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Morelia, Michoacán a 25 de marzo de 2017
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Foto: Cortesía. Entre 30 y 35 quejas por mes recibe el Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención.

Michoacán, entre los cinco con más casos de discapacidad

10 de mayo, 2016

Redacción web/La Voz de Michoacán

Fátima Miranda / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán.- Entre 30 y 35 quejas por mes recibe el Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad, dependiente de la Dirección General Adjunto de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, principalmente en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y entre 20 y 25 quejas contra la Secretaría de Educación Pública (SEP), por violaciones a las garantías en materia de salud y educación, informó el representante del organismo, Adalberto Méndez López.
Luego de señalar que Michoacán es uno de los 5 estados con mayor discapacidad en el país, destacó que de acuerdo a la encuesta del Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación (Conapred), el grupo que más sufra discriminación es el de las personas discapacitadas.
Por lo anterior, con el objetivo de lograr un cambio de conciencia para una mejor aplicación y respeto a los derechos humanos, acorde al cambio en el sistema jurídico mexicano, y con la participación del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) se realizará el Foro: “A 35 años de la ratificación por México de la Convención Americana de Derechos Humanos: Una mirada desde la discapacidad el VIH y la diversidad sexual” del 16 al 18 de mayo en Morelia.
Una de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, fue emprender una estrategia de fortalecimiento para reducir el índice de violaciones para personas con discapacidad mediante un protocolo de actuación, que no es de carácter vinculante u obligatorio para los tribunales domésticos, si es un instrumento de importante difusión y observancia, por eso el foro busca que los tribunales locales realicen de manera más constante este tipo de criterios jurisprudenciales emanados del sistema universal para que la protección sea más objetiva.

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