Héctor Tapia/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La solicitud de juicio político en contra del Auditor Superior del Estado, José Luis López Salgado, que fue interpuesta en lo individual por integrantes del Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE), y de otros organismos, recibirá “luz verde” de la Comisión de Gobernación para avanzar a la siguiente fase en la Comisión Jurisdiccional. Esta solicitud de juicio político contra López Salgado fue presentada el 4 de diciembre pasado, y fue firmada por 152 ciudadanos, con el argumento de que el titular de la Auditoría Superior de Michoacán ha sido omiso en sus funciones, específicamente en lo mandatado por un decreto legislativo, ligado a la reestructuración de la deuda pública del estado. El decreto referido se trata del Decreto 351, emitido desde el 2014, donde el Congreso local le mandató que informara de manera detallada sobre el empréstito contratado por el gobierno del estado con Multiva, establecido por mil 340 millones de pesos, pero principalmente en un movimiento bancario estimado en los 450 millones de pesos de este empréstito específico, que se hizo a una cuenta de Banco del Bajío (Banbajio) que se llevó a cabo en abril del 2013, movimiento que no estaba autorizado en el refinanciamiento de la deuda que se había aprobado y que por tanto se había actuado fuera de la norma. En el decreto 315 se estableció de manera específica, en el Quinto Transitorio, que “se instruye por este conducto a la ASM para que en un plazo máximo de 30 días informe al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo los desembolsos efectuados” por el gobierno del estado sobre el crédito contratado con Multiva; disposición que marcaba también la entrega de informes trimestrales con las irregularidades encontradas, pero estas revisiones nunca se cumplieron. En el crédito de mil 340 millones de pesos que Multiva puso a disposición de estado desde el 2013, 450 millones fueron transferidos a una cuenta en Banco del Bajío para pagar un crédito a corto plazo, lo que resultó en una violación de uno de los decretos del refinanciamiento, dado que no se tenía contemplado ese movimiento financiero, según refiere un reporte de la misma ASM; aspecto que, dice el documento, ocasionaron en corto plazo “daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal”. De acuerdo a los solicitantes de este juicio político, promovido por CEMIDE, “en Michoacán estamos cansados de que no pase nada; no fue fácil encontrar quien entrara al tema”, dijo en su momento el presidente de este organismo ciudadano, Alfonso Álvarez Miaja, quien dijo que nadie había querido entrar al tema. Cabe apuntar que no es el único procedimiento que existe en contra del auditor superior del estado; el otro fue iniciado el 18 de agosto del año pasado por la diputada Yarabí Ávila González, quien es actualmente la presidenta de la Comisión Inspectora de la ASM, quien argumentó en su procedimiento ante la Contraloría del Congreso que hay una serie de presuntas irregularidades que han sido detectadas y documentadas en el proceder de López Salgado. Será este martes cuando la Comisión de Gobernación, en la sesión que tendrán, cuando votarán el ha lugar del procedimiento de juicio político, es decir para darle trámite y continuidad a la siguiente fase.
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