios secretarios?

“No, la ley dice que tanto el secretario como sus directores son principalmente los responsables. Por eso yo les digo que es muy difícil sustanciar el tema de los gobernadores, porque ellos no firman documentos. Cada secretario es responsable de lo que pasa en su secretario, y los directores en su área, por lo tanto ahí se concentra la responsabilidad”.

¿Cuáles son las áreas involucradas?

“Educación, salud, finanzas, porque había una temporada donde los recursos se movían mucho de un lado a otro; y de ahí nos podemos bajar a todas las demás”.

¿Veremos funcionarios en la cárcel?

“En el tema de nosotros como Contraloría, si es un tema grave tenemos que pasar al Tribunal de Justicia Administrativa. Nosotros creemos que podrá ser y seguramente sucederá, porque cuando tú procedes también tienes obligación de darle seguimiento y cumplimiento. Nosotros hemos firmado ya varios. Si te declaras con insolvencia por 30, 40, 50 millones que tengas de responsabilidad, y que además ya un tribunal dice que procede, y además la persona ya agotó todos sus recursos legales, entonces ya tendrá que pagar y eso lo lleva a un crédito fiscal… Y si se declaran insolvencia, seguramente podrán pisar el CERESO o alguna penitenciaria. Pero si hacen un par de pagos y se meten a un crédito fiscal, seguramente …(inaudible)…”

De todo este panorama que me dice, ¿cuántos podrán proceder finalmente?

“De esos 115, yo creo que por lo menos un 20 o 30 por ciento tendrán que liquidar el monto o tendrán que pagar.”